El Gobierno nacional subió la presión sobre las provincias en el marco de la reforma fiscal. El director ejecutivo de la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (Arca), Juan Pazo, advirtió que los gobiernos que no adhieran al Plan de Reparación Histórica del Ahorro no recibirán más información tributaria.
“Vamos a eliminar los regímenes de información con las provincias que no se sumen al nuevo régimen. No van a tener la información para poder perseguir a los ciudadanos”, afirmó el funcionario, al presentar los detalles de la nueva etapa que impulsa el Gobierno en materia de control e ingresos fiscales.
El mensaje estuvo directamente dirigido a distritos como la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador Axel Kicillof criticó con dureza el plan nacional.
“No me esperaba una reacción distinta de uno de los máximos responsables de la situación actual. Él y Cristina Kirchner son responsables ideológicos de haber creado un sistema con entre cinco y diez bases monetarias fuera del sistema, y con un 50% de evasión”, dijo Pazo.
Además, tal como publicó La Voz, laa seguridad jurídica es la principal preocupación de los ahorristas respecto a la viabilidad del plan para el uso de dinero no declarado.
En las últimas horas quedó claro que las provincias mantendrán la facultad de investigar a los contribuyentes que decidan incorporarse al programa, lo cual se convierte en una barrera para las pretensiones del gobierno nacional, que busca apuntalar el consumo mediante la monetización de la economía.
“Las provincias podrán, por ejemplo, cobrar ingresos brutos sobre esos fondos. No hay un régimen de adhesión. Lo que puede haber es una invitación a las provincias a que tomen medidas similares”, explicó el tributarista, Sebastián Domínguez.
Al mismo, tiempo aclaró que el reclamo sería sólo los porcentajes correspondientes a cada una de las jurisdicciones.
Estrategia
La estrategia oficial apunta a cambiar la lógica del control tributario: menos foco en el consumo cotidiano y más foco en los grandes evasores. Para eso, ARCA anunció la eliminación de múltiples regímenes de información que afectaban a operaciones personales y habituales.
Entre los cambios, se destacan:
- Los consumos con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales dejarán de ser reportados.
- Los escribanos ya no informarán operaciones inmobiliarias.
- Los concesionarios no reportarán la compra-venta de autos usados.
- Las administradoras de consorcios no informarán el pago de expensas.
- Las empresas de servicios públicos y telefonía tampoco enviarán más datos a Arca.
Además, los bancos no podrán exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales para operar con sus clientes. Quien se vea afectado podrá negarse y acudir a Defensa del Consumidor.
A la vez, se actualizarán los umbrales de información bancaria, y a partir del 1° de junio los contribuyentes podrán adherir a un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que promete menos burocracia para la formalización.
“El objetivo es devolverle la libertad económica a la gente. Durante años, el exceso de impuestos y controles hizo que mucha gente se fuera del sistema. Ahora hay que pensar en la buena fe, y no tratar a los 47 millones de argentinos como evasores en potencia”, sostuvo Pazo.
La decisión de cortar el flujo de datos a las provincias que no adhieran al plan forma parte de una estrategia de presión fiscal y política que refuerza la centralización del manejo tributario.
