No sin polémicas, comenzó a discutirse en el seno del Poder Judicial cómo impactaría la creación de una nueva estructura: el Ministerio Público de la Defensa; un organismo que tendría un defensor General inamovible en su cargo, quien sería propuesto por el gobernador, y estaría secundado por cuatro adjuntos.
El legislador Oscar González, uno de los líderes de Hacemos por Córdoba en la Legislatura, presentó en mayo un extenso proyecto de ley con ese objetivo: “La constitución de la defensa como una verdadera ‘institución’”.
Por ahora, el proyecto está en comisión, aunque González ya se reunió con la sala penal del Tribunal Superior de Justicia para presentar los detalles.
Aunque en Tribunales hay cierto consenso respecto de la necesidad de “jerarquizar y modernizar” al servicio de la defensa, la creación de nuevos cargos jerárquicos y la modificación en la composición del Consejo de la Magistratura son los tópicos que alimentan la polémica.
Vale recordar que el Tribunal Superior de Justicia reclama desde hace varios años más recursos para poner en funcionamiento sedes judiciales creadas –como Embalse y Santa Rosa de Río Primero–, sin que el presupuesto aparezca.
Cómo es el proyecto del Ministerio de Defensa
En caso que el oficialismo decida aprobar el proyecto de González, el nuevo organismo judicial reemplazará al servicio de asesores letrados, un esquema que integran 76 funcionarios judiciales (equiparados salarialmente con un juez o fiscal de primera instancia) que tienen a su cargo la defensa y representación en todas las instancias del proceso judicial de miles de personas en causas penales, juveniles, laborales y civiles.
El texto del proyecto de ley propone que el Ministerio Público de la Defensa esté dirigido por un defensor General inamovible del cargo (“vitalicio”, salvo una inconducta) y equiparado salarialmente con un vocal del TSJ. En el texto se prevé que el funcionario judicial jure ante el gobernador, el mismo que lo designa en el cargo tras el proceso de acuerdo legislativo. Los cuatro adjuntos también serían inamovibles, con idénticas retribuciones a las de los integrantes del TSJ.
Se descuenta que cada jefatura del Ministerio de la Defensa requerirá para su funcionamiento el nombramiento de más funcionarios no especificados en el proyecto de ley.
Hacia abajo de la pirámide se prevé que haya al menos dos defensores públicos en cada una de las sedes judiciales.
En caso de aprobarse la propuesta tal como fue presentada, los actuales asesores letrados continuarán en sus cargos con el nuevo nombre de defensores públicos. Actualmente son 76, cada uno con un funcionario y un empleado bajo su mando. Es decir, una estructura mínima frente a los 8.455 que revisten en el Poder Judicial.
De acuerdo con los fundamentos que esgrime en el expediente legislativo Oscar González, la reforma no implica “la modificación sustancial de funciones” de los actuales defensores “ni la designación de nuevos funcionarios”, salvo los que contempla la conducción.
Fuentes del servicio público de la defensa que funciona actualmente remarcaron que a diferencia de lo que ocurre en el Ministerio Público Fiscal, los “asesores letrados” representan a imputados, condenados y víctimas en todas las instancias del proceso judicial, desde la instrucción hasta la Corte Suprema, algo que no ocurre en otras áreas del Poder Judicial.
Sistema mixto de defensa
Para atender la demanda de defensores públicos, el proyecto de ley propone que el Colegio de Abogados de cada sección judicial “organice e implemente” un servicio de patrocinio gratuito, con los honorarios fijados por el Tribunal a cargo del Ministerio de Justicia.
En teoría, y en el actual sistema de defensa pública, cuando la persona que recibe asistencia legal pública tiene recursos, la Procuración del Tesoro intenta recuperar el dinero abonado por el Ministerio de Justicia.
El proyecto de González dice que “serán beneficiarios del servicio las personas que presenten condiciones de vulnerabilidad que, por cualquier razón o circunstancia, dificulte su acceso a la justicia mediante un patrocinio privado y oneroso”.
En ese sentido, en los fundamentos del proyecto de ley González argumenta que este sistema mixto de defensa “impedirá que las personas en situación de vulnerabilidad queden sin el debido patrocinio legal”, para la cual “la remuneración de los letrados estará a cargo del Poder Ejecutivo”.
En este punto, la propuesta siembra “dudas operativas”: ”¿Serán defensores abogados con experiencia o noveles convocados para hacer sus primeras armas?”, es una pregunta que flota en Tribunales, donde destacan que el cuerpo de asesores letrados tiene una muy buena reputación técnica.
En ese sentido, entienden que dejar en manos inexpertas la defensa (o querella, porque los asesores letrados también pueden representar a las víctimas) podría ser contraproducente para el objetivo de “jerarquizar” el instituto de la defensa pública.
González sostiene en los fundamentos que “organizar el servicio de asistencia jurídica gratuita se basa en la idea de crear un órgano que pueda diagramar la política de defensa de los derechos de las personas vulnerables de manera centralizada y con una clara conducción”.
González aclara que jerarquizar la defensa pública es parte de los reclamos que organismos internaciones de derechos humanos le hicieron a la Provincia. “Ellos han abordado la necesidad de dar un decisivo impulso a la esfera de la defensa pública”, dice al fundamentar la necesidad de sancionar esta ley.
Consejo de la Magistratura
El aspecto más polémico del proyecto, según entienden altos funcionarios del Poder Judicial consultados, es que el defensor General será en la práctica el único miembro del Consejo de la Magistratura que tendrá garantizada de por vida una silla en el organismo que selecciona a los funcionarios del Poder Judicial, que pasaría de nueve a 10 miembros en caso que el proyecto de ley prospere en la Unicameral.
Los otros integrantes del Consejo de la Magistratura son: un vocal del Tribunal Superior de Justicia, elegido por el cuerpo; el fiscal General, que dura en el cargo sólo cinco años; un legislador, con cargo de cuatro años; dos jueces; dos abogados y un integrante de la academia, todos ellos elegidos por sus pares y con mandatos de dos años.
