“Les garantizamos que los salarios ganen por algunos cuerpos la carrera contra la inflación. Es lo que desearía cualquier gremio privado”, argumentan, por un lado, los funcionarios del gobernador Juan Schiaretti.
“El mecanismo de cláusula gatillo por inflación es bueno, pero insuficiente. Que expliquen (los funcionarios) cómo hacemos para que una asamblea apruebe un acuerdo en el que el piso salarial es mucho menor a la Canasta Básica de Alimentos”, replican, por el otro, referentes de los gremios estatales más grandes, como el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de Provincia de Córdoba (UEPC).
Entre ambas posturas parece haber un océano. Aunque, desmenuzando la propuesta que hizo la Provincia y lo que reclaman los estatales, la distancia se reduce.
La negociación paritaria comenzó 11 días atrás, con posturas distantes. Los estatales pidieron que la categoría más baja de la Escalafón Provincial percibiera el valor de la Canasta Básica de Alimentos, que en Córdoba hoy se ubica en los 164 mil pesos.
Mientras, la Provincia ofreció inicialmente una cláusula gatillo para que los salarios se actualicen mensualmente de acuerdo a la inflación que mide la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba.
Si se tiene en cuenta que el piso salarial de los agentes públicos se ubica en poco más de 100 mil pesos, el pedido de los gremios significaría un aumento de más del 50% para todas las categorías.
Pero, para no achatar la pirámide de los estatales, si se aumenta la categoría más baja, el mismo porcentaje se debe trasladar de manera automática al resto del Escalafón Provincial.
El pedido fue calificado de “exagerado” e “imposible de pagar” por los negociadores oficiales, que son la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, y el secretario General de la Gobernación, Julio Comello. A esa mesa se suma el ministro de Educación, Walter Grahovac, cuando se discute con el gremio docente.
Recaudación
“La recaudación viene para abajo, y la inflación hacia arriba. Estamos en una estanflación. Les ofrecemos lo que podemos pagar. El gobernador nunca cambió esa postura”, repiten los funcionarios schiarettistas.
“La plata está, pero el gobernador no la quiere destinar a pagar salarios dignos a los empleados públicos”, responden, a coro, los estatales.
Con el correr de las reuniones “oficiales” (también hay charlas informales) las partes se fueron acercando, aunque están lejos de un acuerdo. Tan lejos que hoy hubo paro de los docentes y el viernes pasado, movilización del SEP.
Los gremios insisten con subir el piso salarial, ya sin exigir los 164 mil pesos para los que menos ganan. Mientras que los funcionarios repiten que garantizan que los sueldos estatales no perderán la carrera contra la inflación... “y algo más”.
¿Qué sería “algo más”? Ambas parte son herméticas pero, según distintas fuentes, la Provincia estaría dispuesta a dar un 15% de aumento para febrero y marzo, y desde abril aplicar la cláusula gatillo con aumentos regidos por la inflación.
Por lo pronto, la inflación de febrero y marzo podría ubicarse en alrededor del 10% para ambos meses. Si esto es así, con el aumento del 15% que ofrecería la Provincia, los sueldos públicos le ganarían a la inflación por cinco puntos, antes de comenzar a aplicarse la cláusula gatillo que garantizaría igualar los incrementos salariales con la suba de precios.
Esta propuesta le cierra a algunos de los gremios, pero es resistida por el SEP y la UEPC. El argumento es que si no hay un aumento “importante” en el piso salarial, la oferta no será aprobada por las asambleas de ambos sindicatos, que contienen a más del 80% de los agentes públicos.
En el caso de los docentes, la diferencia es menor. Con el aporte del Incentivo Docente que paga el Gobierno nacional, el salario de un docente cordobés (con 22 horas semanales) tiene un piso de 120 mil pesos, de los cuales 12 mil provienen de la Nación.
El SEP tiene a la mayoría de sus afiliados en las categorías más bajas. Este gremio es el que más insiste en subir el piso salarial. Aunque sea en tramos, en varios meses.
Las internas alteran la discusión entre las partes
En negociación paritaria anual de 2023, la última de la gestión del gobernador Schiaretti, se mezclan diferencias políticas e internas en los propios gremios.
El año pasado terminó la discusión con un fuerte malestar de José Pihen, líder del SEP, con el Gobierno. Se trata del experimentado legislador oficialista que siempre tuvo un estrecho diálogo con el Centro Cívico.
Luego de cerrar la paritaria de 2022 con un incremento global de alrededor del 105% para los agentes públicos, el Gobierno provincial debió desactivar el conflicto en el sector de la Salud, que durante dos meses prácticamente paralizó la atención en los hospitales públicos.
Finalmente, la Provincia negoció con los gremios autoconvocados (no reconocidos oficialmente) aumentos que fueron entre el 40% y 55% superior a lo que había acordado con el SEP, el sindicato que discute paritaria y que debería representa al sector de la Salud.
Esta situación dejó mal parado a Pihen ante sus afiliados. De allí, que las dos consignas de la movilización del SEP del viernes pasado, fueron: “Si hay plata para unos, que haya para todos” y “salario inicial, igual a la canasta básica”.
Para cubrirse de las críticas de Pihen, en el Gobierno dicen que el SEP perdió en los hechos la representación de los trabajadores de los hospitales públicos. Además, también apuntan a una cuestión interna ya que en abril próximo, el gremio tendrá renovación de autoridades.
Pihen, que no puede ir por su reelección porque se jubiló, impulsa a su actual adjunto, Sergio Castro, para su sucesión. En el Centro Cívico, funcionarios schiarettistas con perfil más político que los negociadores paritarios consideran que la internas de los gremios se cuela en la discusión.
Pero no solo en el SEP. En el gremio docente también tendrá renovación de autoridades en agosto próximo. A diferencia del SEP, en la UEPC, la oposición tiene más fuerza, sobre todo, en la Capital. El titular del gremio docente Juan Monserrat puede ir por su reelección, pero las versiones indican que el dirigente no estaría dispuesto a seguir.
