En medio de las versiones, alentadas por el PJ provincial, sobre un eventual acuerdo electoral entre el gobernador Juan Schiaretti y el diputado radical Facundo Manes, las 62 Organizaciones Peronistas salieron a hacer público su respaldo a la fórmula presidencial “Schiaretti-Manes”.
Esta histórica agrupación sindical peronista creada por el metalúrgico Lorenzo Miguel a principios de la década de 1970, y que en Córdoba conducen el gremialista Sergio Fittipaldi (de Limpieza) y el peronista Ricardo Moreno, es la más cercana al Gobierno provincial; en especial, a la senadora nacional Alejandra Vigo.
Lo llamativo es que las “62 Organizaciones” mencionan a Schiaretti para encabezar la fórmula, cuando hasta los schiarettistas más puros admiten que Manes es el más conocido a nivel nacional y que debería encabezar el binomio en caso de que haya un acuerdo electoral con el mandatario provincial.
Más allá de esta cuestión, la agrupación sindical saldrá a hacer campaña con la fórmula nacional Schiaretti-Manes.
En los pasillos de la Legislatura provincial, caja de resonancia política, dos legisladores opositores coincidieron que detrás de esta movida está el schiarettismo, que con el coqueteo del gobernador con el diputado radical intenta meter ruido en la interna de Juntos por el Cambio provincial.
Proyecto sobre contratados que divide aguas entre los estatales
José “Pepe” Pihen, legislador provincial y titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), presentó un proyecto en la Legislatura para resolver la situación de unos 5.000 contratados que podrían pasar a planta permanente a través de “concursos cerrados”.
El proyecto también apunta a facilitar los concursos para los cargos jerárquicos.
Esto generó roces con el gremio de los jerárquicos (Unión del Personal Superior), que dos meses atrás había enviado una carta al gobernador Juan Schiaretti para modificar el escalafón y permitir cubrir las vacantes de cargos superiores.
Domingo Ovando, titular de la UPS, asegura que Pihen “se cortó solo” al presentar el proyecto y que no hubo consultas a su gremio para elaborar las propuestas que se tratarían el mes próximo en la Legislatura.
El PJ apoyará la iniciativa del gremialista oficialista, pero habrá que ver cuál es la postura de los bloques opositores porque, de convertirse en ley, se efectivizará a más de 5.000 contratados en el último año del tercer mandato no consecutivo de Schiaretti.
Un legislador radical que se enteró por La Voz de esta propuesta aseguró, por lo bajo, que es un intento por asegurarle la estabilidad a “muchos militantes del PJ”. Aunque, aclaró, no hará pública su postura hasta que se debata el proyecto en el recinto.
La macrista El Sukaria pide internas en la Capital
La diputada nacional del PRO Soher El Sukaria ratificó su deseo de ser la primera mujer en llegar al municipio capitalino.
“Es la hora del PRO en la ciudad, porque somos el espacio mejor capacitado para resolver los problemas de los vecinos”, dijo la legisladora cordobesa en una reunión en la que se congregaron dirigentes de las 14 seccionales.
Respecto del mecanismo de elección de candidatos dentro de Juntos por el Cambio, la referente macrista redobló la apuesta y repitió una y otra vez: “Una interna abierta sería la herramienta más clara y contundente para definir quién encabezará este sueño. Estoy dispuesta a competir con quien sea. Sueño con ser la próxima intendenta de todos los cordobeses”.
El mensaje pareció dirigido al radical Rodrigo de Loredo, quien se mantiene hermético (aunque todo indicaría que aspira a ser candidato a intendente capitalino).
El Sukaria viene realizando recorridas barriales. En ellas, hace un relevamiento propio sobre lo que se debe mejorar, cambiar e innovar en la Capital.
“Tenemos nuestro propio censo”, dicen desde su entorno. Y destacan, además, que cuentan con el apoyo de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.
El PRO optó por el silencio ante el abuso policial
El crimen de Jonathan Romo a manos de efectivos policiales, en La Falda, desató un vendaval político que volvió a poner en duda la continuidad del ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera.
El caso Romo fue la cuarta muerte en dos años producto del accionar fuera de la ley de policías, si se tienen en cuenta los casos de gatillo fácil en los que fueron ultimados José “Beco” Ávila, Blas Correas y Joaquín Paredes.
La oposición y familiares de las víctimas reclamaron la salida del titular de Seguridad. Pero hubo un detalle en el planteo de Juntos por el Cambio en la Unicameral que no pasó inadvertido: ningún legislador del PRO quiso expresarse al respecto.
Un colaborador de esos parlamentarios comentó que ningún macrista va a salir a cuestionar a la Policía de Juan Schiaretti.
La crisis de la Policía también impactó en la Justicia. En concreto, en el Tribunal Superior de Justicia, que había anunciado junto con la Policía y las autoridades de Seguridad la capacitación e implementación de un protocolo de actuación policial ante trastornos de salud mental.
Recién después de la muerte en La Falda el domingo pasado y la difusión de la autopsia que corroboró que al joven lo mataron por la brutalidad del procedimiento, se masificó la difusión de ese protocolo y el jueves llegó a los WhatsApp de los más de 20 mil policías un PDF con la guía que se lanzó hace dos meses y para la cual sólo se dispusieron ocho capacitadores.
