Las cárceles de Córdoba son un polvorín. Una compleja trama de sobrepoblación, actividades ilegales y corrupción envuelve uno de los eslabones del deteriorado esquema de seguridad de la provincia.
La investigación judicial que corrió el velo de un presunto complejo entramado delictivo encabezado por la propia cúpula del Servicio Penitenciario va generando cada vez más ruido de mucho impacto en las más altas esferas del poder.
La causa que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier investiga hechos que habrían ocurrido desde hace al menos 10 años, lo que parece revelar una más que compleja red de corrupción, que, todo apunta, fue encabezada por quien fue el propio titular del Servicio Penitenciario durante 16 años.
Juan María Bouvier es el único funcionario que fue detenido mientras estaba en actividad. Fue apresado tres días después de asumir Martín Llaryora como gobernador, cuando ya analizaba el reemplazo de quien administró las cárceles de Córdoba en las gestiones de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti.
Es indisoluble el impacto político que tiene la acusación contra un funcionario de tanta permanencia y tanta confianza con altos personajes del poder.
El temblor del sur
Pero el tembladeral llegó con otra rama de la megacausa de corrupción en las cárceles, que puso entre rejas a quien sería un verdadero peso pesado: el empresario riocuartense Alicio Dagatti.
Según la investigación, Dagatti tuvo un fuerte crecimiento patrimonial. La actividad visible estaba relacionada con la industria frigorífica, pero en el sur se habla de vínculos previos con otros negocios prohibidos desde hace tiempo en el territorio provincial. Con ese sostén económico, incursionó en el mundo del fútbol –donde llegó a presidir el club Estudiantes, de la capital alternativa– y el de los medios de comunicación.
De ahí, sus relaciones con importantes figuras del poder político.
Dagatti es el dueño del frigorífico Livorno, que proveía de carne desde hace tiempo a las cárceles cordobesas. En esos envíos, según investigó Gavier, iba carne no apta para el consumo humano, drogas, alcohol, dispositivos móviles, entre otras cosas que se comercializaban de manera ilegal en las celdas, por montos varias veces millonarios.
Tan aceitado tenía todo como proveedor principal –siempre de acuerdo con lo investigado por el fiscal– que siguió ganando licitaciones aun después de descubrirse en diciembre de 2023 el camión frigorífico con droga, celulares y otros elementos.
El Gobierno provincial aclara recién ahora, una vez que se conocen detalles del escándalo, que esas compras no se terminaron de consumar.
Está claro que Dagatti tenía contactos al más alto nivel y él mismo se ocupó de mencionarlos en su declaración ante el fiscal.
Sin hacerle ninguna acusación que le genere compromiso judicial alguno, Dagatti mencionó sus encuentros en lugares públicos y por motivos institucionales con el gobernador y citó una charla telefónica con el ministro de Justicia, Julián López, que estaba relacionada con una normalización en la provisión de carne.
Pero habría olvidado citar diálogos muy frecuentes con otros ministros, en los que sí se tocaron cuestiones contractuales.
Y dio un paso más. Le está mandando un extraño mensaje al fiscal Gavier sobre sus vínculos. Ya hizo saber que, sin haber sido formalizado como defensor, trabaja como abogado para él nada menos que Germán Garavano, exministro de Justicia de la Nación.
Para dentro de Tribunales, es una bomba. Hasta hace muy poco, Garavano era el principal asesor que tenía el Tribunal Superior y estaba encargado de una amplia reforma judicial.
El alejamiento de esa función estaría relacionado con la tarea de intentar sacar a Dagatti de la cárcel. O sea, pasó de redactar la reforma para mejorar la prestación de Justicia a defender a un acusado de promover la corrupción en las cárceles de Córdoba.
Mientras todos procesan estos mensajes en las delicadas arenas de las internas tribunalicias, llegó otro recado. El nexo entre Garavano y Dagatti sería el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
