A un mes y medio de la solicitud de los datos, y tras la judicialización del caso, se espera que este viernes la Legislatura de Córdoba publique finalmente la lista de los nombres de asesores legislativos contratados. La información fue confirmada por fuentes de Procuración del Tesoro de la Provincia, desde el entorno de la vicegobernadora Myrian Prunotto y desde el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba.
El listado será publicado en el portal de la Legislatura con la nómina actual del personal contratado, aunque no se precisó si se detallarán sólo los nombres de los asistentes que trabajan por legisladores o si, además, se darán a conocer quiénes cumplen tareas en los bloques, en las comisiones y en otras áreas de la Unicameral.
A fines de febrero La Voz del Interior presentó un amparo por mora en la Justicia ante el rechazo de la Legislatura de dar a conocer los nombres de los contratados, tras un pedido de acceso a la información pública. Este recurso judicial fue presentado luego de que se vencieran los plazos que establece la ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
Luego la Legislatura de Córdoba respondió parcialmente el pedido de información, negando los datos más relevantes por la supuesta oposición del gremio y por la existencia de jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia.
Mientras algunos bloques opositores fueron entregando la lista de sus contratados, como UCR, Frente Cívico, PRO, el liberal Gregorio Hernández Maqueda y Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal.
Después se sumaron el libertario Agustín Spaccesi; la legisladora de la izquierda Luciana Echevarría; y los radicales disidentes Dante Rossi y Sebastián Peralta. En las últimas horas presentó a La Voz su lista Graciela Bisotto, la última radical que se apartó del bloque de la UCR.
Pero aún no se conocen los nombres de los asesores del oficialismo, de la legisladora aliada con el PJ, Karina Bruno (PRO), y del PJ disidente Federico Alesandri.
Por ahora, sólo se conoció una escueta declaración de Prunotto, quien se reintegró esta semana en sus funciones, cuando este miércoles en la sesión especial en el marco de la Semana de la Memoria, habló sobre el tema. “La lista está”, dijo ante la insistencia periodística.
Aunque desde la Vicegobernación aclararon que se responderá vía judicial en las próximas horas, este viernes se adelantará parcialmente la información en el sitio de la Legislatura.
También otras autoridades que integran la cámara legislativa confirmaron a La Voz que se cursó desde la Secretaría Administrativa de la Legislatura provincial un pedido a cada uno de los bloques (12) para que presenten el listado con los nombres por legislador.
“Se les pidió que cada legislador diera a conocer la lista de los cinco asesores contratados que tiene cada uno”, confiaron desde la Legislatura.
El cuerpo legislativo está integrado por 70 miembros, por lo que, si se informan cinco asesores por parlamentario, el listado se contemplaría con los nombres de 350 contratados. De todos modos, el último número de contratados informado por la Legislatura en la Justicia fue de 1.043, unos asesores menos que en enero pasado cuando la vicegobernadora había informado que había 1.075 asistentes.
Respecto del contenido de la difusión, hubo algunas diferencias en la información que hizo saber el oficialismo. “La lista se publicará completa”, confió un legislador justicialista. Mientras que otra integrante del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba precisó que “todos” los parlamentarios están al tanto de la decisión y que la difusión “no sólo alcanzará el nombre de los asistentes de los legisladores”.
“Se difundirá todo. Contratados funcionales y legislativos”, respondió la misma fuente. Y explicó que será una lista con los agentes que tiene cada parlamentario, los contratados por bloque y para las distintas direcciones y secretarías que cuenta la Legislatura.
Por lo que fuera de los 350 que cumplen tareas exclusivas de asesor a legisladores, hay otros 693 que están en la nómina de contratados “funcionales”, ya sea para asistir en las comisiones, para tareas de las bancadas o áreas de direcciones y la misma vicegobernación.
Justamente, la empleada “fantasma”, Virginia Martínez, a la que el exconcejal Guillermo Kraisman le intentó cobrar su primer sueldo como asesora, estaba registrada como personal del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba sin tareas asignadas para un legislador. Aunque su ingreso y baja fue autorizada por Nadia Fernández, quien aseguró que pidió la rescisión debido a que la mujer no cumplía con sus horas de trabajo.
Por lo que se aguarda conocer si estarán incluidos en el listado los contratados que no revisten tareas específicas para un legislador.
Desde la oposición hubo legisladores que dejaron entrever que en las últimas horas hubo un trabajo a “contrarreloj” del PJ para “calzar los contratos”. “Contratos que ya no están, asesores que estarán ahora en un ministerio”, advirtió una legisladora opositora. Según los trascendidos, fueron cambiados casi un centenar de nombres.
La pelea del gremio
Al mismo tiempo de la publicación, este viernes se concretará la segunda reunión en la semana entre Prunotto; Facundo Torres, presidente provisorio de la Legislatura; y la conducción del Sindicato de Empleados Legislativos. Aldo Rivas, secretario General del gremio, quien ya advirtió a La Voz que volverá a plantear el rechazo a la publicación de los nombres y que, en caso de ser difundidos, realizará una presentación en la Justicia.
La estrategia del sindicato de los trabajadores legislativos será la misma que usó Rubén Daniele, líder del gremio de los municipios, cuando en el último tramo de la gestión de Ramón J. Mestre se presentó en la Justicia para rechazar la publicación de los nombres de los empleados.
Rivas citará el antecedente de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia –con opiniones divididas– resolvió a favor del Suoem un habeas data colectivo, y la Municipalidad de Córdoba no pudo divulgar cuánto cobraba cada empleado, en qué cargo y categoría se desempeñada, entre otros datos laborales, además del nombre.
En ese sentido, Rivas explicó que la Legislatura no puede superar en la planta de personal permanente el número de 420 agentes, y que en la actualidad la cifra es menor a la autorizada por ley, pero que desconoce la cifra de asistentes contratados.
