Pese a los cortocircuitos internos, la dirigencia local de Juntos por el Cambio (JPC) logró unificar su reclamo ante el Gobierno peronista por los numerosos cortes de energía eléctrica y de agua potable en diferentes barrios de la Capital y en localidades del interior provincial en medio de la ola de calor.
La coalición opositora salió con los tapones de punta contra la gestión peronista y le endilgó la falta de “previsión” para garantizar la prestación de los servicios en los meses de verano, que se agravó con la ola de calor de la semana pasada.
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Ante el reclamo generalizado de los vecinos, el exjuecista Juan Pablo Quinteros se preguntó dónde están los dos vocales por la oposición –de JPC– que integran el directorio del Ersep. Así, apuntó al radical Facundo Cortés Olmedo y al juecista Daniel Juez.
El edil vecinalista y exvocal del ente regulatorio de los servicios públicos les pidió a los directores del Ersep que “hagan algo con este descontrol” ante una Epec que “te deja a gamba con calor, con frío, con lluvia, con viento, y si no pasa nada también”.
“Lean la Carta del Ciudadano (ley 8.835), ahí están claras sus funciones”, lanzó Quinteros en un mensaje “envenenado” contra el radical y contra el juecista.
Los bloques en la Unicameral entran en fase de definiciones
En el radicalismo dan por hecho que el tribunal de conducta desafiliará al legislador Orlando Arduh por su activo rol en la ley de juego online, a contramano de una orden explícita del partido: retirar el proyecto. Públicamente fue desautorizado por todos los referentes, y ninguno de sus aliados puso las manos por él, por lo que el margen de maniobra es inexistente.
“Orlando está muy comprometido, es muy difícil salvarlo, veremos si se reconfigura en el PRO”, dice uno de los dirigentes que compartió con Arduh la campaña de De Loredo.
El dirigente no descarta que el próximo destino de Arduh sea el partido “amarillo”, el único de Juntos por el Cambio que lo respaldó con la iniciativa de legalizar el juego en línea.
Resta definir qué pasará con los dos radicales que siguen en el bloque de Juntos por el Cambio en la Legislatura, Juan Jure y Elisa Caffaratti.
El primero pasaría al bloque radical antes del inicio de sesiones ordinarias, mientras que Caffaratti analiza el bloque Evolución o el radical, sin descartar todavía seguir compartiendo con el PRO.
“La lógica es que actuemos como interbloque y que Orlando ya no sea la voz cantante de la oposición”, es el análisis que hacen algunos radicales que se aferran a recuperar para el partido la primera minoría.
Más reclamos y presión para pasar a planta a estatales
El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) celebró la semana pasada el pase a planta de 606 contratados, con lo cual se completó el traslado de 4.800 trabajadores, cupo que se fijó por ley en el marco del concurso “cerrado” que se puso en marcha en 2018 para cubrir cargos en el escalafón general y en el Equipo de Salud Humana.
Para el gremio conducido por José Pihen, el pase de estos últimos 606 trabajadores a planta fue una buena noticia, aunque reconoció que fue “un proceso lerdo”, que demandó más de cuatro años.
A renglón seguido, se activó el reclamo a la Provincia para que se lo extendiera a otros 150 trabajadores en iguales condiciones que quedaron fuera del cupo establecido por ley.
Envalentonados por la conquista sindical, desde el gremio de los empleados públicos dejaron entrever que tienen otra demanda “en las gateras”.
Se trata de un nuevo pedido destinado al titular del Ejecutivo cordobés para que haya otro pase a planta antes de que se vaya “el Gringo” en 2023. Se apunta a contratados que ingresaron a partir de marzo de 2013.
La “guerra fría” sigue en pleno verano
La disputa entre la Provincia y el Colegio de Escribanos sigue activa durante el verano a partir de una decisión del Centro Cívico de ofrecer un descuento en el Impuesto a los Sellos sobre la transferencia de inmuebles que se realicen a través de la opción de trámites digitales en el Registro de la Propiedad.
Según indicaron desde la Provincia, la reducción impactará en unas 55 mil operaciones anuales, principalmente compra y venta de inmuebles y constitución de hipotecas.
En el comunicado, se repiten varias veces frases como “siempre que se usen los medios digitales”, “cuando son registradas de manera digital” y “beneficio de la transformación digital”.
Este es un tema que ha generado una fuerte controversia con el Colegio de Escribanos de Córdoba, desde donde se pide más tiempo para adaptarse a la virtualidad completa del organismo.
La “oferta” para trámites realizados online es, en este contexto, una forma de presión para acelerar la reconversión de los escribanos.
La disputa está, por ahora, en un impasse hasta el 31 de marzo, cuando vencerá una prórroga para la obligatoriedad del ingreso de todos los trámites vía web.
El conflicto se había generado porque, si bien más del 95 por ciento de los trámites del Registro ya se hacen digitalmente, en escrituras y en hipotecas, que son los trámites más vinculados a los escribanos, el papel continúa siendo el método más usado: en siete de cada 10 documentos.
Llaryora quería que Gill siguiera en Obras Públicas
En la última charla que mantuvieron antes de fin de año, el intendente Martín Llaryora le hizo saber al gobernador Juan Schiaretti que no estaba de acuerdo con la idea del Gobierno provincial de forzar el regreso de Martín Gill a la intendencia de Villa María.
La decisión de los concejales de esa ciudad que responden al ministro de Industria de la Provincia, Eduardo Accastello, de no aceptar una nueva renovación de la licencia fue determinante para que Gill dejase la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.
El argumento llaryorista es que no ha quedado ningún cordobés en puestos medianamente de importancia en el Ejecutivo nacional y que, más allá de las diferencias o matices, siempre es más fácil hablar con un coterráneo con aspiraciones en la provincia.
Pero la relación con los K que tiene Schiaretti es diferente de la de Llaryora y quedó claro con el aval a la movida que forzó el regreso de Gill a Villa María.
Mestre revisó su perfil público
A Ramón Mestre le habían advertido varios de sus correligionarios, incluso algunos con los que está aliado en la interna partidaria, sobre la necesidad de que limitara sus exposiciones públicas. Pero el exintendente hizo caso omiso a las sugerencias.
No obstante, el episodio de violencia que sufrió el 8 de diciembre pasado en Santiago del Estero, cuando entraba a ver la final de la Copa Argentina entre Talleres y Boca, cambió las cosas.
Ese día, cuando Mestre entraba con uno de sus hijos y con un par de amigos, fue increpado por otro plateísta cordobés y la discusión derivó en una agresión física, que le provocó al exintendente una fractura en la pierna derecha, por la que fue operado una semana después.
El propio Mestre comentó en una reunión informal con vecinos, entre los que estaban dirigentes del peronismo, que el episodio de Santiago lo obligaba a su replanteo respecto de sus apariciones en público.
