“Excelente reunión con el gobernador Llaryora y el ministro Acosta y secretario de Hacienda Carlos Guberman. Avanzaremos prontamente con la firma del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, escribió en sus redes sociales, el 7 de marzo pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, luego del último encuentro con el gobernador Martín Llaryora. El cónclave no había sido anunciado.
Que el encuentro en el Palacio de Hacienda trascendiera después de su concreción fue una prueba de que Llaryora habla más de lo que se conoce con “el mejor ministro de Economía de la historia”, según calificó a Caputo –de manera grandilocuente– el presidente Javier Milei.
Luego de 15 meses de una convivencia con muchos vaivenes en el poder, Llaryora encontró en el ministro “Toto” Caputo (tío segundo del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo) una inesperada puerta para dialogar y negociar con la encriptada gestión nacional libertaria.
El gobernador también tiene un buen vínculo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aunque Caputo tiene la lapicera en varias cuestiones en las cuales Llaryora necesita del aval del Gobierno nacional.
El Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (canje por deuda entre la Nación y las provincias) fue el tema que apuntó Caputo como el principal que abordaron en aquella reunión.
Es muy probable que hayan hablado de otras cuestiones que fueron saliendo a la luz en los últimos días. Todas vitales para la gestión llaryorista.
El gobernador eligió el hermetismo sobre aquella charla que tuvo como testigos privilegiados a los mencionados Guberman y al ministro cordobés Acosta, los dos funcionarios que llevan a los papeles lo que acuerdan sus jefes.
Del buen diálogo con Caputo dependen millones de dólares que Llaryora necesita para apuntalar su gestión, en el inicio del segundo año. Son avales para conseguir financiamiento externo para obras de infraestructura, y garantías de la Nación para salir a conseguir pesos en el mercado para cumplir con el pago de los U$S 480 millones que vencen este año.
Otra discusión que Llaryora lleva a la mesa de negociación con Caputo es la abultada deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones que reclama la Provincia.
Son cuestiones muy sensibles para Córdoba, y para la administración llaryorista. No sería temerario asegurar que buena parte de la gestión de Llaryora depende de estas negociaciones con Caputo.
El ministro de Economía ya avaló que Córdoba –y otras provincias– pueda salir a buscar financiamiento externo para obras de infraestructura.
La semana pasada, fue publicado en el Boletín Oficial que la Nación será garantía para que el gobernador de Córdoba salga a conseguir financiamiento por U$S 125 millones para el acueducto Santa Fe-San Francisco.
Se trata de la primera etapa de un megaproyecto que inició en su momento Juan Schiaretti, que tiene como objetivo a largo plazo traer agua del río Paraná hasta la ciudad de Córdoba.
Llaryora y su colega de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, utilizan la puerta de financiamiento de fondos de inversión árabes para este proyecto.
También la gestión libertaria avalará que Llaryora salga a buscar créditos internacionales para distintos proyectos de infraestructura, por un monto de U$S 250 millones.
Pensando en las elecciones provinciales de 2027, estos créditos para obras son fundamentales para la aspiración de reelección que tiene Llaryora.
Aunque quizás el mayor gesto de respaldo de Caputo al gobernador cordobés es un guiño para que, luego del acuerdo con el FMI, Córdoba salga al mercado a colocar deuda por U$S 450 millones, para cumplir con los vencimientos de deuda por U$S 480 millones que debe afrontar este año.
Sin esa colocación de deuda, sería poco probable que la Provincia pudiera hacer frente a vencimientos por casi U$S 500 millones, deuda que dejaron las obras que inauguró la gestión de Juan Schiaretti.
Danza de millones
Es evidente que Llaryora morigeró su discurso en contra de la gestión libertaria. Sólo se diferencia en cuanto al rol del Estado, pero sin hacer ninguna mención directa al irascible presidente de la Nación.
El gobernador trata de no irritar a la Casa Rosada. Intentará resolver con su buen vínculo con Caputo otras dos cuestiones que le urgen: la abultada deuda de la Anses con la Caja de Jubilaciones y el financiamiento de la finalización de la autopista 19, obra que la Nación transfirió a la Provincia.
Córdoba ya tiene presentadas dos demandas en la Corte Suprema contra la Anses. Con la actualización de intereses, la Caja de Jubilaciones le reclama al organismo nacional la friolera de 981 mil millones de pesos.
Es decir, poco menos de U$S 1.000 millones, que significan casi el 10% del presupuesto provincial para este año.
La Anses depende del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Pero fue Caputo quien dio la orden para no enviar “ni un peso” en los últimos 15 meses a las 13 cajas previsionales de las provincias que no las transfirieron a la Nación.
La deuda con Córdoba, y con el resto de las 12 provincias que mantienen sus cajas previsionales, podría afectar el equilibrio fiscal de su gestión, si es que la Corte Suprema de Justicia le da la razón a los gobernadores. Aunque no todos los distritos presentaron demadnas.
Por eso, el ministro de Economía se ocupa personalmente de negociar con los mandatarios provinciales, incluso, por sobre el jefe de Gabinete.
Caputo ya hizo un acuerdo por la deuda previsional con Entre Ríos. Llaryora quiere ser el segundo gobernador en firmar un convenio que le garantice desembolsos mensuales de la Anses para Córdoba, a cuenta de un posible acuerdo extrajudicial.
En cuanto al financiamiento de los 67 kilómetros que faltan de la autopista 19, la Nación tiene vigente un crédito del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) que iba a financiar el total de ese proyecto.
La intención de Llaryora es que la Nación le traspase ese financiamiento para terminar la obra, que tiene un presupuesto de U$S 153,9 millones.
Para esto, el gobernador también necesita de la buena disposición del ministro Caputo, su inesperado nexo con la indefinible gestión libertaria.
