El fiscal Mario Villar solicitó en las últimas horas a la Corte Suprema que se agrave la condena contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, buscando que se la acuse también por el delito de asociación ilícita en calidad de jefa, lo que podría elevar su condena a doce años de prisión. Además, la fiscalía apeló la absolución de Julio De Vido.
Villar, representante del Ministerio Público Fiscal, basa su apelación en la tesis sostenida por el fiscal de juicio, Diego Luciani. Luciani argumenta que se debe incorporar el delito de asociación ilícita en la acusación contra Kirchner. La Corte Suprema será la encargada de revisar la confirmación de la condena en el caso Vialidad.
Según el fiscal Villar, se cumplen todos los elementos que exige el Código Penal para aplicar una acusación por asociación ilícita. Villar explica que se necesitaba un empresario dispuesto a colaborar en el sistema de corrupción creado para lograr los fines de la asociación ilícita, utilizando la obra pública vial como fachada.
La Sala IV de la Cámara de Casación rechazó la acusación de asociación ilícita al considerar que existe un único hecho delictivo, ya que la asociación ilícita requiere delitos indeterminados. Sin embargo, el fiscal Villar argumenta que se cometió un delito durante tres administraciones presidenciales distintas, lo que implica una multiplicidad de planes y no una única administración.
El camarista Gustavo Hornos, en un voto minoritario, respaldó la tesis de la fiscalía, señalando que la estructura investigada funcionó de manera ininterrumpida durante más de doce años, desde el inicio del mandato de Néstor Kirchner en 2003 hasta el fin del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Hornos considera que la maniobra no consistió en licitaciones aisladas, sino en una asociación delictiva estable y continua que explotó el aparato estatal para su beneficio.
La fiscalía sostiene que la asociación ilícita estaba integrada por Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez, quienes se organizaron para cometer los hechos investigados. El Ministerio Público Fiscal considera que cada licitación es una defraudación en sí misma, lo que permite sostener la multiplicidad de ilícitos cometidos, un elemento indispensable para la acusación de asociación ilícita.
El voto de Hornos también destaca que la organización utilizó el aparato estatal y la burocracia administrativa como fachada para encubrir los delitos cometidos, desviando fondos públicos y beneficiando a sus allegados, especialmente en el sector de la construcción vial en Santa Cruz. Hornos concluye que este modelo de corrupción constituyó una asociación ilícita con una estructura organizada y jerárquica que operó durante más de doce años con una clara estrategia de saquear los recursos del Estado.
Mario Villar retomó esta línea argumental al acudir a la Corte Suprema de Justicia, buscando que se agrave la condena de la ex vicepresidenta. Según una fuente judicial consultada por Clarín, “la gravedad de los hechos de corrupción, una defraudación cometida por funcionarios públicos durante doce años lo que habla de un delito continuado”.
