La Corte Suprema de Justicia rechazó concederle la licencia a Ariel Lijo y frenó de ese modo la asunción del juez designado por decreto por el presidente Javier Milei. Por mayoría de tres votos, el máximo tribunal determinó que el magistrado no podrá integrarse hasta que no renuncie a su cargo. Como esa opción no estaría en sus planes, su suerte quedará librada al Senado, donde la oposición apura una sesión especial para ponerle fin a la discusión.
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y la flamante incorporación, Manuel García Mansilla, votaron en contra de que Lijo asuma sin antes haber renunciado a su puesto en el Juzgado Federal Nro. 4, mientras que Ricardo Lorenzetti, afín al juez, no se pronunció. Los firmantes sostuvieron que Lijo busca, con su licencia, “mantener su doble calidad de juez con acuerdo del Senado de la Nación y de juez en comisión, lo que resulta incompatible con la doctrina” establecida en diferentes fallos.
La decisión de la Corte puso a Lijo contra las cuerdas, porque si dimite y el Senado después rechaza su pliego, se quedaría sin ninguno de los dos cargos. Por eso, el magistrado esperaría la confirmación de la Cámara alta, donde ya se activaron los primeros diálogos con miras a una sesión la semana próxima.
Un importante legislador de Unión por la Patria confirmó ante La Voz que trabajarán para juntar apoyos de la oposición dialoguista (el PRO, la UCR y fuerzas provinciales) y llevar al recinto los dos pliegos, el de Lijo y el de García Mansilla. “Se caen los dos. Los dos violaron la Constitución al aceptar asumir por decreto”, aventuró la misma fuente.
En Unión por la Patria creen que la designación por decreto fue un “atropello” que sienta un mal precedente. Bajo la premisa de “quien puede lo más, puede lo menos”, en el bloque presidido por José Mayans razonan que “si Milei designa jueces de la Corte por decreto, puede designar también por decreto a jueces de tribunales inferiores”.
La bancada de 34 integrantes ya había adelantado de manera unánime su rechazo a los nombramientos por decreto, pero una parte avala a Lijo. Así quedó plasmado en el dictamen, donde tres senadores (Lucía Corpacci, Claudia Ledesma Abdala y Sergio Uñac) estamparon su firma. En el bloque aseguran que al menos “entre 15 y 20” están en contra de Lijo, y que el rechazo crece con García Mansilla, un académico de perfil conservador.
En el caso de Lijo, hicieron público su rechazo los radicales Carolina Losada y Pablo Blanco, mientras que en el PRO lidera la oposición el cordobés Luis Juez. Allí, el expresidente Mauricio Macri busca sumar una masa en contra. Tampoco acompaña el formoseño Francisco Paoltroni, exintegrante de La Libertad Avanza.
El pliego de Lijo ya tiene dictamen favorable y está listo para ser votado en el recinto. Por el contrario, el de García Mansilla aún no obtuvo las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos, pero está muy cerca: fuentes parlamentarias aseguraron a este medio que falta una sola. Una vez que obtenga despacho, quedará habilitado para tratarse en la próxima sesión sin el requisito de los dos tercios de los votos.
La estrategia que comparten Unión por la Patria y un sector de la UCR es esperar el dictamen del pliego de García Mansilla para llevar los dos a la sesión. “No voy a hacerle el juego al Gobierno de voltear a Lijo y dejar a García Mansilla”, dijo un senador radical.
En el oficialismo sostienen que, como García Mansilla ya está integrado al máximo tribunal, tiene asegurada la permanencia en el cargo hasta el 30 de noviembre (fecha en que finaliza el período ordinario) aunque el Senado lo rechace, y que la única forma de removerlo sería con un juicio político. Pero del otro lado de la biblioteca afirman que si la Cámara alta voltea los pliegos, las designaciones caen automáticamente, aunque ocurra antes del plazo fijado. Las diferentes interpretaciones abren la puerta a una judicialización.
En este contexto, un grupo de organizaciones civiles presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de los nombramientos, junto con una solicitud de medida cautelar para que se suspendan sus efectos hasta tanto se resuelva la cuestión. El recurso fue impulsado por la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Con su accionar, el Poder Ejecutivo puso en grave riesgo la independencia judicial. Al eludir la mayoría de dos tercios que se requiere del Senado, los designados pasan a ser vistos como funcionarios del presidente. A su vez, al tener nombramientos precarios que pueden ser revocados por el Senado, tendrán incentivos para fallar de modo tal que agrade (o que al menos no moleste) a las bancadas que forman parte de dicho cuerpo”, fundamentaron las organizaciones.
