Silvina Batakis trabajó como ministra de Economía de la Nación apenas un mes. Menos: del 4 al 28 de julio de 2022. En su corta gestión, el dólar blue, tras la salida intempestiva de su antecesor Martín Guzmán, quebró la barrera de los $ 300 y alcanzó el pico de $ 338. Ajustado por inflación, es como si hoy estuviera arriba de los $ 820. La sucedió Sergio Massa, quien se ofreció como garantía de que el Frente de Todos –por entonces era feroz la pelea Alberto-Cristina– lograra terminar el mandato. El helicóptero estaba cerca, confesaría después Jorge Ferraresi, un camporista puro.
En su corta gestión, Batakis hizo una serie de anuncios de forma. Dijo que se mantendrían las metas acordadas con el FMI (en aquel tiempo se cumplieron), aseguró que no se iba a gastar más de lo que se tenía –“acorde a la proyección de caja real”–, dijo que seguía en pie la idea de segmentar tarifas y anunció un congelamiento de personal que se ampliaría también a los organismos descentralizados. El 22 de julio se publicó el decreto N° 426, que prohibió la contratación por tiempo determinado e indeterminado, nombramientos de planta transitoria y trabajos a tiempo parcial, fijo o eventual. Con la firma de Batakis, el decreto dispuso el congelamiento de personal hasta el 31 de diciembre de 2023.
El 28 de julio de 2022, Batakis fue desplazada de Economía y nombrada de inmediato en el Banco Nación, una empresa pública que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía; por lo tanto, está alcanzada por el decreto que ella misma dispuso.
Massa dijo que el Indec iba a elaborar todos los meses un reporte sobre los cargos de quienes se desempeñan en el Estado, sea en la administración centralizada, descentralizada, desconcentrada o en empresas y sociedades. Ese informe se publicó en septiembre de 2022, con datos a agosto. El Nación no publicó. Lo hizo en octubre, cuando informó que a septiembre tenía 17.645 empleados. El Nación tiene hoy 17.806 empleados, más 1.934 en el holding que conforma con Nación Bursátil, Seguros, Seguros de Retiro, Reaseguros y Servicios.
O sea que, en la gestión Batakis, bajo el decreto que ella misma dispuso, ingresaron 161 personas. Es el tamaño de dos pymes relativamente importantes para la economía argentina.
Entre esas 161, está su exmarido Héctor Javier Silva, quien fue designado por Batakis para la gerencia en sistemas, sin informar al directorio del banco de ese vínculo entre ambos.
El programa Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, reveló esta irregularidad, pero no sería la única. También habría avalado que su gerenta general, María del Carmen Barros, entre premios, bonos y demás cobre un sueldo de $ 9 millones mensuales. La pareja de Barros es hoy jefe de servicios en el área de choferes de blindados del Banco Nación, y tendría por costumbre usar la tarjeta corporativa del banco para cargar combustible en su auto particular. Hasta contrató por seis meses a la numeróloga “Pitty”, quien admitió que la llamaron para “couchear” a algunos funcionarios del Banco Nación en cuestiones de números, que es su especialidad.
Un sistema “hecho para”
Pero no es el caso de Silva y 160 más. Es todo parte de un sistema que con el correr de los años se ha ido perfeccionando, al punto de que existen hoy muchas variantes:
Uno. Se contratan amigos, familiares y militantes para pagar favores políticos y construir militancia. Así, muchos organismos son cooptados por la bandera política y llevan a que se pierda el foco. La gestión se deteriora porque los nombrados no están capacitados y porque, en el fondo, les interesa otra cosa. Pasó con la Secretaría de Energía bajo el mando de Darío Martínez, por ejemplo: tres años y ni siquiera movió un papel para avanzar con el hoy llamado “gasoducto Néstor Kirchner”.
Dos. Se nombra a personas fantasmas, que nunca van a trabajar. Es la beca perfecta: trabajo en blanco, sin descuentos, pagos en tiempo y forma. No habría manera de que ciertos organismos del Estado albergaran la cantidad de personas que en teoría allí trabajan.
Tres. Se asignan “cupos de contratos” y se habilita a terceros para repartirlos según criterios discrecionales. El ejemplo perfecto es la Municipalidad de Córdoba con el Soelsac: se piden tantos puestos de trabajo y el gremio los acomoda a su antojo. Surgen, incluso, las dudas de que los $ 110 mil en mano que recibió Gabriela Pérez por limpiar el Palacio Municipal hayan sido el pago íntegro que hacía el municipio por 44 horas de trabajo a la semana. Gabriela fue noticia porque murió por un tiro en un confuso ataque al gremio Soelsac, que repartía esos contratos.
Cuatro. Se nombra a personas que van a trabajar, pero que ceden a conciencia parte de su salario a la causa, a quien le permitió estar en ese puesto. Un símil del diezmo que exigen algunos credos, sólo que acá es más que el 10% y no lo pide una Iglesia, sino el partido. Sería el caso de algunos de los 48 empleados cuyas tarjetas de débito estaban misteriosamente en manos de “Chocolate” Rigau, el puntero político de La Plata que fue atrapado en un cajero del Bapro y detenido 12 días.
Cinco. Pero apareció una variante en este saqueo organizado al Estado. La Justicia liberó a Rigau, pero se quedó con el teléfono y está llamando a los titulares de esas tarjetas. Uno de los que fueron dijo que lo contactaron en enero y le ofrecieron un trabajo en la Cámara de Diputados. Estudiaba Abogacía, estaba sin trabajo, dijo que sí. Dio todos sus datos, le llegó la tarjeta a su casa. Después le avisaron que el trabajo no salió, así que le pidieron que devolviera la tarjeta. No se acuerda a quién se la dio, tampoco quién le ofreció el cargo. No está claro si el muchacho se comió el verso o si recibió algo a cambio, pero lo cierto es que terminó siendo un prestanombre para que alguien cobrara el 100% de un salario que pagan todos los contribuyentes por un servicio que nadie presta. El salario promedia los $ 580 mil. Aun sin cobrar, se queda con la cobertura social y con aportes provisionales. Los jueces, insólitamente, liberaron a “Chocolate”; dicen que temían que empezara a hablar.
Está claro que hay un sistema organizado para saquear al Estado. Los nombrados en planta de personal, sin concurso, sin siquiera presentarse muchas veces a su lugar de trabajo, fueron designados por alguien que no tendrá ninguna consecuencia por ese accionar irresponsable y muchas veces ilegal. El Estado deberá pagarles un salario por 10, 20 y hasta 30 años en su vida activa, y otros tantos luego, como jubilados. Y peor aun si jamás se presentó a trabajar a sabiendas de que era un cargo más para bancar la militancia.
