Carlos Ferrer, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba y exfiscal provincial, se sumó a la voces que alertan sobre los riesgos institucionales de no designar al titular del Ministerio Público Fiscal, como manda la Constitución.
El cargo de fiscal General está vacante desde hace 14 meses y en su reemplazo se desempeñan dos fiscales adjuntos: Héctor David y José Gómez Demmel.
Para Ferrer, ese es un hecho “anómalo e irregular” que pone en riesgo la prestación del servicio de Justicia. Además, alertó sobre las “unidades judiciales extrañas” creadas durante la pandemia, en el contexto de la fuerte polémica por las imputaciones relacionadas con el geriátrico de Saldán.
–En una exposición reciente advirtió de la situación tan particular de los 14 meses que lleva vacante el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué impacto tiene no tener fiscal General ?
–Es una situación delicada porque estamos ante un esquema institucional irregular, anómalo, precario. No hay explicaciones públicas ni insinuadas de por qué no hay fiscal General designado, incluso cuando ni se avizoraba la pandemia. Con el agravante de que esta anomalía se profundiza porque hay dos fiscales adjuntos en el reemplazo de un cargo que es unipersonal, por un acuerdo cuyos términos se desconocen. En los primeros días de la vacancia, tras finalizar el mandato de Alejandro Moyano, los cuatro fiscales adjuntos se repartieron los roles, tal vez pensando en que esa situación no iba a perdurar en el tiempo. Pero, al poco tiempo, los fiscales generales adjuntos dictaron un reglamento que otorga la conducción y el manejo de la institución a dos subalternos. Además, se dicta una ley que transforma la estructura piramidal del Ministerio Público Fiscal en vertical. No se sabe a quién consultaron para esas modificaciones. Por eso, es de pensar que las aspiraciones para ocupar el cargo es de uno de los dos adjuntos. Esa ley de reforma del Ministerio Público Fiscal es discutible por la situación institucional. Todo se agrava por el reemplazo bicéfalo.
–Esta anomalía, como usted la califica, ha sido objeto de consideraciones de algunos letrados y de legisladores sobre si era o no causal de juicio político al gobernador por incumplimiento de la Constitución. ¿Qué opina?
–Es una situación de destrato, de anomalía institucional, que implica dejar de hacer lo que se debe. La facultad del gobernador no es designar o no un fiscal General. La facultad es a quién designar, con el acuerdo de la Legislatura. Esa omisión es un destrato a la Justicia, que en los hechos se traduce en situaciones como las que estamos viviendo de una creación de unidades fiscales extrañas en medio de la pandemia, que han dado lugar a situaciones conflictivas con una conducción acéfala.
–Usted conoce bien de tantos años de haber ejercido como fiscal el comportamiento de los integrantes del Ministerio Público. ¿Cómo impacta en ellos la ausencia de un fiscal General?
–Todo el cuerpo de fiscales se maneja con criterios y procedimientos que no responden a una directiva general y eso empaña la legalidad, objetividad e independencia de los integrantes del Ministerio Público. Es penoso porque en la Constitución está previsto que sea unipersonal, renovada de manera periódica y con mandato diferente al del gobernador y de los legisladores. Y hay algo más grave, que es que en la expectativa por ganarse los favores de quienes tienen el poder de designar al fiscal General, algunos pueden incurrir en situaciones no transparentes. Eso conspira contra la credibilidad del Ministerio Público.
–Menciona la no coincidencia de los mandatos (cuatro años el gobernador y cinco el fiscal General), y esa situación ha sido expresada como una posible especulación del Ejecutivo para que el próximo período de gobernador coincida lo más posible con el fiscal General designado en este.
–Uno no puede pecar de ingenuo. Es una conjetura compartida por muchos. Hay muchos que han aludido de manera pública a esa situación. El fiscal General no está para cubrir las espaldas de nadie, sino para garantizar una recta prestación del servicio de Justicia.
–Aludió a la fiscalía especial para la pandemia, que está en el ojo de la tormenta por la imputación a dos médicos. El fiscal Andrés Godoy es cuestionado por no haber rendido el concurso para la fiscalía que le crearon.
–El doctor Godoy rindió para ser fiscal en el fuero Penal, Económico y Anticorrupción y no es el cargo que ocupa en este momento. La sola idea de tener un cargo de subrogante habla de la ductilidad de estos fiscales. Todo provisoriedad conspira contra el sistema judicial. Toda esta modificación de la ley orgánica pareciera estar orientada a todas las unidades judiciales y a sacar a los fiscales de las causas que les tocan. La nueva ley permite asignarles causas a fiscales que originalmente no les corresponden.
