En su camino para achicar el gasto público y poder, en algún momento, mostrar resultados financieros que le permitan bajar el riesgo país a fin de captar crédito e inversiones, el Gobierno reglamentó este lunes la primera parte de la Ley Bases e incluyó la lista de las empresas públicas que serán pasibles de privatización.
Tras el intenso debate en el Congreso de la Nación, la lista de compañías estatales que serían ofertadas al capital privado se achicó, pero igualmente ocho quedaron en esa situación, entre ellas la enorme Agua y Saneamiento (Aysa) que opera en Buenos Aires.
La reglamentación se hizo efectiva este lunes a través del decreto 695/2024 publicado en el Boletín Oficial y con ello se acelera la implementación de la normativa. Este decreto es el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluyó un primer intento fallido y finalizó con intensas negociaciones lideradas por Guillermo Francos.
La reglamentación instrumenta el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Aysa, Energía Argentina, Intercargo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina SA (Nasa) y Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético, a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Algunas de estas empresas son consideradas estratégicas para la economía del país, como el caso de Energía Argentina y Nucleoeléctrica, pero el objetivo del Gobierno apunta a mejorar su eficiencia y reducir el gasto público.
Como se conoce, para poder conseguir la ley, Francos cedió a la eliminación del proyecto de Aerolíneas Argentinas, de Correo Argentino y de Radio y Televisión Argentina (RTA), pero no está dicha la última palabra dado que el Gobierno podría insistir en el futuro en su idea.
El proceso de privatización establecido por la Ley Bases exige que el ministro o secretario de la Presidencia, en cuya jurisdicción se encuentre la empresa por privatizar, eleve un informe detallado al Poder Ejecutivo.
Este informe debe precisar la propuesta concreta para la privatización, incluyendo el carácter total o parcial de la privatización y su fundamento, las alternativas de procedimiento adecuadas para el caso, las modalidades convenientes para materializar la privatización y el procedimiento de selección por utilizar.
También, los plazos estimados para cada etapa del proceso, la eventual propuesta para el otorgamiento de preferencias conforme al artículo 16 de la ley Nº 23.696 y la aplicabilidad de un programa de propiedad participada.
Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso. Con la autorización del Ejecutivo, el funcionario podrá iniciar los procedimientos de privatización, que incluyen la convocatoria de ofertas del sector privado, con el respectivo llamado a licitación.
La reglamentación también aclara que, antes de formalizar los contratos resultantes de estos procedimientos, la autoridad de aplicación deberá consultar a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación. Si la primera efectúa alguna observación o recomendación, se deberá elaborar un nuevo informe.
