La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente en el proceso que inició el gobierno de Córdoba contra el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir de la restricción para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y así poder pagar su deuda en dólares.
En una resolución publicada ayer, la Corte le dijo al gobierno de Juan Schiaretti que la causa, iniciada en el Tribunal Federal N°2 de esta provincia a comienzos de junio, debe seguir tramitándose en el lugar de origen; es decir, a manos del juez Alejandro Sánchez Freytes, de la Justicia Federal de Córdoba.
“Que el hecho de que la Provincia de Córdoba haya promovido la acción ante la Justicia Federal, debe ser considerado como una clara renuncia a la prerrogativa que le confiere el art. 117 de la Constitución Nacional, y una prórroga a favor de la justicia referida”, afirmó la Corte.
El art. 117 de la Constitución establece que el Máximo Tribunal ejercerá su jurisdicción en todos los asuntos “en los que alguna provincia fuera parte” .
De esta manera, la causa volverá a Sánchez Freytes, quien en una primera se había declarado incompetente (reconocía la competencia originaria de la Corte Suprema) y le había remitido las actuaciones digitales al Máximo Tribunal para que resolviera sobre la constitucionalidad de la medida tomada por el Banco Central.
En ese momento, sin perjuicio de la remisión a la Corte y ante la urgencia de la situación, el juez cordobés había dispuesto la suspensión cautelar de la resolución del BCRA que le impedía a Córdoba recurrir al MULC para comprar dólares.
Eso sucedió el 6 de junio pasado. Tres días después, el gobierno de Schiaretti pudo comprar las divisas que necesitaba en el MULC y así, el 10 de junio pasado pudo pagar deuda por 143 millones de dólares.
Cómo sigue
Con la causa nuevamente en su poder, Sánchez Freytes enfrentará dos escenarios: podría dictar una sentencia del caso, o resolver si vuelve a otorgar nuevas suspensiones cautelares (si se repite el pedido de Schiaretti) contra la resolución del Central ante los próximos vencimientos que tiene la Provincia.
Nota: Córdoba tiene un nuevo vencimiento el próximo 27 de julio, y luego dos, el 27 de octubre y 10 de diciembre. En conjunto, ascienden a 140 millones de dólares (más intereses).
Una vez que el juez dicte sentencia, la misma podría ser apelada por las partes ante la Cámara Federal y luego de cumplir con la totalidad del proceso la disputa entre Córdoba y el BCRA allí sí podría llegar nuevamente a la Corte Suprema.
La historia
La disputa había comenzado cuando el BCRA emitió una comunicación oficial - la A 7782- que impedía a las provincias el acceso al MULC para adquirir las divisas necesarias para cancelar su deuda en dólares en tiempo y forma.
En su resolución, el BCRA había dictaminado que las provincias deben presentarle una propuesta que estipulara “una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años”.
Ante esta situación, la Provincia presentó el amparo fundado en el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986 al considerar que la comunicación del Central iba en contra de las garantías constitucionales de la Provincia de Córdoba y sus habitantes y concordantes de la Constitución Nacional.
Justificó la necesidad de frenar la medida con el amparo (al considerar materialmente imposible suspenderla en sede administrativa) ante aquel inminente vencimiento de deuda externa de junio por 143 millones de dólares.
En su presentación, la Provincia había afirmado que la aplicación de la restricción implicaba, “lisa y llanamente, causar la cesación de pagos con sus acreedores del exterior y la pérdida de su crédito público, afectando, consecuentemente, su autonomía constitucionalmente garantizada”.
Y además, Córdoba había aclarado que no pretendía que el BCRA le vendiera a la provincia las divisas necesarias para cancelar las obligaciones, sino que la habilite a ingresar al MULC para adquirirlas.
