Desde diciembre de 2023, al menos 655.548 vehículos en la Argentina fueron autorizados a circular sin patentes metálicas. En su lugar, llevan un papel con un código impreso en letras rojas, pegado en el parabrisas y en la luneta trasera. El problema continúa. La Voz sacó un informe en abril pasado dando cuenta de la irregularidad. Desde el Gobierno explicaron cuándo se normalizaría la entrega.
Cada vez más autos sin patentes
Esta cifra, confirmada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de Chequeado, equivale al 4,3% del parque automotor argentino.
El fenómeno, cada vez más visible en las calles de Córdoba y el resto del país, es una postal de época: una administración pública paralizada por la motosierra del ajuste.
El problema comenzó en 2023, pero se agravó bajo la presidencia de Javier Milei. La escasez de chapas responde a dos factores clave: la intervención por 180 días de la Casa de la Moneda, el único proveedor estatal hasta entonces, y los cambios radicales en la operatoria de los registros automotores impulsados por el gobierno libertario.
En línea con su narrativa de lucha contra “la casta” y el “Estado elefantiásico”, el Ministerio de Justicia cerró 136 registros automotores y frenó la apertura de otros 12. A su vez, flexibilizó las normativas, y permitió que desde noviembre de 2024, los registros pueden inscribir vehículos nuevos sin entregar una patente física, entregando en su lugar una placa provisoria con validez por 180 días, renovable.
El desmantelamiento del sistema tradicional fue presentado como una forma de reducir la burocracia y facilitar trámites. Sin embargo, en la práctica, generó un cuello de botella en la emisión de patentes, sin que se garantizara una transición ordenada.
Recién en marzo de 2025, se adjudicó un nuevo contrato a una empresa privada, Tonnjes Sudamericana SA, para la provisión de chapas por un período inicial de tres meses.
Improvisación por las patentes
La improvisación se extiende también al ámbito internacional. Ante el faltante, en enero el Gobierno habilitó a los vehículos con patente provisoria a salir del país, siempre que cuenten con una constancia adicional, descargable desde la app “Mi Argentina”.
El problema tampoco se limita a los autos: las motos también enfrentan demoras y la necesidad de permisos especiales para circular legalmente.
Pese a la gravedad del asunto, desde la DNRPA aún no confirman una fecha precisa para la normalización total del sistema. Aunque se estima que podría resolverse en mayo, la falta de certezas preocupa a concesionarias, usuarios y expertos en seguridad vial.
El episodio de las patentes de papel, aunque pueda parecer anecdótico, simboliza el deterioro de capacidades estatales básicas.
Bajo la lógica del ajuste extremo, la eficiencia prometida parece convertirse en precariedad. Y los ciudadanos, lejos de beneficiarse, pagan las consecuencias en cada trámite, cada control y cada nuevo obstáculo para ejercer derechos básicos como la movilidad.
