“No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada”, les disparó Federico Sturzenegger a los empresarios que asistieron al cierre del Coloquio de Idea, el viernes pasado, en Mar del Plata. “El Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema”, agregó, con ironía.
Se refería a los cambios laborales que lograron ser aprobados en la Ley de Bases del 2024, luego de que el capítulo incluido en el famoso DNU 70 fuera suspendido por la Justicia. Hoy se permite que el empleador y el gremio de la actividad cambien, de común acuerdo, el régimen de indemnización laboral que hoy prevé la Ley de Contrato por un Fondo de Cese Laboral, como tiene el gremio de la construcción. Pero a más de un año de que la herramienta estuviera disponible, nadie la usó.
Tampoco avanzó la figura del “colaborador independiente”, que permite a un trabajador tener hasta tres trabajadores a su cargo, pero sin relación de dependencia, porque el temor a un juicio no fue despejado.
Otro cambio que no surtió el efecto esperado tiene que ver con el agravamiento de las multas por indemnización. Hasta el 2024, si el trabajador no estaba registrado, si se registró después de cuando efectivamente ingresó o si tenía declarada una remuneración inferior a la real, gozaba de hasta dos años de plazo para reclamar la doble indemnización por haber estado informal. Eso se eliminó, pero la industria del juicio se las ingenia igual: ahora los reclamos son por daños y perjuicios, que equivalen en plata a lo que antes se reclamaba por falta de registración. “El 90% de los juicios sigue siendo de pobres contra pobres”, juzgó Santiago Zarazaga, abogado laboralista.
“Háganla ustedes”
“Nosotros no vamos a hacer la reforma laboral. Lo que vamos a hacer es darles las herramientas para que la puedan hacer ustedes, que son los que saben cómo la tienen que hacer. Con una única condición: a lo que ustedes acuerden con el gremio, ninguna empresa ni ningún trabajador estarán obligados a aceptar. Así que si no lo hacen con inteligencia suficiente como para que todos consideren que ganan, no va a pasar nada”, los desafió.
Fue Milei, hace una semana, de visita en la planta de Siderar, quien dijo que se aprestaba a presentar una reforma laboral que incentive la contratación de personal. “A ustedes les conviene, porque cuando hay más demanda, el salario sube”, les dijo a los operarios. El ministro de Economía Luis Caputo, el vocero Manuel Adorni y Sturzenegger abundaron luego en la propuesta, pero sólo planteando líneas generales.
Fuentes del Ejecutivo nacional aseguraron a La Voz que no hay ningún borrador avanzado, sino apenas ideas sueltas, con mucha rémora de lo que estaba en el decreto 70. De todos modos, se admite que habrá que hacerlo por consenso y con la premisa de que tanto empresa como trabajador tienen que ganar. “Vamos a hacer como hicimos con la Ley de Bases: se mandará el proyecto que pretende el Ejecutivo y luego se negociará, pueden salir incluso cosas superadoras en esos debates”, dijo a este medio una fuente del Ministerio de Desregulación.
En estos días circuló un borrador de lo que pretendería implementar el Gobierno, aunque nada lleva el sello oficial: libre pactación de salarios, libre pactación de jornada laboral, límite a la extensión automática de los convenios colectivos, eliminación de la indemnización por fallecimiento o incapacidad, eliminación del “in dubio pro operario” (ante la duda, el trabajador siempre tiene la razón), que se liquiden las sentencias a salario actual o por IPC, pero sin tasa adicional y que la carga de la prueba le corresponda a quien demanda, entre otros.
“Inviable algo así. La CGT desde ya se opone y además, las recomendaciones de la OIT y jurisprudencia internacional le dan buenos argumentos para oponerse. Toda nuestra reforma pasa el filtro de las críticas de la CGT”, apunta el economista cordobés Gastón Utrera, que viene trabajando hace al menos tres años sobre la “reforma posible”. Con las cámaras que agrupan a los industriales metalúrgicos, el autotransporte de cargas y las clínicas, entre otros, han detectado problemas puntuales y reescrito el artículo que habilita esa anomalía para corregirla. En general, es porque la norma ha quedado vetusta ante el avance de la tecnología y los nuevos procesos productivos o porque planteaba grises que la industria del juicio supo aprovechar.
“Nosotros trabajamos con tres premisas: todo lo que vayamos a proponer tiene que bajar los costos productivos; no tiene que afectar derechos de los trabajadores y no tiene que afectar a los gremios, porque si es así, te bloquean toda la reforma”, dice Utrera. Él es un convencido de que la estrategia “dura” de tensar al máximo para después ceder no sirve. “Eso es cuando las dos partes están interesadas en negociar, si le sacás el aporte solidario, por ejemplo, les das el argumento para no negociar porque van a decir que los queremos desfinanciar”, explica. El G7 avala la propuesta. Está integrado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de la Construcción Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba. El G7 se presentó en la Corte Suprema cuando se suspendió el capítulo laboral del decreto 70. Ahora, acordaron ir tras el proyecto de Utrera admitiendo que esto es, por ahora, lo que se puede hacer.
Un comité técnico ya tiene identificado los principales problemas que atraviesan las empresas y redactado el artículo que podría cambiar o morigerar esa situación, sin tocar cuestiones de fondo, como la caída de la ultractividad, las negociaciones salariales por empresa o la quita del aporte solidario. “No ponemos nada que caiga fuera de esa línea demarcatoria, porque esta propuesta está trabajada para que tanto los legisladores o los mismos gremios no puedan poner objeciones”, insiste.
Los dichos de Sturzenegger en el cierre de Idea le vienen como anillo al dedo a esta propuesta cordobesa: “Se acabó, ya está, prohibido hacer los paneles de reforma laboral en el Coloquio de Idea, se terminó la historia: ya está, háganla. Hagan la reforma. El Gobierno les dejó de hacer sombra, entren en acción”.
Utrera trabaja con los cluster que agrupan a los diferentes sectores. La industria automotriz plantea que, cuando se aplican suspensiones por caída de actividad a los operarios de Smata, no se pueden aplicar al personal afectado al área logística porque están encuadrados en el gremio de Camioneros. “Es absurdo que, mientras el personal dedicado a la fabricación de automotores, el ‘core’ de la terminal automotriz, se encuentra suspendido por baja actividad, con la planta paralizada, el personal de la misma empresa afectado a actividades logísticas no pueda ser suspendido y, por lo tanto, devengue el total de los salarios y demás conceptos no salariales. Se genera entonces un costo evitable y una inequidad a resolver”, plantea el documento de trabajo N°13 del Foro de Análisis Económico del Autotransporte de Cargas que, en 10 páginas, aborda exclusivamente esta problemática y propone solucionarlo reformando los artículos 218 al 223 bis de LCT para que, cuando el sindicato de la actividad principal se acoge a lo establecido en dichos artículos, acordando suspensión con remuneración reducida, el sindicato de actividades secundarias de dicha empresa deba acogerse a iguales condiciones. Para no vulnerar la autonomía sindical, propone incorporar un artículo que obligue a la autoridad de aplicación a notificar a los gremios de actividades secundarias para que adhieran o formulen observaciones fundadas en un plazo perentorio. “Vencido dicho plazo sin oposición fundada, se entenderá tácitamente homologado el mismo tratamiento para los trabajadores bajo CCT complementarios”, establece el documento.
“Hoy, cuando pones un esquema de productividad en una empresa, al segundo año que lo pagás, la jurisprudencia dice que lo tenés que poner dentro del sueldo porque se repite en el tiempo. Y justamente se repite en el tiempo porque se cumple el objetivo”, dice Utrera. Otra limitación que surge del artículo 66 de LCT: cuando un empresario tiene que cambiar de máquina o de sección a un trabajador, éste se puede dar por despedido. Una más, que tiene que ver con las vacaciones: hoy, si un trabajador se lesiona o enferma dentro de las vacaciones, éstas se suspenden y el trabajador se reincorpora mucho tiempo después al que estaba previsto originalmente, complicando el esquema general de las vacaciones. “Algunos quieren eliminar la lesión dentro de las vacaciones. La forma que logramos es que vuelva cuando se termine la licencia, pero que se puedan reprogramar las vacaciones para otro momento”, dice Utrera.
Otro problema que atraviesa a muchas industrias con trabajadores a un año de jubilarse: plantean demanda por incapacidad laboral y reclaman 29 años de indemnización. “Hay fallos de personas ya jubiladas que meten la demanda por incapacidad y la empresa la tiene que pagar”, señala. “Proponemos reformar el artículo 212, agregando un párrafo que dice que esta indemnización no aplica desde los 12 meses previos a que el trabajador cumpla los requisitos para jubilarse, es una forma inteligente de cortar esto”, apunta. Utrera ha recogido problemáticas concretas en sectores de la salud, del comercio, de la industria y del transporte, entre otros. “Tenemos que hacer nosotros la propuesta, va a pasar el tren y no podemos no subirnos”, dice.
