La Cámara de Diputados avanzó este martes con el proyecto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bajar a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa obtuvo dictamen de comisiones y quedó lista para ser votada en el recinto, aunque desde el oficialismo cordobés advirtieron que la Nación deberá garantizar el financiamiento del nuevo régimen, ya que los menores que delinquen deberán alojarse en institutos especializados y contar con “supervisores”.
El dictamen obtuvo luz verde con 77 firmas a pesar de varios pedidos opositores para escuchar a más especialistas y funcionarios provinciales. Sobre la hora, bajó una fuerte presión de la Iglesia: la Pastoral Social reclamó intervenir en el debate y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, llamó en persona a diputados para frenar el despacho, según confiaron a La Voz fuentes parlamentarias.
El proyecto fue movilizado por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la “bullrichista” cordobesa Laura Rodríguez Machado, que tuvo que conceder numerosas modificaciones para lograr que los bloques dialoguistas aportaran sus firmas. El cambio principal fue sobre la nueva edad de imputabilidad, que quedó en 14 años y no en 13, como establecía el texto original.
Además, la pena máxima de prisión se bajó de 20 a 15 años. Y la cárcel se plantea como última ratio: si al menor le corresponde una pena menor a 10 años, se podrán aplicar sanciones alternativas, como prohibición de contacto con la víctima, de conducir vehículos, de salir del país, de asistir a determinados lugares o eventos, y prestación de servicios a la comunidad, entre otras.
Con estos y otros cambios, el PRO y La Libertad Avanza sumaron el apoyo total de la UCR e Innovación Federal, y el respaldo con disidencias de parte de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre. Rodríguez Machado ahora buscará saldar las últimas diferencias antes de impulsar la votación en el recinto.
Dudas por el financiamiento
Los cordobeses Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota, de Encuentro Federal, remarcaron que no está claro cuál será el costo fiscal de la ley ni cómo se financiará, y señalaron que el Estado Nacional deberá garantizar la asignación a las provincias.
El texto dictaminado establece que la ley entrará en vigencia 180 días después de su sanción, y que las erogaciones del Estado Nacional se atenderán con los recursos de las leyes de Presupuesto de cada año. Para poder implementar la norma en el año en curso, el jefe de Gabinete deberá reasignar partidas. A los cordobeses, este artículo (el 52) no los satisfizo.
“Somos las provincias las que, en los delitos cuyos autores son jóvenes, tenemos competencia con las justicias provinciales. Ahí necesitamos recursos. En Córdoba trabajamos muy fuerte con el tema de la seguridad; hoy estamos atendiendo a condenados por delitos federales en nuestras cárceles provinciales. Debemos prever que cuando entre en vigencia esta ley, las provincias, CABA y el Estado Nacional tengan los recursos”, planteó Torres.
También desde la Coalición Cívica hubo señales de alarma de cara a la puesta en marcha del nuevo régimen. “No se puede detener a los menores mientras no estén los lugares adecuados para su detención”, advirtió Marcela Campagnoli.
Rechazo
Unión por la Patria, por un lado, y Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot, por otro, firmaron dictámenes propios que mantienen la edad actual de 16 años. El kirchnerismo además tomó un recaudo para evitar una división en el bloque: reemplazó en las comisiones a tres diputados massistas (Ramiro Gutiérrez, Mónica Litza y Marcela Passo) que apoyan la baja de edad de imputabilidad en línea con una postura histórica del Frente Renovador.
Victoria Tolosa Paz, exministra de Desarrollo Social, rompió en llanto en pleno debate. “No fuimos capaces desde la política de poder brindar un escenario diferente. ¡Nadie elige portar un arma a los seis años! ¡Nadie elige ser cagado a palos! ¡Nadie elige ser violado! ¡Nadie elige no tener una familia! ¡Nadie elige no tener un plato de comida! ¡Necesitamos más Estado para los pibes y pibas, no cárceles!”, exclamó.
Asimismo, la cordobesa De la Sota advirtió que organismos dedicados a las infancias, como Unicef, “recomiendan dejar la edad como está” porque “bajar la edad no mejora la situación de inseguridad” y “hay sanciones alternativas al encierro que son más eficaces”. También acusó al oficialismo de buscar un “título” en un año electoral.
