La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por una amplia mayoría un proyecto del Ejecutivo provincial que establece la creación del Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados.
La nueva norma reemplazará a la ley de consorcios camineros sancionada hace varias décadas, en 1974, y busca ordenar, modernizar y hacer más eficiente la conservación de los más de 57 mil kilómetros de trazas secundarias y terciarias que atraviesan el territorio provincial.
La sanción se dio con el voto del oficialismo y de la mayoría de la oposición, a excepción de los legisladores Rodrigo Agrelo, Gregorio Hernández Maqueda y Luciana Echevarría. El debate, que contó con la presencia del ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y representantes de la Mesa de Enlace y otros referentes del campo, culminó con un fuerte respaldo. Hubo advertencias por parte de los opositores en torno de la posibilidad de expropiaciones que prevé uno de los artículos. Lo que fue rechazado por la mayoría.
El nuevo marco legal atiende un reclamo sostenido durante años por consorcios camineros, asociaciones regionales y entidades agropecuarias. Según precisó el legislador del PRO Oscar Tamis, se trata de unos 57 mil kilómetros. “Miren si no es importante legislar al respecto; es para que la producción local llegue adonde tiene que llegar”, resumió.
Qué cambia con la nueva ley
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Bioagroindustria, y de acuerdo con lo aprobado se continuará con los consorcios camineros que desde hace años vienen sosteniendo la red vial. En este caso se incorpora un Consejo Consultivo Permanente en el que estarán representados el Estado provincial, las entidades de la Mesa de Enlace, las universidades y colegios profesionales.
Según se fundamentó, el objetivo es “dotar al sistema de mayor eficiencia, transparencia y planificación estratégica” para evitar la superposición de esfuerzos, además de garantizar que los trabajos se realicen con criterios técnicos.
El legislador justicialista Mariano Ceballos Recalde, una de las voces informantes del texto, afirmó: “Esta flamante ley representa un cambio de paradigma en la forma de concebir y conservar los caminos rurales. Fue construida con diálogo, respeto y visión de futuro, y reconoce la tarea silenciosa y constante de miles de consorcistas y productores”.
También desde el oficialismo defendieron el proyecto Leonardo Limia, Gustavo Tévez, Miguel Siciliano y Ricardo Sosa, que respondió las críticas, al asegurar que el 98% de lo percibido en el Inmobiliario Rural vuelve en obras. La oficialista Victoria Busso fue una de las encargadas de coordinar los debates previos en las comisiones.
En la misma línea, el radical Ariel Grich destacó el doble impacto de la norma: “Por un lado, el productivo, para que Córdoba siga siendo competitiva sacando su producción en tiempo y forma; y por otro, el social, que garantiza acceso a educación, salud y oportunidades de integración regional para miles de familias”. También los radicales Ariela Spanin y Oscar Saliba destacaron el trabajo realizado en las comisiones y el acuerdo para aprobar la normativa.
La radical disidente Graciela Bisotto, por su parte, sintetizó: “Sin caminos no hay futuro; con esta ley le damos futuro a Córdoba”.
Las críticas
El legislador Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal, fue uno de los que marcó un rechazo abierto. Su principal cuestionamiento apuntó al artículo 40, que declara de utilidad pública y sujetos de expropiación “los bienes de cualquier naturaleza” necesarios para la ejecución de obras en los caminos rurales.
“Creo que nuestros productores merecen algo más preciso, más prolijo técnicamente. Con esta redacción se deja abierta la posibilidad de afectar no solo inmuebles, sino también bienes muebles como tractores o maquinaria. Esto es grave y puede generar conflictos innecesarios con los consorcistas, que son en su mayoría productores”, señaló.
Agrelo recordó, además, que según la legislación vigente en materia de expropiaciones, la declaración de utilidad pública debe hacerse con referencia a bienes determinados. “Acá estamos votando un carácter genérico que, en la práctica, le da al Ejecutivo una herramienta demasiado amplia”, advirtió.
Hernández Maqueda, por ejemplo, apuntó a cuatro artículos de la normativa. Principalmente cuestionó el ítem 10 que hace mención a que “la autoridad de aplicación, por intermedio de sus funcionarios o agentes y en ejercicio de las facultades de control, inspección y fiscalización, puede ingresar a predios públicos o privados con el fin de corroborar la existencia o no de obras, así como la presencia de hechos y situaciones que afecten el cumplimiento de la ley”.
Desde el juecismo se destacó un pedido que fue realizado e incorporado. “Nos parece muy importante la transparencia en el manejo de estos fondos que, aunque provengan de los impuestos de los propios productores, son dineros públicos, por lo que la rendición de cuentas y controles no se deben negociar”, expresó Walter Nostrala, presidente del bloque de Frente Cívico.
