Las raíces son largas y gruesas. Y atraviesan todos los esquemas de poder, especialmente el político y el judicial. Configuran un modo de actuar. Una manera de moldear la realidad a la carta, anteponiendo el beneficio propio sobre el general. Lamentablemente, no se trata de un fenómeno nuevo ni mucho menos original: desde hace tiempo, el poder y los privilegios conforman una pareja perfecta.
Los flashes se posan en estas horas sobre Oscar González, la tercera autoridad de la provincia. Y uno de los dirigentes emblemáticos del peronismo cordobés, parte del selecto grupo de políticos que integra el primer anillo del poder provincial desde hace más de dos décadas.
Pero el caso González es apenas una muestra más. Acaso la más palpable y acordobesada de los últimos tiempos, pero no la única.
En una sociedad donde la mitad de la población no puede acceder a los insumos básicos para subsistir, el contraste entre poderosos y desvalidos se hace indigerible.
El sistema político no sólo se niega a tomar nota de ese malestar, sino que elige, adrede, obviar que la responsable de esa desigualdad lacerante es suya. Hay ejemplos frescos a montones: el vacunatorio VIP durante la pandemia; la primera dama y su fiesta de cumpleaños clandestina; Victoria Donda “negreando” –mal que le pese el término– a su empleada doméstica, o los jueces y la corporación judicial que volvieron a evitar pagar Ganancias. Cada uno a su manera y con sus diferencias, representan tipos de privilegios.
La política se ha autogenerado un esquema de favores y oportunidades del que se alimentan siempre los mismos. Un hábitat de confort disociado de la realidad que vive la mayoría, moldeado a discreción durante años.
Bajo la lupa
González es mucho más que el protagonista central de un lamentable siniestro vial, hasta ahora, con una persona muerta y dos con heridas gravísimas.
El presidente provisional de la Legislatura –de licencia desde el lunes y con un futuro político que en el propio Gobierno creen acabado– deberá responder ante la Justicia por su responsabilidad en el luctuoso accidente. Pero, en paralelo, su accionar como funcionario público ha quedado expuesto a la vista de todos.
González es un eslabón de una larga cadena, resistente y poderosa, blandida durante años de relaciones, conexiones y decisiones que lo tuvieron como protagonista. Su firma o su venia decidieron el ingreso de agentes públicos y funcionarios políticos judiciales no sólo en el ámbito de Traslasierra, su bastión territorial y donde forjó su mayor cuota de poder.
El caso González vuelve a demostrar que no hay gestiones sin cabos sueltos. Quién hubiera pensado que un choque vial pondría en jaque aspectos sensibles de una forma de gestionar que el gobernador Juan Schiaretti aspira a exportar fronteras afuera de Córdoba.
Un cúmulo de irregularidades y posibles delitos y/o contravenciones graves que los entes de control correspondientes tendrán que determinar con independencia del calibre de la figura pública en cuestión, desnudan formas y prácticas arraigadas en el sistema político.
La importante flota de autos cedidos por el Poder Judicial a diferentes áreas del Estado y, lo que es más importante y central, el uso que se da a esos vehículos ocupa, con toda lógica y razón, la atención mediática y ciudadana.
Las revelaciones conocidas en las últimas horas reflejan abuso y discrecionalidad de la utilización de la cosa pública. En el caso particular de González, la administración de cuatro de los nueve vehículos –todos de alta gama, incluido el involucrado en el choque– cedidos a la Legislatura por el Poder Judicial.
Sin un criterio claro ni mucho menos reglado, aunque sí amparado por una ley de la década de 1990, los autos en la Unicameral son otorgados por afinidad o conveniencia política entre un puñado de legisladores oficialistas y opositores en la Unicameral.
El poder que acumuló González en sus largos años de permanencia en el sector público alimenta el temor y la prevención que tienen los familiares de las víctimas del siniestro, que reclaman por una investigación transparente y sin injerencias que alteren la causa en la que el legislador está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas.
Para el oficialismo, la caída en desgracia de uno de sus hombres más fuertes en el interior provincial representa un duro golpe, justo cuando el intendente capitalino Martín Llaryora fue oficializado como el heredero al trono de Hacemos por Córdoba.
Hacia adentro del Gobierno provincial, el caso González alteró la dinámica de una semana en que la prioridad era potenciar a Llaryora en medio de un escenario electoral al que todavía le falta definiciones. Las caras largas abundan en el Panal. Los planes se vieron alterados por imperio de la realidad, que no siempre se controla.
Lo que sí volvió a quedar en claro en estos convulsionados días es que hay áreas y poderes del Estado que se mantienen inmóviles ante hechos graves que se suceden. El fuero Penal Económico (Anticorrupción), la unidad especial creada para investigar el accionar de los funcionarios públicos, volvió a hacer gala de esa capacidad de hacer como si nada ocurriera. Hasta este miércoles, sus funcionarios consideraron que nada de todo lo que se está ventilando en torno del siniestro que protagonizó González requiere, siquiera, una intervención de oficio.
