La familia del fotógrafo asesinado José Luis Cabezas reclamó este viernes, a un día de cumplirse 23 años del crimen, que uno de los homicidas condenados y beneficiado con la libertad condicional, el expolicía Gustavo Prellezo, no ejerza como abogado matriculado hasta que cumpla la totalidad de la sentencia, a fines de 2021.
Gladys Cabezas, hermana del reportero gráfico de la revista Noticias, explicó a Télam que hasta la fecha el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), presidido por Eduardo Awad, no se expidió sobre su reclamo para retirarle la matrícula a Prellezo (58) "hasta que cumpla con la condena de la justicia".
El 26 de diciembre, la familia, a través de su abogado Alejandro Vecchi, le envió una carta documento al presidente Awad para notificarlo de esta situación y que se expida sobre la cuestión, más allá de la resolución que aun tramita en el Tribunal de Disciplina del CPACF.
Un mes antes, Gladys y su abogado ya habían tenido una audiencia ante dicho tribunal, pero nunca se les dio una respuesta a su reclamo.
Según la carta enviada a Awad, a la que accedió Télam, Prellezo ejerce como abogado matriculado desde el 22 de agosto de 2018, aunque se encuentra bajo el régimen de libertad condicional hasta el 21 de diciembre de 2021, cuando se dará por cumplida la pena por completo.
Por ello, la familia de Cabezas notificó en febrero de 2019 al Colegio que Prellezo aún se encontraba con condena firme y por este motivo no debería estar habilitado para ejercer.
En la carta, apuntaron directamente contra Awad por considerar que él le otorgó la matrícula "irregularmente" a una persona con condena firme "sin haberse verificado estos extremos en tiempo y forma y a pesar de tener todos los medios a su disposición para hacerlo".
Y si bien reconocieron que el Colegio no fue notificado desde el tribunal que emitió la condena, sí lo fue por la propia familia Cabezas.
"Esa sola circunstancia lo obligaba a extremar los recaudos de pedir información antes de otorgar esa matrícula", sostuvo la carta en la que también cuestionó la intervención del Tribunal de Disciplina como una medida "extemporánea" cuando la intervención debió haber sido con "anterioridad" no con "posterioridad" a otorgarle la matrícula.
En la carta, se señaló a Awad como "responsable", ya que "debió actuar con premura, con urgencia, sin dubitaciones, disponiendo como mínimo la \'suspensión\' inmediata y preventiva, a mérito de no incurrir en delito doloso de permitir intencionalmente, a sabiendas, que alguien condenado con condena incumplida ejerza la profesión de abogado violando explícitamente lo dispuesto en los tipos del Código Penal que reprimen la usurpación de títulos y honores".
A su vez, en la misiva recordaron que la audiencia ante el Tribunal de Disciplina se explicó que Awad había sido "debidamente informado, incluso a través del ex presidente (Jorge) Rizzo" de que Prellezo "había \'truchado\' un certificado de antecedentes, o en todo caso hizo uso de una información a sabiendas que era falsa, para engañar al Colegio de Abogados de Quilmes".
De hecho, ese colegio bonaerense, en marzo de 2017, un mes después de habérsela otorgado, le retiró la matrícula al ex policía.
La familia notificó a Awad que si no obtiene una respuesta sobre su reclamo interpondrán una denuncia penal "por daños y perjuicios y daño moral".
Mientras tanto, hasta hoy en el padrón web del CPACF "Prellezo Gustavo Daniel" figuraba habilitado en el "Tomo 132" y "Folio 582".
El homicidio de Cabezas fue cometido el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, donde el fotógrafo realizaba la cobertura periodística de la temporada de verano.
Para la Justicia, la víctima fue capturada por la llamada "Banda de Los Horneros" en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba para trabajar.
Yabrán, autor intelectual
La Justicia determinó que el empresario Alfredo Yabrán fue el autor intelectual "mediato" del crimen de Cabezas, ya que casi un año antes el reportero le había tomado una foto en la playa, y su jefe de custodia, el ex sargento del Ejército, Gregorio Ríos, el autor "inmediato".
En ese juicio, Prellezo fue condenado a prisión perpetua como "autor material".
En los últimos años, todos los condenados fueron recuperando la libertad y en 2010, a Prellezo le otorgaron la prisión domiciliaria por problemas de salud.
El 8 de enero de 2017, el expolicía salió en libertad condicional por decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores.
Quiénes son todos los culpables del crimen
Los siguientes son los hombres que fueron encontrados culpables por la justicia del crimen de José Luis Cabezas, tras dos juicio orales:
- Gustavo Prellezo (Policía de Pinamar). Condenado a prisión perpetua como "autor material" del homicidio en el primer juicio que terminó en febrero de 2000. Contrató a "La Banda de los Horneros" para secuestrar a Cabezas.
- Aníbal Luna (Policía de Pinamar). Condenado a perpetua en el mismo debate.
- Sergio Camaratta (Policía de Pinamar). Condenado a perpetua junto a Prellezo y Luna.
- Alberto "La Liebre" Gómez (Comisario de Pinamar). Condenado a perpetua en un segundo juicio realizado en 2002 por haber liberado la zona al momento del crimen. Entre 2007 y 2010, todos los expolicías recuperaron la libertad, excepto por Prellezo, que lo hizo en 2017; mientras que Camaratta murió en 2015 por una enfermedad.
- Alfredo Yabrán. El empresario considerado el autor intelectual "mediato" del crimen pero que no llegó a ser juzgado porque se suicidó en 1998.
- Gregorio Ríos. El ex sargento del Ejército y jefe de la custodia de Yabrán considerado el autor "inmediato". Fue condenado a perpetua en el primer juicio y recibió la libertad condicional en 2008.
- Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana. Integrantes de la "Banda de Los Horneros" (eran oriundos de la localidad platense de Los Hornos). Condenados a perpetua en el primer juicio aunque a partir de 2003 se les redujo las penas por la ley del "2x1" y recibieron morigeraciones de la prisión, a excepción de Retana, quien murió en 2001 de Sida en la cárcel.
