El silencio suele ser un síntoma elocuente de un fuerte e inesperado impacto político. A los más encumbrados funcionarios del Gobierno provincial les cuesta hablar, hasta en privado, de la situación del legislador Oscar González, involucrado en un trágico accidente que le costó la vida a una persona y graves heridas a dos adolescentes.
“Es un tema que está en la Justicia y deberá resolver la fiscal”, es la frase más recurrente de boca de los funcionarios schiarettistas.
Más allá del hermetismo, el PJ deberá tomar decisiones. Oscar González no es un legislador más. Es el presidente provisorio de la Legislatura y el hombre con más poder en el parlamento cordobés, después del vicegobernador Manuel Calvo.
González pidió licencia hasta el 21 de noviembre, momento en el cual se comenzará a discutir las autoridades legislativas para el año que viene, que tampoco será uno más: se elegirá a un nuevo gobernador.
Sin reuniones
Según dos fuentes oficiales, hasta anoche no se había realizado una reunión de la mesa chica del PJ para analizar el caso González.
La condena social –que siempre es mucho más rápida que la judicial– es lo que evalúan en el Centro Cívico.
Hoy el tema tendrá resonancia en la Legislatura, en la sesión de cada miércoles. Se espera que haya fuertes críticas y pedidos de informe de los bloques de izquierda y del vecinalismo por el manejo de los vehículos judicializados, uno de los cuales conducía el legislador peronista cuando chocó de frente con otro automóvil.
Los legisladores peronistas se volverán a ver las caras y el caso González será un tema obligatorio.
Es un hecho que este no seguirá ocupando el tercer lugar en la línea sucesoria provincial. Lo que no está claro es quién lo sucederá, para afrontar un 2023 electoral.
No habría que descartar que el gobernador Juan Schiaretti apele al regreso a la Legislatura de algunos de sus ministros que tienen licencia, para fortalecer el Poder Legislativo en un año trascendente.
Habrá que esperar la evolución de la causa judicial. Poniendo la lupa sólo en la cuestión política de un hecho trágico, el PJ deberá buscar un reemplazante en la campaña para su máximo referente en el Valle de Traslasierra. Todos los peronistas admiten que González no podrá militar en política, al menos en el corto plazo.
En el PJ están atentos y hay inquietud por la sensibilidad social que genera un hecho trágico que involucra a uno de sus referentes, en un contexto de manejos de vehículos judicializados que están a cargo del Estado. Una mala noticia y un hecho incómodo, en el arranque de la campaña electoral.
