Alberto Fernández celebró dos años en el gobierno con otra plaza multitudinaria en cuanto a la asistencia y costosa en cuanto a los recursos usados para la movilización, mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los sectores sociales ponen la lupa sobre los gastos oficiales.
La plaza del 17 de noviembre, alentada y nutrida básicamente por la CGT y los movimientos sociales afines, tuvo por objetivo empoderar al Presidente luego de la derrota en 15 distritos y una diferencia de dos millones de votos con la principal oposición.
Aun así, la imagen de Alberto Fernández sigue en caída y apenas uno de cada tres argentinos cree en sus palabras.
La plaza de ayer apuntó a reinstalar la figura de Cristina Kirchner.
Una paradoja: la oposición y otros sectores no afines al Gobierno estuvieron ausentes en el acto. Una “fiesta de la democracia” mal entendida.
¿Qué tiene todo esto que ver con la economía? Mucho, porque es la conducción política la que debe ordenar el Estado y los programas para cumplir con el FMI.
La tentación es llegar a un acuerdo que luego no se cumplirá, ya que contradice lo que se proclama en las tribunas.
El pase gratis en el transporte urbano automotor y ferroviario le costó al Estado 135 millones de pesos, mientras que otros 40 millones se destinaron a la movilización, según cálculos de los organizadores. Un gasto exorbitante en un país lleno de carencias.
El interior, otra vez, fue ajeno a ese festejo. La sociedad está preocupada por las urgencias que surgen de que nueve de cada 20 argentinos viven en la pobreza; el 65% de los menores de 17 años reside en hogares pobres y uno de cada cuatro trabajadores formales no alcanza a comprar una canasta básica.
La inflación de este año superará el 50%. El relevamiento de expectativas del mercado (REM) del Banco Central –realizado entre economistas y centros de estudios– ya prevé 52%, y estima que llegará al 60% en 2022.
Después de la Plaza
Las plazas oficiales apenas disimulan las señales de alerta que envía el dólar, cuyo valor paralelo creció más de 180% durante los dos primeros años de gestión de Alberto Fernández; las reservas netas se redujeron a unos cinco mil millones de dólares y el retiro de billetes de los bancos persiste, aunque se atenuó esta semana.
La moneda estadounidense es el termómetro de la confianza de la sociedad en la gestión.
El Gobierno llegó a buscar un acuerdo con el FMI más por necesidad que por convencimiento. Los gestos hacia Rusia y China inducen que el modelo elegido está lejos del que alienta Estados Unidos.
En marzo vencen 2.873 millones de dólares del préstamo otorgado a Mauricio Macri, que son imposibles de afrontar con el actual nivel de reservas. También fracasó la intención de un préstamo puente por parte de “países amigos”.
El FMI expuso ayer los requisitos mínimos para el acuerdo: reducir el déficit fiscal, fortalecer las reservas y que el Banco Central deje de auxiliar al Tesoro (la famosa maquinita para el “plan platita” y el “plan felices fiestas”, carne incluida).
Pese al avance en las negociaciones, el convenio final llegaría recién en marzo.
No hay posibilidades de nuevos impuestos para generar más ingresos. La presión fiscal que afronta el sector privado es asfixiante. La actual composición del Congreso obligaría al Presidente y a la vice a un desgaste político por cada nueva carga tributaria.
El economista Esteban Domecq, de la consultora Invecq, presentó un gráfico que muestra que los impuestos suponen entre el 25% (pan) y el 42% (aceites) del precio final de los alimentos.
En los servicios, la carga es más alta: en hoteles y en restaurantes, alcanza el 37%,y en el transporte, el 41%, mientras que el 55% del valor de los autos y de la indumentaria son impuestos.
Este esquema en el que el Estado sigue engordando y el sector privado se achica es inviable.
Los discursos en las plazas deberían ser más sinceros y explicar cómo se revertirá la actual crisis y se aceptará cumplir con lo que pide el Fondo.
De estos temas no se habla en los discursos oficiales.
