Los ánimos en la Cámara de Diputados indican que el proyecto que impulsó el oficialismo para reemplazar la actual Ley de Biocombustibles con otra que faculte a la Secretaría de Energía a intervenir para controlar los precios corre el riesgo de morir antes de florecer, ante el contundente rechazo de los productores, que alertaron sobre su inconstitucionalidad, y la resistencia de los referentes de la oposición, que reclamaron prorrogar la ley vigente.
Ese fue el panorama que se observó en la reunión informativa que la Comisión de Energía y Combustibles realizó este miércoles para comenzar a analizar el texto que redactó el kirchnerismo, y que básicamente reduce del 10% al 5% el corte obligatorio para el biodiésel y mantiene el del etanol en el 12%, aunque con la posibilidad de bajarlo al 9 por ciento.
Ya en el arranque de la reunión virtual la diputada por Consenso Federal Graciela Camaño se encargó de señalar que las deliberaciones debían centrarse en la prórroga que el Senado aprobó por unanimidad en octubre pasado de la ley vigente (número 26.093), que vence el próximo 12 de mayo.
Queja
El titular de la Comisión, el oficialista Omar Félix, desestimó la queja al señalar que los representantes de las cámaras de productores de biocombustibles convocados tenían la posibilidad de hablar sobre cualquiera de los proyectos.
Y cuando comenzaron las exposiciones, la mayoría de los 14 empresarios se encargaron de exponer su malestar ante las gestiones del oficialismo y adelantar que el proyecto de ley era inconstitucional.
“No se debería bajar el corte desde ningún punto de vista porque eso es ir para atrás. Tenemos que ir para adelante, tener un sendero de aumento de corte y no ir para atrás”, planteó José Porta, de la Cámara de Industrializadores de Granos, y así abrió el camino para las críticas contra la propuesta del kirchnerismo.
Incluso, el referente del sector productivo aprovechó para alertar por el impacto que generó en el sector el congelamiento del precio de los combustibles.
“En los últimos dos años, desde que se empezó a tocar el precio de la fórmula, hemos llegado a situaciones de paradas de plantas y quebrantos por falta de precios”, repasó.
“Es muy importante que todos estemos incluidos en este proyecto porque la Argentina necesita consensos, acuerdos, porque no estamos para más enfrentamientos”, apeló Porta.
Pymes
Con matices, acompañó esa posición Juan Carlos Bojanich, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales (CEPREB), quien también apuntó contra la reducción en el corte biodiesel al señalar que esa baja “se traduce en un cupo máximo mensual de 50.000 toneladas de producción para todas la plantas”, lo que representa un “55% de la capacidad autorizada actual instalada”.
“Esta situación no sería sostenible en el tiempo pensando en la proyección de los puestos de trabajo, el desaprovechamiento de las inversiones ya realizadas, el objetivo de mejorar la matriz económica y, en especial, el impacto sobre las plantas PyMEs de menor producción, de 5.000 y 24.000 toneladas al año”, adelantó.
Casi la totalidad de los expositores convocados coincidió con ese diagnóstico, e incluso varios se encargaron de señalar que el proyecto del Frente de Todos, tal como está planteado, es “inconstitucional”.
El más contundente de los expositores fue Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de Maíz, sector que debería afrontar la totalidad del eventual corte en el etanol.
“Es un proyecto triplemente incoherente porque contradice al presidente (Alberto) Fernández, que anunció que la Argentina asume el compromiso de que el 30% de la matriz energética sea de energías renovables; contradice a los propios legisladores del FdT que votaron unánimemente la prórroga en el Senado, y contradice el apoyo decidido y contundente que le dio Néstor Kirchner a nuestro sector, acompañando la ley del senador radical Luis Falcó”, lamentó Adam.
Seguido, aseguró que la iniciativa del oficialismo “también inconstitucional porque al reducir el porcentaje (de corte) viola el principio de progresividad ambiental establecido en el Acuerdo de París que firmó la Argentina”.
Bioetanol
Por su parte, Manuel Ron de Bioetanol Río Cuarto, agregó que “el proyecto en cuestión está lejos del espíritu de la ley 26.093” y alertó que “la imprevisibilidad y el alto grado de discrecionalidad en manos del ente regulador generan una inseguridad jurídica que hace inviable nuevas inversiones”
“Confiamos en que el Congreso no avalará una suma de emisiones de gases de efecto invernadero, una reducción del empleo y el no agregado de valor para el maíz. Confiamos en que no iremos a contramano del mundo”, apeló.
Ron se sumó a las voces de sus pares que pidieron que las discusiones sobre el futuro de los biocombustibles se hagan con “un tiempo razonable para un debate amplio y maduro”.
Al término de las exposiciones, en las que se hizo evidente el malestar de los productores con los eventuales cambios en las reglas, Camaño se ocupó de insistir con su reclamo y le señaló a Felix que la Comisión debe tratar la media sanción que giró el Senado.
“En este momento, en el tema biocombustibles, somos cámara revisora, no somos cámara iniciadora. Y de hecho, el tema una vez que es abordado, no se lo puede volver a tratar en el año parlamentario. Las reglas están escritas. Les pido por favor que seamos contestes con las reglamentaciones que desde hace casi 200 años rigen el funcionamiento de esta institución”, exigió la referente de Consenso Federal, el espacio que lidera Roberto Lavagna.
Y el vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, el diputado por el PRO de Mendoza Omar De Marchi fue quien finalmente confirmó que Juntos por el Cambio no acompañará las gestiones del kirchnerismo para reemplazar la ley vigente.
“No están dadas las condiciones para dictaminar en el contexto actual, esto requiere de mayor debate”, dijo y adelantó que no presentarán su consentimiento para que la iniciativa se trate en el recinto.
JxC
El diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente primero de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar De Marchi, adelantó que no consentirá el dictamen remoto sobre el proyecto presentado por el oficialismo.
El protocolo vigente obliga a que Presidente y Vicepresidente de la Comisión deban estar de acuerdo para dictaminar sobre un asunto que luego pueda ser tratado en el recinto.
De esta forma, con la negativa del Interbloque de Juntos por el Cambio, representados por el mendocino De Marchi, le cierra la llave al oficialismo de avanzar con una nueva regulación para Biocombustibles que consideran inconveniente.
De Marchi, consideró que el Régimen actual de Biocombustibles vence el 12 de mayo y “a pesar de existir una sanción unánime por parte del Senado prorrogándolo, el Frente de Todos ha especulado hasta último minuto para resolver este tema de manera inconveniente, discriminatoria y perjudicial, sin posibilidad de debate y reflexión”.
“El resultado del proyecto del oficialismo será un mercado de biocombustibles limitado, cautivo y discrecional”, añadió De Marchi.
El mismo prevé la baja del porcentaje de corte mínimo de biodiésel del 10% actual al 5%, facultando a la Secretaría de Energía a reducirlo hasta un 3%. Se le otorgan a la Secretaría las más amplias facultades para arbitrariamente establecer los volúmenes de venta y precio, pudiendo imponer sanciones confiscatorias a las empresas, hasta sacarlas del mercado. Se castiga a las inversiones que efectúen las empresas para mejorar sus técnicas y capacidad productiva. Finalmente, se limita la instalación de nuevas empresas al no dejarlas acceder al corte obligatorio.
“La iniciativa del gobierno genera incertidumbre y lleva al borde de la quiebra a un sector que genera valor agregado, contribuye al ambiente, utiliza tecnología nacional, con inversiones ya hechas por más de 3000 millones de dólares y genera decenas de miles de puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Lo razonable es una prórroga de la actual ley 26093 para abrir un tiempo de intercambio productivo y enriquecedor, y no cometer el error de retroceder 15 años de avance”, concluyó el diputado Omar De Marchi.
