En la tercera jornada de un debate cargado de tensión, la Cámara de Diputados aprobó en general la “ley ómnibus”, pero el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se metió de lleno en las negociaciones y redobló la presión por fondos para la provincia vía transferencias de Nación a la caja previsional, bajo amenaza de juntar apoyos para coparticipar el impuesto PAIS.
El proyecto del presidente Javier Milei recibió 144 votos a favor, de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el grueso de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias; y 109 votos en contra de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista, la cordobesa Natalia De la Sota y la bonaerense Margarita Stolbizer.
Una vez aprobada la iniciativa, se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes para comenzar la discusión del articulado, que representa la puja más fuerte entre el Gobierno y la oposición “dialoguista”. “No se animaban a entrar a la votación en particular hasta no tener acuerdos en los tres o cuatro temas principales”, interpretó uno de los protagonistas de las negociaciones.
El texto quedó realmente enflaquecido: de los 525 artículos que tenía el dictamen, solo quedaron en pie 363 por el retiro del capítulo fiscal, el de desregulación de la pesca y modificaciones al Código Penal, entre otros temas. De los acuerdos que consiga el Gobierno dependerá que en la votación en particular no caigan más artículos o segmentos enteros, como el de privatizaciones y el de cultura.
Al momento de la votación, el bloque de Miguel Pichetto se dividió: De la Sota, Stolbizer y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón votaron en contra, a diferencia de sus pares. En el radicalismo, la fractura fue menor a la esperada: se especulaba con que una decena de diputados alineados a Facundo Manes votara en contra, pero el neurocientífico solo pudo acarrear a un solo legislador, Pablo Juliano.
El debate se cerró en medio de renovadas presiones de la Casa Rosada. “Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”, fue el mensaje de Javier Milei a través de la cuenta de la Oficina del Presidente.
Desde el recinto, Rodrigo De Loredo reafirmó su postura a pesar de las amenazas. “Ninguna de nuestras definiciones políticas depende de los insultos o de los aplausos que ustedes nos brindan. Tampoco les solicitamos disculpas. No tengo ninguna admiración a la figura del presidente. Pero tiene todo el respeto de mi persona la investidura presidencial. Y todos los insultos, los agravios y las humillaciones, por algo se han dado”, dijo el jefe del bloque radical.
A continuación, su par del bloque PRO, Cristian Ritondo, reforzó: “Nosotros no somos ni gobierno ni co-gobierno. Vinimos con la responsabilidad de darle a este gobierno una caja de herramientas para que pueda solucionar los problemas que creó el populismo berreta. El cambio tiene que empezar, y es ahora”.
Córdoba al frente
“Si no viene (Guillermo) Francos, nosotros no votamos”, se escuchó en Hacemos Coalición Federal. Diputados del bloque de Pichetto, del PRO y de la UCR le “coparon” la oficina al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que iba y venía del recinto. Los “dialoguistas” querían seguir negociando cambios al proyecto con el ministro del Interior, que finalmente asistió pero solo habló con algunos.
Los cinco diputados de Llaryora (Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota) y el titular del PRO local, Oscar Agost Carreño (todos integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Pichetto) le transmitieron a Menem un mensaje contundente.
Los cordobeses exigieron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES garantice el flujo de pagos de Nación a las cajas previsionales no transferidas que armonizaron sus criterios con los de la Nación, como Córdoba y Santa Fe. De lo contrario, amenazaron con juntar los votos para coparticipar el 30% de lo recaudado por el impuesto PAIS, una medida a la que el Gobierno, por el momento, se resiste. “Les dimos la llave para destrabar esto”, sintetizó un cordobés.
La “ley ómnibus” se aprobó en general sin los numerosos artículos que conformaban el paquete fiscal a excepción del 180, donde se aclara que el impuesto PAIS (que grava las operaciones de compra de moneda extranjera para el pago de compras al exterior) tiene vigencia hasta el 22 de diciembre de este año.
Al tercer día de asumir, Milei aumentó del 7,5% a 17,5% la alícuota del impuesto PAIS. El 30% de ese tributo se destina a financiar obras sociourbanas a través del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Los gobernadores le reclaman a Francos que ese porcentaje se destine directamente a la coparticipación, para que lo administren las provincias.
La jugada cordobesa se completó con la restitución de otros dos artículos que iban a suprimirse del dictamen: el 179, que desfinancia el Fondo de Integración Sociourbana; y el 196, que deroga el decreto que creó el FGS.
La reimplantación y coparticipación del impuesto PAIS en la “ley ómnibus” fue el tema excluyente de las frenéticas reuniones en las oficinas de Menem. Incluso trabó avances sobre otros aspectos importantes del proyecto, como las privatizaciones, donde la contrapropuesta del Gobierno no termina de conformar del todo a la UCR.
El Gobierno aceptó bajar de 36 a 27 la cantidad de empresas a privatizar (se quitaron del listado, entre otras, todas las compañías que están radicadas en Córdoba), pero siguen figurando adentro de anexos, lo que impide el voto por separado. “El enlatado no deja de ser un problema”, dijeron en la UCR.
En el bloque encabezado por De Loredo también piden que el informe patrimonial de cada empresa sujeta a privatización que deberá ser enviado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones sea elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) para garantizar imparcialidad.
El radicalismo también propone aplicar para las privatizaciones un mecanismo de “transparencia y gobierno abierto” similar al que se fijó con el régimen de contrataciones de la Administración Nacional regulado por decreto en 2016.
Otro tema medular del proyecto que sigue entre signos de interrogación es la delegación de facultades al presidente. Se recortaron a seis: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Sin embargo, en la oposición afín hay varios rechazos (los encabeza la Coalición Cívica) y el artículo, que es el primero, corre peligro de ser rechazado y generar un clima adverso para el resto de la votación en particular.
“Este bloque no está para votar facultades delegadas que transformen en superpoderoso a Milei”, enfatizó hacia el final del debate el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, y remató: “Con la política económica, con el mega DNU, con esta ley ómnibus donde hasta los opositores se transforman en oficialistas, está en marcha un plan de disolución nacional, de disolución del federalismo y de las reglas de la democracia que nosotros no vamos a tolerar”.
