La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia crucial para el próximo 11 de septiembre para revisar el monto del decomiso impuesto a la expresidenta Cristina Kirchner en la denominada Causa Vialidad. En esta instancia, los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña deberán decidir si convalidan la cifra calculada por los peritos de la Corte Suprema, que asciende a $600.000 millones, o si aceptan los cuestionamientos presentados por la defensa de la exmandataria.
Cristina Kirchner presentó un planteo en el que cuestionó vehementemente el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para actualizar el monto a devolver. Según su argumento, esta cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.
La defensa de la expresidenta, a cargo de su abogado, sostiene que la cifra actual es “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”. El principal punto de conflicto radica en la elección del índice de precios al consumidor del Indec para el cálculo, en lugar de tasas bancarias. La expresidenta recordó que en otros expedientes vinculados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces, la Justicia utilizó la tasa pasiva del Banco Nación (BNA), lo que, según su óptica, “arrojaría cifras 100 veces menores”. Por ello, el documento presentado ante Casación solicita la suspensión de la medida hasta que haya una sentencia firme sobre el monto.
En su presentación, la titular del PJ también reiteró que no posee ni ha poseído en su patrimonio “cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado” ni bienes o ganancias que sean producto o provecho del episodio, por lo que no serían decomisables. Afirmó que su evolución patrimonial “resulta absolutamente legítima”, al igual que la del resto de la familia Kirchner, y que esta aseveración se sustenta en pronunciamientos judiciales previos con autoridad de cosa juzgada.
La exmandataria considera que todo lo expuesto representa un trato “desigual y arbitrario”. Además, adelantó que, de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema y a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” para revertir la medida.
