El juez Sebastián Casanello, por pedido del fiscal Franco Picardi, pidió la detención del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, junto con otras cinco personas, y llamó a indagatoria a 15 exfuncionarios y empresarios a raíz del escándalo por las presuntas coimas.
Spagnuolo, quien dejó su cargo tras el escándalo público, deberá presentarse en Comodoro Py el próximo 19 de noviembre a las 13:00 horas.
Según publica Infobae, entre los pedidos de detención figura el de Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia.
El fiscal Franco Picardi solicitó las indagatorias tras detectar un “esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas” dentro de la Andis, lo que configura una defraudación al erario nacional.
La investigación se circunscribe a las maniobras desplegadas entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
Según fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal detectó una “organización delictiva” caracterizada por el direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo, sobreprecios y el pago de sobornos a funcionarios públicos.
Esta maniobra defraudatoria impactó directamente en el sector poblacional más vulnerable: los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y carecen de otra cobertura de salud.
El mecanismo de la defraudación
El fiscal determinó que el esquema se basó en la “manipulación del mecanismo de compulsa de precios” utilizando el sistema informático SIIPFIS como una herramienta de “aparente transparencia”.
El primer estadio consistió en restringir artificialmente la competencia, conformando un circuito de proveedores predeterminados.
Entre las empresas señaladas se encuentran las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A., y Floresta S.A.. Una vez consolidado el control, las empresas procedieron a “incrementar sostenidamente los precios”.
Los números reflejan la concentración de los beneficios: las empresas Génesis S.A. y Profarma S.A. se repartieron el 93,11% de los más de $30.337 millones que se adjudicaron en licitaciones reducidas entre julio de 2024 y agosto de 2025.
El fiscal concluyó que esta estructura organizada, con reparto de funciones, no fue un hecho aislado, sino el resultado de un acuerdo de voluntades destinado a manipular el sistema de contrataciones y distribuir ganancias de manera preacordada.
El escándalo que dio inicio a la causa se originó en conversaciones donde Spagnuolo mencionaba supuestos sobornos que habían subido “del 5% al 8%”.
