El gobierno de Javier Milei presentó una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro, acusando al régimen venezolano de asediar y amenazar a los opositores asilados en la residencia del embajador argentino en Caracas. La denuncia fue presentada por el embajador Mario Javier Oyarzábal, quien solicitó que el máximo órgano judicial actúe con urgencia para frenar la intimidación de grupos vinculados al régimen chavista.
La presentación se centró en la situación que viven los asilados en la embajada argentina, quienes fueron víctimas de agresiones y hostigamientos por parte de agentes de la policía política del régimen. Oyarzábal describió cómo, en las últimas semanas, el asedio escaló hasta el punto de que las autoridades venezolanas cortaron el suministro de electricidad y agua a la residencia diplomática, rodeando el edificio con efectivos del régimen.
En su declaración ante la Corte, Oyarzábal expresó su preocupación por el deterioro de la situación en Venezuela, destacando que “la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía” es alarmante. Además, subrayó que, tras las elecciones de julio, las condiciones en el país empeoraron aún más, lo que llevó a la intensificación de la represión y la persecución política.
Dentro de la embajada se encuentran figuras de la oposición venezolana, entre ellas Magalli Meda, ex jefa de campaña presidencial; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de Voluntad Popular (VV); el exdiputado Omar González; Humberto Villalobos, coordinador electoral de VV, y el exministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor del país.
El embajador argentino calificó al gobierno venezolano como un régimen que “no puede considerarse un Estado de Derecho”, señalando que los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados, mientras que la voluntad democrática de la población es ignorada.
Además, subrayó las prácticas de detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y violaciones graves de derechos fundamentales, instando a una investigación rigurosa por parte de la Corte Penal Internacional.
Oyarzábal hizo un fuerte llamado a la comunidad internacional, destacando que, aunque la sede diplomática argentina en Caracas está bajo la protección de Brasil, país al que agradeció por su apoyo, es esencial que se respeten los principios de inviolabilidad de las misiones diplomáticas. En este sentido, solicitó que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados.
“La impunidad no sólo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, concluyó el diplomático, haciendo un llamado a la Corte Penal Internacional para que actúe con determinación y lleve a los responsables ante la justicia.
