El líder de Encuentro Vecinal Córdoba, el exlegislador Aurelio García Elorrio, tiene previsto realizar una presentación judicial en la Justicia provincial para que se investigue la emisión de propaganda política en el interior provincial con mensajes de la Municipalidad de Córdoba que, según el denunciante, “no tienen otro objetivo que ser parte de la campaña de (Martín) Llaryora para 2023″.
García Elorrio planteará, según adelantaron sus allegados, que en recorridas que realizó por el interior provincial, pudo constatar la difusión de piezas de comunicación en “cantidades importantes”. “Qué tiene que hacer la Municipalidad en el interior con mensajes que sólo buscan instalar la figura del intendente”, se preguntó el dirigente político.
El exlegislador, además, planteará que se investigue el comportamiento de los integrantes del Tribunal de Cuentas municipal, integrado por tres miembros del oficialismo y dos de la oposición, puntualmente del Frente Cívico.
“Si nadie ve esto que es tan evidente es porque puede haber algún nivel de complicidad. Debieron advertirlo”, comentan cerca del abogado. La presentación judicial, de acuerdo a las mismas fuentes, sería inminente.
Por otro lado, cuatro concejales opositores presentaron un pedido de informes en el Concejo Deliberante por esta cuestión. Se trata de los juecistas Ricardo Aizpeolea y Armando Fernández, y los radicales Cecilia Aro y Lucas Balian.
El radical que hizo punta y se plantó otra vez contra la “re–re”
Ante el empantanamiento político y, por ende, legislativo del tratamiento de la re–reelección de intendentes y legisladores, en el oficialismo y en la oposición comenzaron a producirse movimientos tendientes a “salvar” la situación electoral de unos 300 intendentes y de una veintena de legisladores impedidos por la actual ley electoral.
El peronismo, con la intervención directa del gobernador Juan Schiaretti, planteó como condición central para avanzar que exista el apoyo de la bancada de la UCR en la Unicameral.
Allí hay nueve legisladores que se oponen a apoyar el planteo de “enmendar” el error cometido en 2016, de legislar con impacto retroactivo a 2015.
Ante estos movimientos políticos, que se traducen en reuniones informales de oficialistas y opositores, el legislador radical Marcelo Cossar hizo punta ratificando su posición en contra.
A través de un video en las redes sociales, filmado en los interiores de la Unicameral, el exmestrista planteó su postura y pidió no ceder ante las presiones internas.
“La calidad de las instituciones no puede ser un discurso bonito del que después nos olvidamos cuando nos conviene”, aseguró.
El mensaje es similar al que había hecho en noviembre de 2021, cuando el tema recién se instalaba en el mundillo político. Cossar plantó bandera y aseguró que su voto no cambiará dentro del bloque radical.
Los cambios de funcionarios fatigan a las empresas
Si bien por sus funciones son personas acostumbradas a la negociación permanente, la fuerte crisis política que sacude al Gobierno nacional comenzó a calar en el ánimo de los principales ejecutivos de algunas de las grandes empresas argentinas.
El viernes pasado, el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, volvió a convocar a una reunión con las principales compañías alimentarias para tratar precios y abastecimiento. Dos semanas atrás había ocurrido algo similar. Pero de aquella mesa a esta sobrevivió un solo funcionario: el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
“Las empresas y nosotros éramos los mismos, pero del otro lado nos habían cambiado un ministro (Martín Guzmán) y un secretario de Comercio (Guillermo Hang). A veces cansa tener que explicar todo de nuevo y hablar siempre los mismos temas”, se quejó uno de los participantes.
Desde que asumió en 2019, el Gobierno va por su cuarto titular de Comercio, un funcionario central en la relación con las compañías. Antes estuvieron Paula Español, Roberto Feletti y Hang. Ahora el cargo quedó en manos de Martín Pollera.
Entre los ejecutivos, también sobreviven dudas sobre dos aspectos. Uno es el destino de las divisas que entran el país. “¿Faltan sólo porque estamos comprando energía?”, preguntan. Y la otra, ¿cuál es el verdadero grado de apoyo que tiene la ministra de Economía, Silvina Batakis, de parte del cristinismo?
Rodríguez Larreta y el armado en Córdoba
Es sabido lo que representa Córdoba en el tablero electoral nacional y, particularmente, en Juntos por el Cambio.
Por eso, y después de lanzarse como precandidato presidencial, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya tiene fecha para visitar la “capital del Cambio”, como la denominan los amarillos: el bautismo como precandidato será el 14 de agosto, con una agenda en la que ya está trabajando el legislador provincial Darío Capitani, principal armador del “Pelado” en la provincia.
Córdoba capital, Villa María, General Deheza y Marcos Juárez serían los lugares marcados en una agenda que tendrá un perfil apuntando hacia los sectores productivos de nuestra provincia. “Horacio ya definió equipo y apretó el acelerador”, afirman –con entusiasmo– sus referentes locales.
Más allá del vínculo con los dirigentes de su partido, el jefe de Gobierno porteño también mantiene conversaciones con los principales referentes cordobeses de Juntos por el Cambio, Luis Juez y el radical Rodrigo de Loredo.
En este sentido, Rodríguez Larreta deberá intervenir para achicar las diferencias entre el villamariense Capitani y Juez, quienes se enfrentaron de manera pública por la ley que habilitó el juego online en la provincia.
La referente de Grabois, lejos del PJ provincial
En su última visita a Córdoba, el dirigente cristinista Juan Grabois sorprendió con algunos elogios a las políticas sociales del gobernador Juan Schiaretti, y también hacia el intendente Martín Llaryora.
“No es sólo una cuestión edad, pero veo a Martín (Llaryora) como el futuro en el peronismo cordobés”, sentenció el polémico dirigente, que impulsa el salario básico universal.
En este sentido, Constanza “Coti” San Pedro, referente local del Frente Patria Grande que lidera Grabois, sin nombrarlo marcó algunas diferencias con su jefe político.
“El Frente de Todos tiene que dejar de golpearle la puerta al PJ cordobés y construir una alternativa que represente a los cordobeses y no a la Fundación Mediterránea y a la agroindustria”, dijo la dirigente, en una reunión con militantes de su agrupación.
En los próximos días, San Pedro y los dirigentes del Frente Patria Grande saldrán a “militar” el salario básico universal, que según esta agrupación debe salir por decreto, ya que el oficialismo no tiene los votos para aprobarlo por ley.
“Nuestro país tiene un alto grado de concentración de riqueza. El salario básico universal permitiría redistribuir lo producido por nuestra sociedad, y así asegurar un piso de derechos para el conjunto de la población”, dice el Frente Patria Grande en la campaña que ya lanzaron en Córdoba.
Cortocircuito por el Colegio de Abogados
La Cámara de Diputados de la Nación debate una ley impulsada por el kirchnerismo para habilitar una nueva moratoria previsional, proyecto que tiene media sanción del Senado. La redacción estuvo a cargo de los senadores cristinistas Juliana Di Tullio; Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. En síntesis, se trata de un plan de pago de hasta 120 cuotas para trabajadores en actividad que deban aportes previsionales hasta 2008.
La semana pasada, el kirchnerismo apuró el trámite y convocó a una reunión informativa en la Comisión de Legislación Previsional, que comparten las diputadas por Córdoba Adriana Ruarte (PRO) y Natalia de la Sota (Hacemos por Córdoba).
Ruarte salió al cruce de la convocatoria a la reunión porque entendió que podría haber un despacho “entre gallos y medianoche”. Crítica, leyó un escrito que presentó como la postura del Colegio de Abogados de Córdoba.
Así, se “hizo eco” de la opinión de los matriculados: leyó una carta en la que la entidad “manifiesta su preocupación por la falta de regulación” que dejaría la aprobación de una nueva moratoria previsional, a la que calificó como “parche recurrente”.
Al finalizar la reunión, que duró casi dos horas, De la Sota pidió la palabra para aclarar que la carta que había leído Ruarte no contenía la opinión del Colegio de Abogados sino de dos abogadas que integran la sala de Derecho Previsional de la entidad.
De la Sota se contactó con Ignacio Segura, presidente del Colegio, para consultar respecto de la sorpresiva toma de posición en un tema complejo, ante lo cual Segura le quitó peso político a los argumentos que Ruarte atribuyó al Colegio.
