El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) dio a conocer este martes su veredicto en la causa Vialidad y resolvió condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a la pena de 6 años de prisión, al considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta contra el Estado entre 2003 y 2015.
Además, no podrá ejercer cargos públicos ya que fue inhabilitada de por vida.
Así lo resolvieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del TOF2.
No hubo condena por la figura de “asociación ilícita”, que también había sido pedida por los fiscales.
De todas maneras, Cristina no irá presa ni tendrá ninguna prohibición para seguir en su cargo y también podrá ser candidata, ya que el fallo debe quedar firme para ser aplicado, lo que promete varias instancias más.
Unos minutos después, la vicepresidenta habló, a través de redes sociales, y anunció que no será “candidata a nada” en 2023.
La sentencia contra Cristina Kirchner
La sentencia fue leída por el TOF2 constituido de manera presencial en una sala de audiencias en la planta baja de los tribunales federales en Comodoro Py 2002, edificio que amaneció con fuertes medidas de seguridad (doble vallado, sólo un acceso habilitado y dos centenares de policías destinados a la custodia) para evitar incidentes durante la movilización de seguidores de Cristina Kirchner.
El fiscal Diego Luciani, que había pedido 12 años de condena para ella escuchó el resultado desde su oficina.
La vicepresidenta se enteró del fallo en su despacho del Senado.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, dijo el tribunal.
Los fundamentos serán leídos en las próximas semanas.
Vale recordar que la Oficina Anticorrupción de la Nación desistió de seguir siendo querellante cuando el Gobierno nacional pasó a manos de Alberto Fernández.
La resolución
Lázaro, condenado
El empresario Lázaro Báez fue condenado a 6 años de prisión por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El pedido de los fiscales había sido de 12 años de cárcel como organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
Por su parte, el exministro de Planificación Julio de Vido fue absuelto.
Un fallo histórico
Se trata de un fallo histórico y de alto impacto para la escena política de la Argentina, porque Cristina Kirchner no sólo se convirtió así en la primera vicepresidenta en ejercicio en ser condenada por un caso de corrupción, sino que además la sentencia se conoció en medio de los movimientos que inició la referente del oficialismo para mostrarse como potencial candidata para pelear la presidencia en 2023.
En principio, la condena no será de cumplimiento efectivo porque Cristina Kirchner podrá apelar ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos. Y si el fallo en la segunda instancia también es adverso, la Vicepresidenta podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tendrá la última palabra.
El juicio por la causa Vialidad se extendió durante tres años, en el que se desarrollaron 117 audiencias y se escucharon a 114 testigos.
Los fiscales Luciani y Sergio Mola habían reclamado 12 años de cárcel para Cristina y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Luciani y Mola justificaron su pedido al considerar que la expresidenta lideró una asociación ilícita que funcionó en la estructura del Estado para favorecer al empresario Lázaro Báez con contratos de obras viales en Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Los fiscales sostuvieron que la empresa Austral Construcciones (del grupo empresarial de Báez) fue la estructura creada para extraer fondos públicos mediante la asignación irregular de obras públicas viales.
Asimismo, consideraron que hubo varios proyectos asignados a esa compañía que registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron. Luciano y Mola hablaron del " mayor” esquema de corrupción “que se haya conocido en el país’'.
En sus presentaciones ante el TOF2, Cristina Kirchner negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio. La Vicepresidenta hasta comparó al tribunal con un “pelotón de fusilamiento”.
La defensa de CFK fue ejercida por un equipo liderado por el abogado Carlos Beraldi.
“Acá hablan de retornos cuando son sólo operaciones comerciales, con prestaciones recíprocas, uno alquila y el otro paga un alquiler, uno pide un préstamo y el otro paga los intereses, cómo pueden hablar de retorno”, justificó Beraldi, sobre las relaciones comerciales entre Báez y la familia Kirchner.
En una entrevista publicada ayer en el diario de Brasil, Folha de San Pablo, Cristina Kirchner explicó porqué el 2 de diciembre de 2019, en la primera audiencia del juicio oral, dijo “la sentencia ya está escrita”.
“Se violaron todas las garantías constitucionales”, sostuvo, y volvió a insistir sobre los vínculos entre el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Gimémez Uriburu. La semana pasada, la Vicepresidenta difundió un documento titulado
“Las veinte mentiras de la Causa Vialidad”, con réplicas a las acusaciones.
En su alegato, el fiscal Luciani le puso un número al perjuicio que, entendió, le produjeron al Estado las maniobras ejecutadas entre 2003 y 2015, a los fines de favorecer al Grupo Austral Construcciones de Lázaro Báez: unos 5.321 millones de pesos, dijo.
La causa
La causa se inició en 2016, por una denuncia de Javier Iguacel, entonces director nacional de Vialidad. La investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. Ercolini procesó a Cristina Kirchner.
Antes de ir a juicio oral, la causa pasó varias veces por la Sala I de la Cámara Federal, integrada en ese entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, y también por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Carbajo.
El juez Ercolini quedó envuelto el pasado fin de semana en un episodio polémico, al trascender chats sobre un vuelo privado, de octubre pasado, a la estancia patagónica de Joe Lewis, junto a otros funcionarios judiciales y empresarios de las comunicaciones.
Entre estos estuvieron el camarista Carlos Mahiques, y su hijo, fiscal general porteño, Juan Mahiques, padre y hermano de uno de los fiscales, Ignacio Mahiques, que imputó a Cristina Kirchner en la primera etapa de la causa.
