Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios de su gobierno y empresarios se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados en la primera audiencia oral y pública del juicio en el que se les imputa el delito de asociación ilícita contra el Estado nacional.
La audiencia, a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF7), que integran Enrique Méndez Signori –presidente–, Fernando Canero y Germán Castelli, se realizó de forma online y se extendió por más de cuatro horas a raíz de algunos problemas técnicos.
Poco antes del inicio, la expresidenta publicó un posteo en el que rechazó los cargos y calificó el nuevo proceso en su contra como “show judicial”.
“Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, señaló CFK.
Al iniciarse la audiencia, se les pidió a los acusados que se mostraran ante las cámaras. CFK intentó esconderse detrás de su abogado, Carlos Beraldi, pero se le exigió su imagen para poder confirmar su participación. Lo hizo en forma fugaz.
Luego, la secretaría del juzgado, María Cecilia Chichizola, inició la lectura del requerimiento a juicio que firmó el fiscal Carlos Stornelli.
Más tarde se detallaron los hechos y fue el momento en que se aludió en forma directa a la expresidenta: “Tengo por cierto y demostrado que Cristina Fernández, Julio De Vido, Miguel De Vido, Roberto Baratta, Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti, Claudio Uberti, Oscar Centeno, Gerardo Luis Ferreyra, Germán Ariel Nivello, José Francisco López y Oscar Alfredo Thomas integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
En este marco, la fiscalía señaló que “se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumplió Néstor Kirchner (respecto de quien se declaró extinguida la acción penal por muerte y consecuentemente se dictó su sobreseimiento)”.
Luego se dieron a conocer las acusaciones que pesan sobre la expresidenta: cobros a empresarios (los que Centeno asentó en sus cuadernos), las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
La etapa de lectura de la elevación a juicio se extenderá al menos durante todo noviembre y luego se abrirán otras instancias judiciales.
Este proceso tiene 87 imputados, de los cuales 19 son exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
El presidente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) afirmó que en 30 años como fiscal nunca vio ”tantos elementos probatorios, tantas declaraciones, tantos datos que acompañen y corroboran los dichos de (Oscar) Centeno (uno de los arrepentidos) y los cuadernos”.
La próxima audiencia se celebrará el jueves 13 y se estima que todo el juicio podría demorar más de un año, dado la magnitud de la causa, que tiene más de 600 testigos por declarar.
