Había una vez una ciudad en la que el Estado se puso el piyama y se fue a dormir. Podría ser el comienzo de un cuento infantil, pero se parece mucho a una realidad trágica por la que atraviesa la capital provincial.
La nueva picada que terminó con un joven muerto en la madrugada del jueves frente al aeropuerto Ambrosio Taravella abre una larga lista de aristas de una enorme lista de desentendimientos, y tal vez complicidades, de diferentes estructuras estatales.
Cientos de personas convocadas después de la medianoche y durante horas para competencias ilegales entre motociclistas, automovilistas y espectadores. Uno de los principales accesos a la ciudad –sino el principal– tomado por grupos abiertamente fuera de la ley.
Repasemos de dónde estamos hablando para dimensionar el sitio elegido de manera frecuente para actividades ilícitas y de altísimo riesgo para los participantes y ciudadanos comunes.
La Policía Caminera hace meses que levantó el puesto de control a poco más de un kilómetro de allí. Mientras estuvo, fue inflexible con los foquitos quemados a las 4 de la tarde, pero invisible ante gravísimas faltas y riesgosas faltas de tránsito. El talonario sólo funciona con luz de día.
Otras divisiones de la Policía provincial deberían estar dando vueltas por las inmediaciones en la peligrosa noche cordobesa. Sin mencionar, por ahora, las advertencias de transeúntes y vecinos a las fuerzas de seguridad.
Una fuerza federal como la Policía Aeroportuaria, que tiene la sede justo frente a los hechos y que claramente no tiene entre sus competencias evitar que se corran picadas. Pero al menos debe tener un teléfono como para hacer una llamada y advertir que se está cometiendo un hecho ilícito.
Una gestión municipal que se ufana de su Guardia Urbana, pero esta trabaja de 6 a 23, como si el peligro en esta urbe no se incrementase precisamente en el receso que se toman.
Un pomposo Ente Municipal de Fiscalización y Control con decenas de funcionarios y varios centenares de empleados, que deben andar muy ocupados fiscalizando y controlando.
Una cabina de peaje de la empresa estatal concesionaria del servicio, Caminos de las Sierras, a menos de un kilómetro. Nadie en condiciones de alertar a la autoridad competente de que ocurren irregularidades en la calzada bajo su jurisdicción.
El Estado duerme junto a la mayoría de los cordobeses, mientras las evitables tragedias y los delitos rondan por las calles y avenidas de la ciudad.
¿Inoperancia? ¿O complicidad?
Si fuese un hecho ocasional, aislado, bien específico, podríamos considerar que las desatenciones también fueron fortuitas.
Pero la tragedia camino al aeropuerto disparó testimonios de los más variados lugares respecto de la existencia de organizadas convocatorias a estas picadas mortales e ilegales. Que hasta eran promocionadas en sitios web de acceso público.
Cada una de las expresiones de los vecinos que aportaron datos bien específicos coincide en que renuevan semana tras semana las llamadas a la Policía, las unidades judiciales, las dependencias municipales, sin que nadie mueva un dedo para evitar la acción ruidosa y riesgosa.
Picadas se largan en plazas que tienen domos de la Policía, con lo cual se infiere que hay alguien que tiene una visión privilegiada de estas carreras clandestinas y decide permanecer plácido como espectador.
El espectáculo encuentra, obviamente, a los funcionarios judiciales gozando de su merecido descanso diario.
Nadie del Estado mueve un dedo en procura de salvaguardar la vida, los bienes y el bienestar de los ciudadanos.
Podríamos estar ante casos de desatención, ineficiencia, inoperancia. Si es que no fuesen tan pero tan repetidos. La reiteración y la ausencia sistemática de los organismos estatales dan lugar a conjeturar sobre complicidades.
Razones para esas sospechas sobran. Basta con repasar antecedentes. La cárcel de Bouwer está habitada por altos jerarcas policiales e importantes exfuncionarios municipales acusados de actuar en complicidad con las más diversas formas delictivas.
Apaguen la luz. El Estado se va a dormir.
