El PJ provincial ya tiene en campaña a sus dos principales candidatos: a gobernador, Martín Llaryora, quien desde el 3 de octubre pasado recorre el interior como candidato oficialista, y hace pocos días fue oficializado Daniel Passerini como postulante a intendente por la Capital.
Sin embargo, faltan temas por resolver. El más importante, las fechas de los comicios provinciales y de la Capital, y si ambas coincidirán en un mismo domingo. En medio del hermetismo que hay en el peronismo, todos reconocen que será una decisión que tomarán Schiaretti y Llaryora en una reunión con muy pocos testigos.
“Con una mano, sobra”, dijo con ironía un schiarettista sobre el número de dirigentes que serán testigos de la reunión entre ambos referentes peronistas. No hay que descartar algunos minutos de charla a solas.
Muchos peronistas apuestan a que no más allá del 15 de marzo se oficializará, al menos, la fecha de la elección provincial. En este contexto, como esta semana el gobernador Schiaretti tendrá una agenda apretada con viajes a Capital Federal para reuniones por su aspiración presidencial, un peronista habitualmente bien informado afirmó que este fin de semana habría un encuentro entre ambos gobernantes para comenzar a decidir el cronograma electoral.
“No lo definirán en la primera reunión. Pero este fin de semana habrá un encuentro y el próximo fin de semana será el definitivo para tomar la decisión”, sin dar presiones sobre día y lugar del supuesto encuentro.
Un dato abona esta versión. Llaryora no tuvo actividad proselitista este fin de semana y el gobernador tampoco realizó actividad oficial.
Los intendentes que esperan el milagro
Unos 25 intendentes que apoyan la re-reelección por un único mandato se reunieron con el presidente del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, el radical Orlando Arduh, quien elevó la semana pasada un proyecto para que sólo puedan presentarse para un período más aquellos jefes locales que llevan desde dos administraciones municipales consecutivas.
La reunión –que se hizo en la Legislatura provincial– tuvo la particularidad de haber congregado a radicales, justicialistas, vecinalistas y del PRO con iguales expectativas para que se apruebe la modificación del artículo 7 del Código Electoral, que alcanza a intendentes, concejales y tribunos de cuentas.
Sin el visto bueno del gobernador Juan Schiaretti, la “re-re” sigue sin posibilidades de avanzar. Por esa razón, los jefes locales trazaron algunas estrategias a corto plazo. Esperan reuniones en estos días con el vicegobernador Manuel Calvo y con los candidatos de sus partidos.
También volvió a sobrevolar la idea del armado de una lista propia con intendentes descontentos por no tener la posibilidad de un nuevo mandato, de cara a las elecciones provinciales.
Hubo algunos intendentes justicialistas que le hicieron saber a Arduh que lo acompañarían en una fórmula a gobernador.
Llaryora, la inseguridad y el ejército: el PJ cordobés no quiere que lo corran por derecha
Es una evidencia cotidiana que el tema que más preocupa a los cordobeses es la inseguridad. También es el que más preocupa a Hacemos por Córdoba, que observa con alarma las protestas vecinales por los robos en los barrios de la Capital y áreas vecinas.
Martín Llaryora asumió de modo personal la estrategia y el desarrollo de la propuesta de seguridad que llevará a la campaña, y desde su equipo advierten que el peronismo cordobés no permitirá que Juntos por el Cambio lo corra por derecha en este frente.
El intendente habla desde hace varias semanas con referentes en materia de seguridad de todo el país, acelera la implementación del primer esquema de seguridad municipal en el Parque Sarmiento, y el jueves avisó que es partidario de que el Ejército participe de las tareas de combate contra el narcotráfico.
Considera que tras 40 años de democracia, es necesario que el Congreso de la Nación revise la ley que prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad interior. Y en el Palacio 6 de Julio recalcan que la articulación con el Tercer Cuerpo es un hecho desde el comienzo de la gestión: los militares con asiento en Córdoba participan del Comité de Emergencia.
El intendente repite que la inseguridad es el principal reclamo de los cordobeses al peronismo y que es el peronismo el que dará las respuestas.
No tiene problemas en coincidir con Patricia Bullrich en algunos puntos, aunque defiende a ultranza también la política de contención social por la que apostó Juan Schiaretti, así como los consejos de Seguridad.
El apuro de acordar para pagarle a la Policía (foto)
El viernes pasado, desde el Gobierno provincial anunciaron el acuerdo paritario con uno de los gremios estatales que aceptó la oferta de un aumento del 40% hasta julio. Se trata de la Unión del Personal Superior (UPS), que aglutina a los empleados jerárquicos provinciales.
El acuerdo podría ser una señal para los restantes gremios que aún no aceptaron la propuesta salarial, pero entre los estatales saben que el apuro de los funcionarios schiarettistas tenía otra motivación: necesitaban cerrar un acuerdo con un gremio, para poder pagarle a la Policía el aumento del 10% correspondiente a los salarios de febrero.
Ese incremento se abonará a través de una planilla complementaria, el próximo viernes.
Los efectivos de las fuerzas de seguridad no tienen agremiación y para poder pagarles el aumento propuesto debe mediar la aceptación de alguno de los sindicatos de estatales.
En el Gobierno provincial admiten una preocupación, porque ante la falta de acuerdo en la discusión paritaria, los agentes públicos provinciales cobraron el salario de febrero sin aumentos, cuando en enero pasado hubo un bono de 30 mil pesos. Es decir, en un contexto inflacionario cobraron menos que el mes pasado.
Uno de los puntos de mayor preocupación era que los policías pudieran percibir el aumento, cuestión para la cual la Provincia quedó habilitada en la semana que pasó.
Delgado logró el lugar que le fue esquivo los últimos años
En la apertura del año judicial, realizada el viernes en el Palacio de Tribunales, el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, se sentó por primera vez en el estrado principal junto a los vocales del Tribunal Superior de Justicia. La última vez que un fiscal General se sentó con los vocales del TSJ en la audiencia que da inicio al año judicial fue en 2018, cuando Alejandro Moyano ocupaba la Fiscalía General.
Luego, esa silla quedó vacante hasta la designación de Delgado, en 2021, una vez que el año judicial ya estaba en marcha.
En 2022, Delgado debió ubicarse junto a sus adjuntos –Héctor David, José Gómez Demmel y Pablo Bustos Fierro (Bettina Croppi no había sido designada)– en sillas a la altura del piso, junto a los otros invitados; es decir sin compartir el cartel con los jueces supremos.
En esa oportunidad se leyó que Delgado había sido una víctima de la “guerra fría” con Sebastián López Peña, presidente del TSJ en 2021 y 2022. La relación entre ambos funcionarios es más que distante. Pero el viernes último Delgado fue reubicado en el estrado y sentado a la izquierda de López Peña, quien prefería cruzar algunas palabras con su colega Luis Angulo.
En los pasillos del Palacio de Justicia hubo una primera lectura, en clave política: Domingo Sesin, el actual presidente del TSJ, quiso dar una muestra de “coordinación y unidad” con el titular del Ministerio Público Fiscal tras los años de sigiloso enfrentamiento entre su antecesor en la presidencia del TSJ y Delgado.
La otra lectura, de carácter “doméstico”, fue que se trató de un “gesto personal” de Sesin hacia Delgado. Este último es jefe directo de la esposa del titular del Tribunal Superior de Justicia, Beatriz Pisani, quien se desempeña como funcionaria del Ministerio Público Fiscal.
