Un trámite judicial volvió a poner en el centro de la polémica a Oscar González, el suspendido legislador provincial imputado como presunto responsable del siniestro vial que dejó con graves lesiones a una adolescente y la muerte de una docente, ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres el 29 octubre de 2022.
El juez de Control de la causa, José María Estigarrivia, dispuso el embargo de dos inmuebles propiedad del otrora poderoso dirigente del peronismo cordobés, pero en los fundamentos de su resolución el magistrado calificó de “irrisorio” el valor de mercado que González le asignó a cada inmueble en su declaración jurada ante la Legislatura, y develó que el imputado tiene seis inmubles más de los 11 que declaró al asumir como legislador, en febrero de 2020.
En el caso del embargo, el juez dispuso que pese sobre dos inmuebles de González: un departamento ubicado en Poeta Lugones 370, frente al Parque Sarmiento, y una casa en Hormaeche 331, en Villa Dolores. Con ambos inmuebles, el juez dice que se cubrirían unos 22 millones de pesos, para el supuesto caso que finalmente González sea encontrado responsable del siniestro y las consecuencias que de éste derivaron. Vale recordarlo: el caso está en plena investigación y la Fiscalía aún no requirió la elevación a juicio.
La defensa de González sostiene que éste no es responsable de culpa o dolo, por lo que esta medida patrimonial no tiene vinculación con la investigación del “accidente”. En ese sentido, remarca que el vehículo que conducía González contaba con seguro, por lo que una hipotética indemnización surgiría de la caución, no del patrimonio del por ahora imputado.
Montos “irrisorios”
Al analizar qué inmuebles embargar para proteger una eventual indeminización a las víctimas, el juez apuntó que “no es menos cierto que el monto asignado (por González en su declaración jurada) a cada bien resulta evidentemente irrisorio”.
El juez de Contol lo plasmó así en la resolución: ”Esto así, porque una casa habitación en un importante barrio de la ciudad de Córdoba, en Arquitecto Carlos Thays N° 83, es tasada en 924 mil pesos; departamentos en importantes zonas de la Capital se valúan en 35 mil pesos (Poeta Lugones 370 y Chacabuco 744), 400 mil pesos y 650 mil pesos (Ituzaingo 494), 800 mil pesos (Poeta Lugones 356); una cochera en pleno Centro, en 20 mil pesos (Chacabuco 775); una casa ubicada en la ciudad de Villa Dolores, 50 mil pesos (Hormaeche 331); el 50 por ciento de un lote en la misma localidad, en cinco centavos; un lote en la localidad de San Javier, cinco mil pesos; y una casa en el mismo lugar, 398 mil pesos; y el 50 por ciento de un lote en Yacanto, 40 mil pesos”.
Al revisar esos valores de mercado declarados por González en febrero de 2020, el juez concluyó: ”Desde la óptica de una persona común con conocimientos mínimos de mercado se advierte sin mayor esfuerzo que los bienes descriptos conforman un patrimonio de importancia tal que supera largamente la cifra de 4 millones de pesos y me atrevo a decir que el monto indemnizatorio pretendido” por las presuntas víctimas, que asciende a 122 millones de pesos.
El juez Estigarrivia hundió el bisturí en la resolución y dejó asentado que en una revisión en los registros públicos fueron identificacos 17 inmuebles a nombre de Oscar González, es decir seis más de los que estaban individualizados en la declaración patrimonial como funcionario; inmuebles a los que se suman un Audi Quattro y 92.158 dólares. Estos dos últimos ítems, sí están consignados en la declaración patrimonial.
“Mal puede sostenerse que el patrimonio del demandado no puede resultar suficiente para garantizar el futuro monto indemnizatorio (...) sino que hace presumir todo lo contrario”, dijo el juez Estigarrivia.
Al sostener el embargo, Estigarrivia agregó: ”No hay dudas de la verosimilitud (...) del inconmensurable daño producido por el siniestro en las adolescentes afectadas, ni tampoco lo podría haber en cuanto al luctuoso final de la madre de una de ellas (...). A su vez, nada puede asegurar la solvencia del demandado al momento de dictarse una eventual sentencia favorable a las pretensiones de las víctimas. No puede dejarse de lado que en el caso concreto la responsabilidad de (González) en dicho evento se presenta como una probabilidad”.
