El accidente vial que protagonizó el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, con un vehículo judicializado, repercutió este miércoles en la sesión ordinaria, aunque con un clima en el recinto más cauto que en asambleas anteriores.
El bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba llegó al recinto con un preacuerdo realizado con las bancadas de Juntos UCR, Juntos por el Cambio e Identidad Peronista para aprobar un proyecto de declaración, en el que se hizo saber el pesar por la docente fallecida en el accidente y el deseo de una pronta mejoría de las dos adolescentes que viajaban con la mujer, junto con un pedido de actuación por parte de la Justicia en el marco de la independencia de los poderes.
Este proyecto fue mencionado en el recinto sólo con su número por el vicegobernador Manuel Calvo, quien presidió la sesión, en el marco de un extenso listado de otras propuestas de declaración.
Tal como en anteriores asambleas legislativas, estos proyectos no entran en debate, sino que son enumerados, aunque hubo legisladores que introdujeron el accidente de González en otro tramo de la sesión.
Cuando se abrió paso al tratamiento del proyecto de liberación del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes efectúen la normalización de tenencia de moneda extranjera o nacional –que fue aprobado por mayoría-, hubo legisladoras que pidieron explicaciones sobre lo sucedido en el accidente y el uso de los autos judicializados.
“No nos sorprende esto en esta Legislatura, como que no nos sorprenden algunos privilegios en esta Legislatura… Ojalá que una vez por todas se les acaben los privilegios a los mismos de siempre, pero estamos seguro que eso no sucederá cuando acá tenemos gente sentada en las bancas que no sólo sostiene los privilegios a los empresarios sino que sostiene los privilegios para beneficio propio”, dijo Noelia Agüero, de Izquierda Socialista – FIT Unidad.
“Se alternan esta Legislatura entre ser una escribanía de lujo, una agencia de beneficios para los empresarios y ahora funciona como una concesionaria de autos de alta gama, esto es cualquier cosa menos una Legislatura al servicio de las necesidades sociales”, sumó Luciana Echevarría, de MST – Nueva Izquierda.
Ambas legisladoras coincidieron en un mismo proyecto para pedir una comisión especial que investigue lo sucedido en el accidente y así como la renuncia de González, además de elevar otra declaración en pesar por la mujer fallecida.
También Cecilia Irazuzta, de Coalición Cívica ARI, hizo una dura mención: “Hoy esta Legislatura mira para otro lado de los hechos que grita la ciudadanía de traslasierras y de Córdoba. Esta Legislatura es cómplice de privilegios como los que están ocurriendo”.
El resto de los legisladores presentes no hizo mención al tema en el recinto, aunque entre las mismas bancadas hubo momentos de tensión y de mucho diálogo. En el bloque de Hacemos por Córdoba hubo quienes se preguntaron si el accidente que protagonizó González sería el fin de su carrera política, mientras que otros se cuestionaron el porqué del uso de los autos judicializados.
Esto generó cruces incluso entre los mismos radicales, algunos que pretendían que el proyecto de declaración mencionara a González y que fuera más firme en el pedido de investigación.
Aunque más allá de estas charlas informales que se dieron en voz baja en el recinto, buena parte de los legisladores coincidió que el momento de tensión mayor había sucedido más temprano, cuando se reunieron a puerta cerrada en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Fue en ese marco que parlamentarios explicaron por qué tienen autos asignados para su uso por la Justicia -tal fue el caso de Orlando Arduh y Darío Capitani-y otros que cuestionaron a Calvo y al presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, sobre los criterios por los que se recibían los vehículos y cómo asignaban.
Sobre esto, fue Fortuna quien expresó tras esta reunión que se trataba de un uso autorizado por ley y llevado adelante por la Justicia.
“Quien tiene la competencia es el Tribunal Superior de Justicia y, a través de una solicitud de la presidencia provisoria, para después tener en guarda estos vehículos en función de las solicitudes hechas por algunos legisladores. Él (por González) tiene una responsabilidad institucional y será para sus funciones. Cada legislador tiene la responsabilidad de mantenerlo en guarda y puede explicar las razones”, afirmó Fortuna.
