El exmandatario Alberto Fernández fue procesado por corrupción en la conocida “Causa Seguros”, bajo la acusación de incompatibilidad en los deberes de funcionario público durante su presidencia. La investigación, que cobró relevancia con un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), se centra en irregularidades detectadas en 45 contratos de seguros.
La causa se inició por la contratación de servicios de seguros que el Estado firmó con Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación, con la intermediación de brokers cercanos al entorno del expresidente. El informe de Procelac resultó “clave para avanzar” en la causa, al demostrar la “íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados.
Entre los otros involucrados en la causa se encuentran María Cantero, exsecretaria de Fernández; su esposo, Héctor Martínez Sosa, un broker que se habría beneficiado y es amigo del expresidente; y Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros. Se les acusa de haber montado una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021.
El mencionado decreto 823/2021 fue impulsado por Fernández, estableciendo la obligación para todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA.
Cuando fue citado a declarar en Comodoro Py, Alberto Fernández optó por presentar un escrito, manifestando: “No comprendo los cargos que me formulan”.
En su defensa, el expresidente detalló que el decreto no fue una iniciativa exclusivamente suya, sino que contó con el impulso de diversos organismos estatales, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y la propia Nación Seguros.
Argumentó que el decreto fue “una decisión política, no debe ser objeto de judicialización”, y que su objetivo era “generar la mejor sinergia entre los recursos públicos y mejorar la eficiencia del sistema asegurador del Estado”.
