Tras ampliar el año pasado la imputación contra el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y otros acusados en la causa en la que se investigan el presunto lavado y la administración fraudulenta de millonarios inmuebles adquiridos por el gremio en La Falda, el fiscal federal N° 2, Carlos María Casas Nóblega, investigará ahora si los sospechados tuvieron una relación preexistente al cierre de las transacciones para desviar fondos del sindicato.
Entre varias medidas, el instructor solicitó al juez N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, oficiar a empresas de telefonía para que informen los números de los mencionados en la causa para, en una segunda etapa, determinar si sostuvieron algún tipo de vínculo anterior a la consumación de las operaciones comerciales, que son objeto de sospecha, que contribuyeran a ese fin.
El juez delegó al fiscal la investigación que tuvo a su cargo en los últimos años. Casas Nóblega espera imprimirle celeridad al expediente para dictaminar si corresponde el sobreseimiento o el procesamiento de los acusados. Por lo pronto, trabaja sobre una batería de medidas en busca de sumar algunos elementos que le permitan cerrar la pesquisa.
Fuentes judiciales comentaron a La Voz que se busca establecer si desde el gremio se mantuvo o no alguna relación preexistente con el vendedor, anterior al cierre del acuerdo inmobiliario, que pudiera haber llevado a perpetrar los delitos que se investigan.
Cómo nació la causa contra Hugo Moyano
La causa nació luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) envió el primer reporte de operación sospechosa (ROS) a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), alertando sobre extraños movimientos de dinero por la compraventa de los cinco inmuebles. Posteriormente, la Procelac presentó una denuncia penal ante el entonces fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano (ya jubilado).
El funcionario imputó a Moyano y a Villegas por supuesto lavado de activos y administración fraudulenta, mientras que les adjudicó a Mesías, a Capuccio (socio fundador y accionista mayoritario de Kiano SA) y a Enrique José Mariñasky (de Kiano SA) el delito de lavado de activos.
Mesías, Capuccio y Mariñasky (luego sobreseído por fallecimiento) habrían conformado un grupo, utilizando a Kiano SA para intervenir en operaciones comerciales inmobiliarias a favor del Sindicato de Camioneros, simulando y aumentando los valores reales de cinco inmuebles.
De esta forma, en 2004, Capuccio adquirió los cinco inmuebles ubicados frente al hotel Primero de Mayo, de Camioneros, por 1.302 metros cuadrados en total. El 11 de octubre de 2013, Capuccio (socio fundador y accionista de Kiano) se los vendió a la misma Kiano por 309.255 pesos.
Seis días después, Kiano –a través de su representante, Mariñasky– vendió los terrenos a Mesías por 500 mil pesos. Y casi dos meses después, Mesías cedió sus derechos de los inmuebles a Camioneros a cambio de seis millones de pesos. Moyano y Villegas, en su carácter de autoridades del gremio, habrían participado en las operatorias con la finalidad de desviar fondos pertenecientes al sindicato y “reciclar” ganancias ilícitas mediante el uso del mercado inmobiliario.
En 2018, Moyano tuvo una visita fugaz para declarar por poco más de 20 minutos frente al juez Sánchez Freytes, quien ordenó hace algunos meses al Consejo de Tasación de la Provincia un informe pericial sobre el valor de las propiedades.
Qué determinaron las tasaciones
El Consejo de Tasación determinó (según parámetros “objetivos”) que el monto se ubicaba entre los 2,7 y los 2,8 millones de pesos, con lo que surgió una diferencia notable de varios millones respecto de lo sostenido por los peritos de las defensas, ya que lo situaron entre los seis, siete y hasta ocho millones.
Los peritajes oficiales ya habían ubicado el monto entre los 2,5 y los 2,9 millones de pesos. En su análisis, Tasación de la Provincia declinó agregarle a su análisis un índice aplicado por el Tribunal de Tasación de la Nación para su cálculo. Ese índice o parámetro incrementa el valor de un lote por su ubicación y valor constructivo.
De ese modo, Tasación de la Nación estimó el valor en 2,8 millones, pero con la aplicación del índice lo elevó a 4,1 millones. Asimismo, Sánchez Freytes y un funcionario de la fiscalía realizaron una inspección ocular del predio del hotel, y se analizaron planos y una serie de datos sobre las instalaciones.
Aspecto “objetivo” y “subjetivo”
Por otro lado, algunos brokers o corredores inmobiliarios consultados en la causa aludieron a una diferencia entre el valor “objetivo” de una propiedad o terreno (lo que analizaron los organismos de tasación sobre el bien en sí) y lo que entra en el campo de la “subjetividad”.
Al respecto, comentaron que es algo frecuente que, cuando existe un interesado en un predio o construcción, el propietario eleve el precio (por encima del valor “objetivo”, la tasación del bien en sí) sabiendo del intenso interés, con lo que logra tener “cautivo”, en cierta forma, al potencial comprador, para que finalmente que abone la cifra establecida por el vendedor.
Sin embargo, la duda persiste sobre si la diferencia entre el valor “objetivo” y el finalmente acordado se pudo haber debido a esa “subjetividad” en el mercado o si en realidad se usó la diferencia para desviar fondos del gremio.
En noviembre pasado, Casas Nóblega amplió su investigación e imputó a Moyano, a Villegas, a Capuccio, a Mesías y a Carroll por presunto lavado de activos. El 19 de diciembre de 2013 se habría gestado otra operatoria, apenas dos semanas después de la presunta maniobra fraudulenta que Moyano y Villegas (de Camioneros), y Mesías, Capuccio y Mariñasky (fallecido hace varios años) (por Kiano SA), habrían perpetrado con la compraventa con un alto sobreprecio de los cinco lotes.
Así, Moyano, Villegas, Mesías, Capuccio y Carroll, con parte del dinero obtenido en aquella presunta maniobra ilícita, habrían realizado una serie de compraventas de inmuebles. Las habrían materializado con la participación –en todas las operaciones– de la misma escribanía (de Olga Elisa Griodi de Abat, de La Cumbre), con la que se había concretado la venta inicial de los cinco lotes.
Inmuebles
El objetivo habría sido colocar y estratificar el monto de dinero –presumiblemente de procedencia ilegal– para darle apariencia legal. De este modo, el mismo 19 de diciembre, Capuccio vendió a Mesías los departamentos 7 y 24 del edificio Chateau Mirage, ubicado en el pasaje Capdevila s/n, de La Falda, por 230 mil y 315 mil pesos en efectivo, respectivamente, pagados al suscribir el acta.
Asimismo, Capuccio vendió a Carrol (entonces esposa de Mesías) el departamento 2 por 160 mil pesos, y las unidades 3, 4, 5 y 6 por 265 mil pesos. El fiscal presume que Carroll habría cooperado con Moyano, Villegas, Mesías y Capuccio para registrar los inmuebles a su nombre.
El propósito habría sido estratificar el dinero supuestamente ilícito, evitando así controles estatales y logrando poner en circulación en el mercado inmobiliario el dinero proveniente de la presunta maniobra de administración fraudulenta. Casas Nóblega busca reunir mayor caudal de información sobre la financiación de Chateau Mirage.
