El defensor del Pueblo de la Provincia, el radical Mario Decara, da pistas ciertas y concretas de que buscará una candidatura con el sello de Juntos por el Cambio, acción que, de concretarse, tendrá una consecuencia institucional directa: deberá apartarse de su cargo, ya que está inhabilitado para jugar el juego electoral.
La intención de Decara sería anotarse en la confusa interna de Juntos por el Cambio como precandidato a intendente, ante la indefinición de Rodrigo de Loredo, quien hasta ahora mostró su intención de disputar con Luis Juez la candidatura a gobernador de la coalición.
Con su postulación, Decara también desafía a Juan Negri, lanzado como precandidato a intendente por el radicalismo.
Para avanzar en su estrategia de posicionamiento, Decara envió a empapelar distintos puntos de la ciudad de Córdoba con la foto de su cara y el rezo “Córdoba necesita otra mirada”. Las gigantografías llevan el sello de la Defensoría del Pueblo, el organismo que conduce en representación de la oposición.
Los pasos previos
En ese sentido, Decara buscaría tentar al Frente Cívico con una candidatura. No sería la primera vez que hace un gesto a Luis Juez: en noviembre, sentó a la mesa del líder del Frente Cívico a los intendentes radicales de Punilla y de Cruz del Eje, departamentos en los que él actúa como jefe, una movida para proveerle de músculo radical a la candidatura de Juez.
En sintonía, en esos últimos días del año pasado, Decara se reunió con Horacio Rodríguez Larreta en la sede del Gobierno porteño, bajo la excusa de la agenda institucional. Como se sabe, Rodríguez Larreta apuesta fichas por Juez en la interna de Juntos por el Cambio, ante el acercamiento de De Loredo a Mauricio Macri.
Durante esos días, Decara también abordó otro de los conflictos que azotaron a Juntos por el Cambio, cuando intentó contener a los intendentes radicales impedidos de buscar una última reelección: promovió una ordenanza electoral que, bajo el argumento de la autonomía municipal, habilitara la re-reelección.
La legislación fue aprobada en Tanti, pero chocó con la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, que declaró inconstitucional la re-re en cualquier jurisdicción de la provincia, por lo que fue desactivada.
Aunque fue un fracaso jurídico, cerca de Decara consideran que el defensor del Pueblo quedó bien posicionado ante la mayoría de los jefes comunales, algo que no ocurrió con De Loredo, que bloqueó la discusión. Esa es la percepción en las huestes del defensor del Pueblo.
Inhabilitado por la ley
Además de las gigantografías colocadas en puntos estratégicos de la ciudad, el defensor del Pueblo utilizó la cuenta oficial del organismo en redes sociales para “impulsar una nueva mirada de la sociedad”, para lo cual propone “no resignarse a que las cosas no funcionen, a los atropellos y a la vulneración de derechos”.
En los afiches y en los posteos, Decara no menciona explícitamente su candidatura, aunque sí queda claro que intenta posicionarse como candidato, tal como reconocieron a La Voz fuentes de la Defensoría.
Lo cierto es que Decara juega en la frontera de la ley 7.741, la cual fija que el defensor del Pueblo “no podrá participar en actividades políticas, sindicales o gremiales”.
Entonces, si las pistas son ciertas, deberá dejar la Defensoría, que este año tiene un presupuesto de 1.215 millones de pesos, un 80,5 por ciento más que en 2022.
En ese sentido, si Decara avanza en su plan electoral, la salida sería un pedido de licencia, no una renuncia al cargo que ostenta desde 2009.
Este es el tercer mandato consecutivo de Decara al frente de la Defensoría. El último lo asumió en julio de 2019, y vence recién en 2024. La última vez fue elegido por 51 votos a favor, sobre un total de 70 legisladores, y con explícito aval de los referentes parlamentarios del radicalismo.
Repercusiones
“Lo que necesita Córdoba es que los que tienen una función a cargo cumplan su rol. Hace campaña con dinero de la Defensoría del Pueblo. Deje de mirar y haga algo por la gente”, lo cruzó en Twitter Juan Pablo Quinteros, referente de Encuentro Vecinal, quien agregó que sobran los motivos para pedir un juicio político.
En los últimos meses, ante los gastos publicitarios de la Defensoría del Pueblo, Encuentro Vecinal y la Coalición Cívica (partido socio de Juntos por el Cambio) promovieron en la Legislatura provincial sendos procesos de juicio político con la intención de destituir a Decara, a quien le achacaron incumplir la ley orgánica de la Defensoría al realizar actividades políticas: el primero fue por promover su imagen con recursos de la Defensoría; el último, por diseñar desde el organismo la fallida ordenanza re-reeleccionista para los intendentes.
