La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso la apertura del teléfono celular entregado por el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, en el marco de la causa en la que se investiga el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado, tal como le habían ordenado antes los tribunales de alzada.
“Habrá de ordenarse la extracción de la información y comunicaciones contenidas en el interior del teléfono celular marca Apple, modelo Iphone A2890, apagado sin inscripciones, color negro, en buen estado de conservación”, sostuvo la magistrada en la resolución de cuatro páginas a la que accedió Télam.
“Conforme los lineamientos trazados por el Superior, la extracción ‘deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal - abarcado desde el 01/07/22 al 10/05/23- y enmarcarse estrictamente al análisis del contenido relevante en torno a los hechos ventilados en la presente causa, debiendo preservarse toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso’”, detalló la jueza.
Como medida previa, la magistrada libró oficio al Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la GNA, a fin de solicitarles que informen si cuentan con los medios y equipos técnicos necesarios para proceder a la extracción de información de un dispositivo electrónico como el secuestrado, y adelanten cuál será la modalidad de trabajo a ser empleada.
La fiscalía que encabeza Carlos Rívolo, por su parte, deberá precisar “los patrones de búsqueda para llevar a cabo el análisis de la información contenida en el aparato mencionado”, sostuvo la jueza en su resolución.
La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman -exjefe de campaña de Patricia Bullrich- es muy baja, sobre todo porque se trata de un dispositivo que el diputado adquirió después de ocurrido el atentado, remarcaron los abogados de la querella, que ya reclamaron a la Justicia que se secuestren los teléfonos que tenía en la fecha del hecho.
“Corresponde secuestrar inmediatamente todos los dispositivos electrónicos en poder del diputado”, reclamaron los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira en un escrito que presentaron el 5 de octubre último y que está a evaluación de la Cámara Federal porteña.
“Entre esos dispositivos debería haber, al menos, dos celulares que Milman sí tenía activos al momento del atentado y en los meses anteriores y posteriores”, enfatizaron los abogados que, además, le achacaron a la jueza Capuchetti haber rechazado la medida con anterioridad ante un pedido de la querella pero también de la fiscalía.
En aquel escrito, la querella expuso que el dispositivo que entregó el diputado a la Justicia “sólo aparecía como vinculado con la línea de Milman a partir del 18 de noviembre de 2022″, una fecha posterior a la del atentado ocurrido el 1 de septiembre de ese año.
“Esta fecha, además, es coincidente con el momento en que (su secretaria) Ivana Bohdziewicz situó (en declaración testimonial ante la Justicia) la maniobra de ocultamiento de información de Milman y su perito”, remarcaron los abogados.
“Marcamos, además, que el dispositivo entregado por Milman es de un modelo que salió a la venta con posterioridad al atentado (iPhone 14 Pro Max) y que no puede ser abierto con la tecnología disponible actualmente, sin que se conozca la clave (que Milman no aportó)”, sostuvieron.
La “pista Milman”
La denominada “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre del año pasado: esa tarde un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.
“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.
La orden del secuestro del teléfono del diputado se dispuso tras la declaración de una asesora de Milman (Bohdziewicz) que contó ante la Justicia que había sido convocada por el entorno del legislador para eliminar la información de su teléfono celular, que podría ser de interés para la investigación del intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.
La trama principal de la causa ya fue elevada a juicio oral y público: es la parte en la que están imputados y detenidos Fernando Sabag Montiel -el joven que gatilló una pistola cargada frente a la cara de la vicepresidenta- y su novia Brenda Uliarte, ambos sindicados como coautores de la tentativa de homicidio.
En ese expediente está imputado como partícipe secundario el jefe de Sabag Montiel y Uliarte en la venta de copos de azúcar, Gabriel Carrizo, quien también se encuentra detenido.
Ayer, en tanto, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Sabag Montiel y a Uliarte por la tenencia ilegal de un Documento Nacional de Identidad que no les pertenecía.
