En una investigación por presunta corrupción en un pueblo de Córdoba, un exintendente fue imputado y detenido por la supuesta apropiación ilegal y/o desvío de fondos enviados por el Gobierno nacional que nunca habrían sido destinados para los fines originales, obras de construcción y mejoramiento de instalaciones públicas.
Las sospechas del fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, apuntan a Gabriel Germán Fernández (Unión por Córdoba). El exfuncionario fue intendente de Viamonte durante 20 años, una pequeña población de unos 1.300 habitantes ubicada 370 kilómetros al sudeste de la provincia.
Cabanillas lo imputó como supuesto autor de peculado y administración infiel en perjuicio de la administración pública y partícipe necesario de falsificación de documentos. Hasta ahora es el único imputado y detenido, aunque no se descartan más acusados y arrestados.
Al ser citado a indagatoria, Fernández se abstuvo de declarar hasta conocer los detalles del expediente. La Voz intentó, sin éxito, obtener precisiones de su abogado.
De forma paralela, Fernández está siendo investigado por la Justicia provincial por presuntos autopréstamos con fondos de la Municipalidad. Esta pesquisa no guarda relación con la causa a cargo de Cabanillas y del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa.
Quién es el exintendente investigado
Durante dos décadas fue el máximo responsable del Municipio local. Integró el lote de “intendentes K” durante sus años de gestión. Una de sus hijas fue electa como concejal en la última votación y también colaboraba en la administración de la comuna. Su esposa desempeñaba tareas en la delegación del Pami en Canals (prescindieron de sus servicios este mes) y otra hija trabaja en el Banco Nación de ese poblado.
Activo en X (hasta su detención), Fernández subió fotos mostrando su cercanía con entonces funcionarios kirchneristas, entre ellos, el exministro de Justicia Aníbal Fernández, o su “amigo” y “compañero” Martín Gill, exsecretario de Obras Públicas de la Nación y exministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, enviado a juicio por presunta violencia de género.
Ante la imposibilidad de presentarse nuevamente a una elección, el primo de Fernández, Mauro Moyano, compitió con el actual intendente, Facundo Francisco Manzoni (Juntos por el Cambio), quien ganó la elección.
Denuncia e imputación
El escándalo en el pueblo se desató cuando el sucesor de Fernández, el actual intendente Facundo Francisco Manzoni (Juntos por el Cambio), un productor agropecuario de 30 años, lo denunció ante la Justicia federal.
Señaló que luego analizar las cuentas y movimientos de la Municipalidad durante la gestión de su antecesor observó una serie de irregularidades con fondos que la Nación había girado. Y apuntó contra Fernández al señalar que, entre 2020 y 2023, el entonces intendente habría recibido sumas millonarias.
Así, a pesar de que se habrían transferido los recursos, parte de ellos no habrían sido aplicados a los fines para los cuales fue girada. Manzoni dijo que los fondos no fueron localizados en las arcas municipales, por lo que era un interrogante su destino.
De acuerdo con la acusación, entre diciembre de 2020 y el mismo mes de 2023, durante su gestión, Fernández habría recibido $ 300 mil del entonces Ministerio de Mujeres (hoy extinto) de la Nación a la cuenta del Municipio en el Banco Nación.
El dinero fue destinado para la adquisición de mobiliario y equipamiento a los fines de la creación y puesta en marcha de una oficina de género en Viamonte. Pero la dependencia nunca se creó y los fondos no se encontraron.
El Gobierno nacional, en ese momento a cargo de Alberto Fernández, intimó a la Municipalidad para que realizara la rendición.
Entre 2021 y 2023, el imputado también habría recibido $ 3 millones, en este caso girados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en concepto de subsidio por Covid-19 para brindar asistencia a personas en situación de alta vulnerabilidad. La cifra no se habría utilizado para ese fin ni tampoco se halló documentación respaldatoria de su destino.
En septiembre de 2024, el Ministerio de Capital Humano intimó al Municipio a que presentara la rendición.
El fiscal también le achacó otra irregularidad. En los dos últimos años como intendente, Fernández habría recibido una partida (aún sin precisarse su valor exacto) del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enhosa), del Ministerio de Obras Públicas, para financiar una obra de agua potable en el barrio Néstor Kirchner. El dinero nunca fue hallado, según la denuncia.
Asimismo, Fernández firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional para la construcción de obras en el mismo barrio. El plan era trazar una red de agua potable, electricidad, alumbrado público, red vial, gas natural y obras complementarias.
La comuna recibió $ 133,9 millones pero, según figura en la investigación judicial, presuntamente los trabajos no se completaron: no se construyeron las veredas, el asfalto, las redes de gas y de agua. Parte del dinero transferido no habría sido usado para ese propósito y tampoco fue localizado.
De los $ 133,9 millones, el último desembolso de $ 35,4 millones), inmediatamente fue transferido a otras cuentas, que se investigan. Lo llamativo fue que el dinero fue enviado a esas cuentas los últimos días (inhábiles) a que dejara su mandato.
El peronista, que integró el lote de “intendentes K” durante su gestión, además quedó bajo la lupa por $ 22,5 millones transferidos por la Secretaría de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente de la Nación.
La finalidad era la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de procesamiento de residuos y producción de compost. Pero las obras no se habrían realizado en su totalidad, ya que la planta no habría funcionado. Se estima que registraría un avance de obra del cerca del 40%, por lo que el fiscal sospecha que parte de lo girado no habría sido aplicado a los fines convenidos. Tampoco se habría hallado en las cuentas municipales.
En este caso, Fernández sí habría efectuado rendiciones pero habría intentado justificar el gasto y el avance de obras a través de facturas que se investigan y de informes que no reflejarían los avances reales de la iniciativa cuando debían estar completamente finalizadas.
También despertó sospechas en el nuevo intendente la no culminación del proyectado playón multideportivo, senda peatonal y estación de gimnasio ubicados en Juan Bautista Alberdi y San Juan.
Si bien Fernández recibió $ 8,8 millones de la Secretaría de Articulación de Política Social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, las obras no se habrían realizado. Solo se habría efectuado un alisado de hormigón sobre un playón ya existente (20 años antes), según consta en el expediente que lo investiga.
Como en el caso anterior, el exintendente habría pretendido justificar el gasto y el supuesto avance de obras mediante la presentación de facturas truchas o duplicadas, e informes que corresponderían a otras obras. La Nación intimó a la nueva gestión municipal sobre el estado y destino de la partida.
Casas y deuda
Como parte de un plan de construcción de 13 casas en Viamonte, la Municipalidad local recibió, a través de 17 transferencias, $ 135,5 millones enviadas por la Secretaría de Hábitat, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
El intendente Manzoni sostuvo que Fernández entregó las 13 viviendas. Pero se detectaron deficiencias en su edificación, filtraciones, etc. A pesar de los fondos para su construcción, el Municipio dejó un “rojo” de $ 22 millones que –se sospecha– no habrían sido utilizados para el fin acordado. Por su parte, los $ 9,3 millones que Obras Públicas giró a Viamonte para la ejecución del adoquinado en avenida Díaz Amorín no se habrían utilizado para ese fin.
No dejó de ser llamativo para los investigadores que un día después de recibido el dinero en la cuenta del Nación a nombre de la Municipalidad -y días antes a dejar su cargo-, Fernández habría transferido parte de tal cifra a la cuenta de la comuna en el Banco de Córdoba. Desde allí habría girado, en días inhábiles (incluso, el día de la asunción del nuevo intendente) a diversas cuentas.
El reclamo de la Nación sobre la rendición de cuentas fue cursado a la gestión de Manzoni.
Allanamientos y sospechas
El fiscal pidió al juez una serie de allanamientos y una batería de elementos para intentar rastrear la “ruta” del dinero. A fines de diciembre se llevaron adelante 13 operativos en Viamonte, Canals, Marcos Juárez y en la ciudad de Córdoba.
Se incautaron $ 2,72 millones, U$S 43.648, 38 mil pesos chilenos, 1.600 euros, 420 pesos uruguayos, 370 pesos mejicanos, 227 pesos cubanos, 200 pesos dominicanos y 39 reales. También se incautaron tarjetas de débito, 10 computadoras, dos autos y una moto.
Hasta ahora, no apareció el dinero que se sospecha que Fernández habría desviado. Busca determinarse cuál fue el destino, si hubo más involucrados en las maniobras bajo investigación, y si terminó en la política como un posible “retorno” o se usó para fines personales.
Circulan rumores sobre posibles gastos en los que el exintendente habría incurrido, relacionados con compras y pagos de servicios recreativos, aunque nada fue confirmado aún.
