El fiscal de Córdoba Ernesto de Aragón investiga diferentes elementos que podría terminar en la imputación del líder piquetero Raúl Castells como instigador de algunos de los saqueos y ataques a comercios que se realizaron en provincia de Buenos Aires el martes por la noche, al tiempo que analiza las eventuales conexiones que su organización social podría tener en la provincia de Córdoba.
Castell dijo en diferentes medios de comunicación que desde su organización salió la orden para reclamar comida y alimentos. Y agregó que en caso de no obtener ayuda, había dado la orde para que esas personas tomaran otras mercaderías para ser canjeadas por alimentos.
Así lo planteó al canal Crónica el martes por la noche en medio de la tensión en el conurbano bonaerense: “Nadie está robando nada. En Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Capital Federal y ahora en Escobar, Moreno, José C. Paz, Merlo, San Martín, Mal del Plata, etcétera, la gente está saliendo a buscar comida y, si no encuentra comida, nosotros, que somos los que estamos convocando a esto, les decimos que, sin robar plata y sin romper nada, que lleven lo que se pueda aunque sea para canjear por comida”.
Una investigación similar a la que inició De Aragón en Córdoba se produce en Mendoza, donde también intentan determinar la responsabilidad del piquetero en los hechos.
En Córdoba, entre otras cosas, se busca establecer conexiones entre Castells y dirigentes locales. “Es una líne de investigación. No es la única, pero el reconocimiento de Castells abre una posibilidad”, agregaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El piquetero, que se hizo conocido décadas atrás por mantener abierto durante años un comedor popular en Puerto Madero, Buenos Aires, es el líder del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD).
Este miércoles, Castells volvió a admitir que es su agrupación la que está promoviendo los ataques a comercios. “Nosotros somos los que estamos convocando porque el Gobierno quitó la provisión de alimentos para 11 millones de niños y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de Victoria Tolosa Paz”, dijo. Y planteó que la solución es sencilla: “Alcanza que se entregue la comida y en 24 horas se termina todo”.
Primera denuncia penal contra Castells
A raiz de sus dichos, Castells fue denunciado judicialemente este miércoles. La presentación fue realizada por el dirigente Yamil Santoro, titular de la agrupación Republicanos Unidos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Esa convocatoria general e indiscriminada es apta para provocar los recurrentes sucesos de robo en banda y con armas en comercios de varias ciudades y localidades”, se señala en parete de la denuncia presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 y que tiene como principal elemento probatorio las declaraciones del líder piqutero en las que afirma que desde su agrupación se llama a ir en contra de los comercios que no suministren alimentos de forma voluntaria.
Desde el martes pasado, la Fiscalía General dispuso que la unidad fiscal que conforman los fiscales De Aragón y Guillermo González –son quienes intervienen en las protestas callejeras de la Capital y los cortes de rutas– amplíe su ámbito de actuación e intervenga en los hechos de “conflicto social masivo” que se suscitaron desde el domingo pasado, y los que pudieran ocurrir.
El miércoles, la Legislatura de Córdoba agravó las sanciones que prevé el Código de Convivencia para hechos vandálicos o ataques a la propiedad pública o privada perpetrados por grupos de más de tres personas, a los fines de desalentar saqueos y robos “piraña”.
