La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, criticó públicamente al juez Roberto Gallardo por su intento de limitar la aplicación del protocolo antipiquetes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante la marcha de jubilados convocada frente al Congreso.
Bullrich fue enfática al señalar que Gallardo, como juez contravencional de la Ciudad, “no puede actuar pasando su jurisdicción y decidiendo sobre temas federales”.
En declaraciones a radio Mitre, la titular de la cartera de Seguridad consideró que el juez Gallardo se está “extralimitando en lo que él puede decidir”. A pesar de la resolución judicial que buscaba impedir la intervención de las fuerzas federales en la custodia de la movilización, Bullrich confirmó que el protocolo se implementará.
“Nosotros de ninguna manera vamos a dejar de hacer nuestra tarea que es cuidar la sede del gobierno federal en la Ciudad como capital de todos los argentinos”, sostuvo.
El Gobierno denuncia al juez Gallardo por “mal desempeño”
Las declaraciones de Bullrich se producen un día después de que el Ministerio de Seguridad denunciara al juez Roberto Gallardo ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño”.
La denuncia se basa en el fallo del juez que ordenaba a las fuerzas de seguridad nacionales abstenerse de intervenir en la movilización de jubilados.
El documento de la denuncia sostiene que el magistrado tuvo una “indebida e ilegal intervención, basada únicamente en su subjetiva y parcial interpretación de los hechos, esforzándose para adecuarlos a sus intereses ideológicos en violación de la Ley”.
“Le decimos a Gallardo que no se entrometa”, sentenció la ministra.
La postura del juez Gallardo y el contexto de la movilización
El juez Roberto Gallardo, al frente del Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hizo lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
El objetivo del amparo era que la Justicia ordenara a las Fuerzas de Seguridad Federales abstenerse de intervenir en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la marcha de jubilados.
La acción judicial también buscaba que se intimara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a coordinar y conducir el operativo de seguridad de la movilización, lo que implicaría la intervención exclusiva de la Policía de la Ciudad.
Sobre la nueva marcha de los jubilados en CABA
La marcha de jubilados frente al Congreso se realizará un día antes de un paro general convocado contra el Gobierno nacional previsto para el jueves 10 de abril.
Las fuerzas federales han estado presentes en movilizaciones anteriores de jubilados frente al Congreso desde el 10 de diciembre, y según Bullrich, “van a seguir estando”.
