Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que el Tribunal Oral Federal 2 ejecute de forma inmediata los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad.
Los representantes del Ministerio Público presentaron un escrito para contestar el planteo de la exmandataria, quien alegó nulidades y la incompetencia del tribunal para llevar adelante el decomiso de los 684.990.350.139 de pesos que les había impuesto a los condenados como reparación por los daños causados a la administración pública, según Infobae.
“Para empezar, debemos tener presente que en este juicio se acreditó la existencia —entre 2003 y 2015— de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente, se hayan desarrollado en la historia de nuestro país. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas del Estado“, plantearon Luciani y Mola al contestar en un escrito la vista ordenada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Pedido de Cristina Kirchner
La exjefa de Estado había presentado un escrito junto sus defensores donde impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes, cuestionó el monto fijado y solicitó que se deje sin efecto esa medida.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de la calle San Jose´1111 como consecuencia de la condena a seis años de cárcel que recibió.
En la causa se determinó que entre 2003 y 2015 hubo irregularidaddes en las obras viales concedidas al empresario Lázaro Báez para Santa Cruz, también condenado en el caso junto al exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios de ese organismo.
Los fiscales dijeron que Kirchner era “la principal responsable” de la maniobra fraudulenta contra el Estado y la acusaron de anteponer “todo tipo de artilugios y excusas” para “impedir el recupero de los efectos del delito”. También consideraron que sus planteos apuntan a “obturar toda posibilidad de que se recuperen los efectos del delito, cuyo apoderamiento ilícito se comprobodó en este juicio y se determinó en una sentencia que ha adquirido firmeza”.
“Por todo lo expuesto, solicitamos que se tengan presentes las manifestaciones de hecho y de derecho realizadas en este dictamen y que, en función de ello, no se haga lugar al planteo de incompetencia promovido por Fernández con el patrocinio letrado de sus abogados”, solicitaron Luciani y Mola y requirieron que “se proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes” de los condenados.
Los fiscales afirmaron que el “decomiso de la suma que estableció el tribunal no es una opción” sino “una obligación prevista en la sentencia firme, en nuestro derecho interno y en los tratados internacionales sobre la recuperación de los activos producto del delito, de los que la Argentina es parte”.
“Por eso -continuaron-, la negativa de quien ha sido la máxima responsable de la defraudación a devolver el dinero ilegítimamente apropiado, es una clara afrenta al tribunal y a la sociedad, que ha sido la víctima de este flagelo. Esta actitud reticente, sin duda, impide que la sociedad reciba al menos una parte de los bienes que se le arrebataron durante los doce años de corrupción sistemática“.
Luego añadieron: “En efecto, la ejecución del decomiso busca subsanar -en alguna medida- un daño que es incalculable, si se tiene en cuenta que ese dinero dilapidado pudo haberse utilizado para paliar situaciones en materia de seguridad vial, salud, infraestructura, educación, trabajo, vivienda, jubilaciones, etc. Por eso, el monto que fijó el tribunal es mínimo, en comparación con el daño real e inmenso que se le produjo a la sociedad. Así y todo, Fernández se niega a devolver lo desapoderado“.
Según plantearon los encargados de la acusación durante el juicio que culminó con las condenas dictadas en noviembre de 2022, luego ratificadas en Casación y Corte Suprema, su pretensión como representantes del Ministerio Público Fiscal es “recuperar el dinero que la corrupción sistemática desvío, para que esos bienes tengan un fin de utilidad social”.
“Los actos de gran corrupción que se verificaron en ese juicio, lejos de bregar por el bien común, han tenido consecuencias patrimoniales directas y tangibles que afectan aún hoy el funcionamiento de la actividad administrativa, la credibilidad de los sistemas democráticos y la legitimidad del sistema político”, señalaron en uno de los párrafos.
A su vez, describieron: “Al pagar sus impuestos, la sociedad invierte dinero para que la actividad administrativa sea transparente, íntegra y de calidad, y para que mejore sus condiciones de vida. Todo lo contrario de lo que quedó en evidencia en este juicio: las personas condenadas desviaron y dilapidaron recursos millonarios de todos los argentinos para beneficiarse a sí mismas o a sus amigos/socios”.
Y, bajo esos parámetros, precisaron: “En definitiva, la naturaleza de la colosal defraudación que hemos comprobado obliga a la Justicia a recuperar los bienes desapoderados para se destinen a instituciones de bien público. Esto busca, por un lado, compensar e intentar reparar el desequilibrio ocasionado por la comisión de los delitos; por el otro, beneficiar a la ciudadanía, que vio cómo se atentó contra la democracia y los derechos humanos. Un estado que logra el decomiso de los bienes ilícitos demuestra compromiso con la justicia y refuerza la confianza ciudadana en las instituciones”.
Decomiso astronómico
La sentencia ordenó el decomiso de los efectos del delito, que al momento de la sentencia ascendían a $ 84.835.227.378, cifra que fue actualizada a $ 684.990.350.139. Los defensores de Kirchner cuestionaron la metodología para arribar a ese monto.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, en tanto, resolvió el jueves de la semana pasada rechazar las nulidades presentadas por la defensa de Fernández de Kirchner y, al mismo tiempo, conceder el recurso de casación contra el fallo que actualizó el monto a devolver en concepto de reparación al Estado.
