La reciente iniciativa del Gobierno nacional para el uso los “dólares del colchón”, que busca movilizar los ahorros no declarados desató un fuerte enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires.
Este miércoles, Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), salió al cruce del gobernador Axel Kicillof, acusándolo de tener una “mentalidad soviética” por la decisión de su administración de no adherir al plan.
El conflicto se profundiza luego de que Arba, el organismo de control tributario bonaerense, anunciara que continuará con las fiscalizaciones, independientemente del nuevo régimen nacional.
En respuesta, Pazo ratificó la postura de ARCA: las provincias que no se sumen al blanqueo perderán el acceso a información clave de facturación de personas y empresas, así como a datos sobre consumos por encima de los umbrales fijados.
“Eso le complica la vida a Kicillof, no a la gente”, sentenció el funcionario.
Amenaza
Esta amenaza de restricción de información es un punto central de la disputa. Desde el Gobierno nacional se argumenta que el blanqueo busca darle “libertad a los argentinos de usar su dinero como quieran” y que la adhesión provincial facilitaría la activación de la economía.
Pazo calificó de “muy positiva” una reunión reciente con representantes de 17 provincias (entre ellas, Córdoba) para debatir el tema, destacando el interés en generar sistemas de adhesión que permitan reformas tributarias provinciales.
Sin embargo, no todos los gobernadores se mostraron dispuestos a plegarse, entre ellos los peronistas y algunos dialoguistas.
Por su parte, Cristian Girard, director ejecutivo de Arba, cuestionó la falta de claridad y seguridad jurídica de los anuncios del gobierno de Javier Milei.
Para Girard, las medidas difundidas “carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas”.
El funcionario bonaerense dejó en claro que la provincia continuará aplicando sus herramientas de fiscalización y que cobrará los impuestos provinciales correspondientes a los fondos que se sumen al blanqueo.
La discusión pone de manifiesto las marcadas diferencias en las visiones económicas entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires, y anticipa nuevas tensiones en la relación fiscal entre ambas jurisdicciones.
La efectividad de este nuevo blanqueo (que el Gobierno nacional insiste en no llamar “blanqueo”) y sus consecuencias dependerán en gran medida de la adhesión provincial y de cómo se resuelvan estos cruces de competencias y filosofías.
