El caso de Virginia Martínez, la denominada “empleada fantasma” de la Legislatura de Córdoba, abrió una grieta en el funcionamiento interno de la Unicameral y, sobre todo, en el alcance de la investigación judicial.
Ahora, se conoció una lista de contratados en la que aparece el nombre de Martínez, y de 22 personas más; aunque la Justicia no avanzó sobre la situación de esas 22 personas.
Así lo reveló Perfil Córdoba, quien destacó que la investigación, a cargo del fiscal Anticorrupción Franco Mondino, no tuvo en cuenta esa lista y circunscribió la causa al intento de cobro irregular del sueldo de Martínez, sin avanzar sobre otros 22 contratos aprobados por un decreto de la vicegobernadora Myrian Prunotto, en los que también existirían indicios de posibles irregularidades.
Todo comenzó el 16 de enero de este año, cuando Kraisman y una mujer, de nombre Luciana Castro, se presentaron en una sucursal del Banco de Córdoba para cobrar el primer sueldo correspondiente a Martínez, una persona que - luego se sabría- jamás había trabajado en la Legislatura.
El cajero detectó la incongruencia entre el DNI y la mujer que intentaba retirar el dinero, y el episodio derivó en la detención de ambos por tentativa de estafa.
La investigación quedó a cargo de Mondino, quien inicialmente calificó el hecho como un conflicto entre privados. Pero el juez de Control, Gustavo Hidalgo, corrigió el rumbo y ordenó cambiar la figura a “tentativa de defraudación a la administración pública”, al considerar que los fondos provenían del Estado.
Aun así, el fiscal mantuvo el foco en los tres protagonistas del episodio —Kraisman, Castro y Martínez— y cerró la instrucción en agosto pasado sin profundizar sobre el sistema de contrataciones en la Legislatura (que derivó en un pedido de Acceso a la Información, de parte de La Voz, para saber cuántos contratados había).
Según Perfil, Mondino no indagó si los otros 22 asesores contratados por decreto en las mismas condiciones efectivamente cumplían tareas o si se trataba de un entramado más amplio de designaciones “de compromiso político”.
La lista
La lista de 23 contratos, fechados desde el 1° de diciembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, fue incorporada a la causa tras una orden de presentación librada por el propio fiscal el 18 de febrero de este año.
Ese día, la Legislatura entregó los legajos requeridos, entre ellos el de Martínez, cuyo vínculo había sido solicitado por la vicepresidenta del cuerpo, Nadia Fernández, para el bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba.
El decreto de Prunotto, incorporado al expediente, detalla nombres y datos de todos los contratados. Allí aparece el de la “empleada fantasma”.
Según una revisión preliminar de la periodista María Ester Romero, sobre algunos de los nombres, demuestra que aparece un productor agropecuario con domicilio en Las Junturas, una mensajera de Villa María, un editor de publicaciones y hasta un hombre registrado como reparador de carrocerías y pintura automotriz.
Este último habría sido contratado durante siete meses, aunque no existen registros de que la Legislatura requiera tareas de ese tipo.
En su portal de Datos Abiertos, la propia Legislatura confirma que 14 de esos 22 contratados aún continúan trabajando como asesores.
Sobre ellos, el fiscal Mondino no avanzó en ninguna línea de investigación.
Tampoco pidió informes complementarios ni citó a declarar a las autoridades que firmaron las designaciones.
Para muchos observadores judiciales y legislativos, esa decisión no es menor. Es que Mondino conoce el funcionamiento interno de la Unicameral ya que antes de ser fiscal fue asesor de la exlegisladora Graciela Brarda, hoy presidenta del PJ del departamento San Justo.
La legisladora Luciana Echevarría, del bloque de izquierda, pidió a comienzos de año la apertura de un jury contra Mondino por su “inacción” en el expediente vinculado a las declaraciones juradas del expresidente de la Legislatura, Oscar González.
“No investigó cuando debía hacerlo”, fue el argumento de la denuncia.
Hoy, el expediente de la “empleada fantasma” sigue siendo un espejo incómodo. Kraisman y Castro fueron elevados a juicio por tentativa de defraudación a la administración pública y además procesados en la Justicia Federal por “uso ilegítimo de documento de otra persona”.
Martínez, en cambio, obtuvo una falta de mérito por presunto falso testimonio.
