El juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio la causa que investiga el supuesto pago de coimas por parte de la firma brasileña Odebrecht y sus socios argentinos a exfuncionarios kirchneristas, para obtener los contratos de construcción de dos obras para la empresa estatal AySA, publicó el diario Clarín.
En el caso están procesados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López, Roberto Baratta (ex número "2" de Planificación Federal), el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, los exdirectivos de AySA Raúl Biancuzzo y Carlos Ben, el empresario Carlos Wagner y el cordobés Aldo Roggio, entre otros.
De ellos, algunos irán a juicio acusados por sobornos y otros, por administración fraudulenta.
Pagos
De acuerdo con el medio porteño, Odebrecht es la compañía implicada en el megaproceso por corrupción brasileño Lava Jato que admitió haber pagado coimas por 35 millones de dólares en nuestro país para obtener contratos de obras públicas durante el gobierno kirchnerista.
El primero de los proyectos bajo la lupa era la construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora “Paraná de las Palmas”, que fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, “Supercemento” -16,66%-, “Benito Roggio e Hijos” -16,67%- y “José Cartellone Construcciones Civiles”, con una participación de 16,66%.
El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas “Camargo Correa -60%- y “Esuco” -40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.
En su investigación, el juez Casanello determinó que se "celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos".
Dos organismos del Estado bajo la actual gestión pidieron que los 26 imputados vayan a juicio, y por ello el juez Casanello le pidió al fiscal del caso, Federico Delgado, que haga su requerimiento de elevación.
El juez sostuvo que se tuvo por "acreditado que las UTE conformadas por Odebrecht, Supercemento, Roggio y Cartellone -en el caso de Paraná de las Palmas-; y Camargo Correa y Esuco -en Berazategui- resultaran adjudicadas" para luego "otorgarles, además -en ambos casos-, beneficios tales como obras adicionales, redeterminaciones de precios, adelantos financieros y extensiones en los plazos de ejecución, causándose un perjuicio en el Estado Nacional".
Para el magistrado, por estas maniobras el Estado "se vio privado de obtener mejores ofertas por la ausencia de competencia, debió afrontar mayores costos finales y soportar graves dilaciones en la entrega de las obras".
Por eso, remarcó que esta operación "fue desplegada por los funcionarios apartándose de los principios elementales que rigen las contrataciones públicas, tales como la igualdad, la competencia y la transparencia". Asimismo, "los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones en cuestión, en clara violación a los deberes impuestos por las normas que rigen su actuación".
En consecuencia, todo ello "permitió acreditar que nos encontrábamos ante licitaciones simuladas, que funcionaron como un disfraz para dar apariencia de legalidad formal a decisiones que se habían concebido con anterioridad", indicó el fiscal Delgado.
Todo ocurrió entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos. Para la fiscalía, el terreno en que se desarrollaron los sucesos también tiene dos planos.
También se determinó que existió un circuito de coimas. Casanello refirió que las irregularidades detectadas en ambas licitaciones "desnudaron el actuar interesado de los funcionarios en favor de las empresas adjudicatarias de las obras, todo ello en perjuicio del Estado quien debió afrontar mayores costos e injustificados retrasos en la entrega de las obras".
Esto tenía otra finalidad, ya que según el juez el "direccionamiento de las licitaciones" comenzó "antes de que se formularan los requerimientos de contratación por parte de la empresa Aysa, en tanto que los beneficios y ventajas ilegales acordadas entre funcionarios y particulares de las empresas se extendieron durante la ejecución de las obras".
Odebrecht confesó que utilizaba un mecanismo sofisticado para efectuar los pagos ilegales (coimas). "Dicho mecanismo estaba conformado por una contabilidad paralela y un sector de la empresa dedicado sólo a la gestión de los pagos ilegales que eran mayormente canalizados a través de cuentas y sociedades offshore, ello con el fin de dificultar la trazabilidad del dinero", resaltó el juez.
Los pagos espurios se realizaron a través de la División de Operaciones Estructuradas, y tuvieron como "destinatarios finales fueron funcionarios públicos argentinos. Los pagos, según la prueba colectada. se realizaron en dos etapas: la primera con el propósito de obtener la adjudicación de los contratos y la segunda con el fin de destrabar pagos adeudados".
