La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) aún no pueden cerrar la primera revisión del acuerdo en curso que dispara un desembolso de U$S 2.000 millones, monto relevante para fortalecer las reservas del Banco Central.
El organismo mantiene los elogios al programa, pero pese a la sucesión de reuniones entre ambas partes aún quedan disidencias que impiden completar la auditoria.
La vocera del organismo, Julie Kozack, eludió precisiones sobre el actual estado de las negociaciones y dejó trascender cierta incomodidad cuando se la consultó sobre el caso argentino.
Durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington –de la que La Voz participó de forma on line- la portavoz buscó cerrar rápidamente el capítulo referido a la Argentina.
Kozack insistió en que las conversaciones se encuentran “muy avanzadas”, pero que no estaba en condiciones de ofrecer precisiones: “No daré más detalles”, se excusó Kozack.
No obstante, la vocera insistió en que la revisión concluirá “muy pronto” y admitió que hubo una reunión informal entre el staff técnico y miembros del Directorio, que resulta un paso previo habitual para definir el documento que finalmente se debatirá.
En los últimos días y en medio de la turbulencia financiera, desde el Ministerio de Economía se hizo trascender que la firma del Staff Level Agreement podía darse este viernes, lo cual no se desprende de las palabras de Kozack.
Ahora las expectativas están centradas en la próxima semana, ya que en caso de firmarse el SLA el Board podría reunirse antes de fin de mes y así aprobar el desembolso antes del receso de verano.
Kozack reiteró que “el programa ha tenido un comienzo sólido” y remarcó que “se ha sustentado en la implementación continua de políticas macroeconómicas restrictivas, incluyendo un sólido ancla fiscal y una política monetaria restrictiva”.
Añadió que “la transición a un régimen cambiario más flexible ha sido fluida; la desinflación se ha reanudado y Argentina ha recuperado el acceso a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto inicialmente en el marco del programa”.
Kozack evitó explayarse: “No daré más detalles. Ahora, les daremos espacio para que concluyan esas conversaciones y, por supuesto, nos comunicaremos una vez que hayan concluido. Y, de nuevo, creemos que un acuerdo a nivel de personal podría darse muy pronto”.
Si bien la demora en la aprobación revela que existen diferencias que no son menores, uno de los puntos importantes es la insuficiente acumulación de reservas.
Debido a ello es que Argentina deberá pedir un “waiver” por este incumplimiento y una revisión de las metas en lo que resta del programa.
Para el gobierno argentino “no hay ningún problema con las reservas”.
Así lo manifestó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que “ahora tiene que hablar el FMI”.
El portavoz aseguró que “en esquema de flotación libre no tiene que haber problema con la acumulación de reservas”.
Por otro lado, Adorni minimizó el informe del FMI que calificó de “inadecuado” el nivel de reservas del Banco Central.
“Es un informe que corresponde a datos de diciembre de 2024”, precisó el vocero.
La aprobación que habilitará el giro de U$S 2000 millones, le quitará estrés a las reservas dado que en agosto el Gobierno naciónal tiene que efectuar pagos en dólares por U$S 1.008 millones. De ese total U$S 791 millones serán al FMI y U$S 217 millones a otros organismos multilaterales.
Si bien el respaldo financiero del FMI sigue pendiente, la plaza cambiaria se estabilizó tras el ruido que provocó la salida de las LEFI y el alza de las tasas de interés a partir de una activa intervención del Ministerio de Economía y el Banco Central.
El dólar oficial cerró en $ 1.235 $ 1.285, mientras que para los minoristas el precio quedó en $ 1.245 y $ 1.290. A su vez el mayorista cerró en $ 1.263 y $ 1.272.
Las reservas brutas del Banco Central terminaron en U$S 40.430 millones.
El punto rojo sigue siendo el Riesgo País que no cede y este jueves escaló hasta los 773 puntos. Desde el Gobierno insisten en que este es un valor inducido por la situación política y el temor de los inversores a que el oficialismo no pueda reafirmar su posición política en las elecciones de octubre.
