A pocas horas de que 122.554 docentes regresen a las aulas, el Gobierno provincial confirmó que la Nación no envió los casi $ 2.700 millones para el pago del incentivo docente, cuya cuota debería abonarse esta semana. Si el Gobierno central insiste en incumplir con la Ley de Financiamiento Educativo, la Provincia adelantó que no se hará cargo de él, por lo cual el recorte sobre el salario docente será de 7,5%.
“Tenemos una preocupación enorme. La Provincia no tiene forma de hacer frente a ese gasto si el Gobierno nacional no cumple con la ley”, adelantó a La Voz David Consalvi, secretario General de la Gobernación, el funcionario que negocia salarios con los gremios de estatales.
El Fondo de Incentivo Docente fue creado durante el gobierno de Carlos Menem, luego de 1.003 días de una “carpa blanca” montada por los gremios docentes del país frente al Congreso. En enero de 2006, el pago del plus salarial se enmarcó en la Ley de Financiamiento Educativo. Desde 1998 se pagó rigurosamente, hasta este mes.
También el ministro Luis Caputo pisó las partidas garantizadas por la ley 25.053, que completan el fondeo para programas de formación docente. Estos fondos no van directamente al salario, pero sí impactan en el presupuesto de la cartera que comanda Horacio Ferreyra. Son otros $ 237,5 millones por mes.
Que el Gobierno nacional libere los fondos para educación es un pedido en bloque de todos los gobernadores, incluyendo en el listado a los más próximos a Milei, como Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el mendocino Alfredo Cornejo. Esta semana, regresarán a la carga.
Lo propio harán los gremios docentes, como la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). Sonia Alesso, titular del gremio, dijo que la decisión discrecional de pisar los fondos por parte del Gobierno nacional es inédito. “No hay ningún antecedente de ningún gobierno que dejara de pagar”, dijo.
“Este ajuste lo que está haciendo es dañar la posibilidad de vida de la gente. Se pararon todas las obras de infraestructura y eso significa también muchos jardines de infantes, ampliación de escuelas. Una cosa es limitar gastos y otra es directamente no pagar sueldos o no construir escuelas”, añadió Alesso.
En Córdoba, el titular de la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) anticipó que la decisión de no enviar el dinero del incentivo docente “va a disparar un conflicto nacional”.
“Afortunadamente, los gobernadores están en la misma linea que los gremios, y en eso hay que destacar que Llaryora se alineó rápidamente con el reclamo ante una decisión discrecional e ilegal”, dijo Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC.
Los $ 2.700 millones de Nación, correspondientes al pago que se debe efectivizar a mediados de febrero, debieron haber ingresado a las arcas provinciales hace unos 10 días. El importe debería estar depositado en las cajas de ahorro de cada docente esta semana, antes del 18. El Gobierno provincial y la UEPC no tienen expectativas de que el dinero ingrese en las próximas horas.
¿Y la paritaria?
En este escenario, la discusión doméstica por salarios se “ha complejizado por la suspensión del financiamiento nacional”, reconoce Cristalli.
En enero, el Gobierno otorgó a los docentes -vía decreto- un incremento salarial idéntico al que acordó con el resto de los gremios de estatales: 14,6%.
El porcentaje es rechazado por el UEPC, que insiste en que la suba sea idéntica a la inflación. En esa postura, quedó aislado: el resto de los sindicatos estatales acordaron ese porcentaje para cobrar en enero y la mitad de la inflación para los dos meses subsiguientes.
Desde el Panal se sostiene que no hay chance de un cierre diferenciado para el sector docente. Además, Martín Llaryora pide que el “acuerdo incluya otras reformas y que no se circunscriba sólo al tema salarios”.
Pero el nuevo contexto impone “la necesidad de cerrar” al menos este aspecto del conflicto. “Podemos discutir el modo, pero no vamos a resignar el 9,2% que resta de la paritaria 2023″, dice Cristalli, dejando abierta la puerta para discutir.
Para Cristalli, “el incumplimiento en el envío de fondos para la educación es un mazazo para la docencia en general y rompe el entramado del funcionamiento de las escuelas en todo el país. Si no lo frenamos, se va a repetir la disparidad en la calidad educativa que hubo durante los ‘90″, en la última década del siglo pasado.
