El escándalo cripto es el golpe más duro que recibió la gestión del presidente Javier Milei. El jueves pasado, los libertarios jugaron fuerte para voltear la comisión investigadora que el radicalismo impulsó en el Senado. Esta iniciativa recibió el rechazo de los tres senadores por Córdoba, que no suele coincidir en sus posturas: Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero (PRO) y la peronista Alejandra Vigo.
El revuelo que generó la iniciativa solicitada por el senador radical fueguino Pablo Blanco impulsó a que desde la Casa Rosada se iniciara un operativo para voltear la comisión investigadora, que los 34 senadores kirchneristas apoyaron con fuerza.
Se necesitaban los dos tercios (48 votos) para crear la comisión. La votación final fue infartante para los libertarios: 47 votos a favor. Sólo faltó uno para crear la comisión.
Hubo votos sorprendentes, como los seis senadores radicales que cambiaron su postura y votaron en contra, entre ellos, el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, que había firmado el dictamen.
A algunos les llamó la atención de voto en contra de Alejandra Vigo. Aunque la esposa del gobernador Juan Schiaretti dio indicios concretos de su postura, el sábado 15 de febrero, cuando estalló el escándalo de la criptomoneda $Libra que involucra al presidente Milei.
“No es un asunto que deba resolverse en el ámbito político, sino en los tribunales, dado que -según la información- fueron perjudicadas miles de personas. Corresponde que la Justicia investigue si el hecho que involucra al Presidente constituye un delito penal. LA JUSTICIA DEBE ACTUAR DE INMEDIATO”, escribió Vigo en sus redes sociales, dejando claro que no estaba de acuerdo en debatir el tema en el Congreso.
Esta postura original de Vigo fue el argumento de dos fuentes del Centro Cívico consultadas por La Voz, sobre si hubo una negociación del Gobierno nacional con el gobernador Martín Llaryora.
“El jueves, el gobernador estaba en Dubai, saliendo para Córdoba. No creo que haya habido una negociación. Pero, además, Alejandra (Vigo) fue muy clara desde el principio: debe actuar la Justicia y no la política. No vamos a darles argumentos al kirchnerismo”, argumentó un ministro llaryorista.
Las versiones que surgieron en la Casa Rosada fue que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a su segundo, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y hasta el ministro de Economía, Luis Caputo, hablaron con gobernadores para impedir la creación de la comisión investigadora en el Senado.
Llaryorista niegan negociación
Con los únicos ministros que el gobernador Llaryora tiene algún diálogo, son precisamente, Francos y Luis Caputo. Pero, en el Centro Cívico niegan una negociación, amparándose en aquel tuit inicial de Vigo.
Por su parte, la postura de Juez y la dirigente del PRO Carmen Álvarez Rivero era cantada. Luego de tres días de silencio, Juez salió a respaldar al Presidente en los medios nacionales. “Milei es extremadamente decente”, dijo, casi una frase de esas que se suelen estampar en las remeras.
En tanto, Álvarez Rivero es una dirigente del PRO que fue muy cercana a Mauricio Macri, pero que ahora está alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su rechazo a la comisión, tampoco sorprendió.
El argumento de Juez, en línea generales, coincidió con el de Vigo: detrás de esta iniciativa estaba el kirchnerismo.
“Esta comisión no buscaba investigar un carajo. Lo único que quiere el kirchnerismo es voltear al Presidente, y se agazapó detrás de esta iniciativa de un sector del radicalismo, que nadie sabe qué busca”, manifestó Juez, en su raid mediático en Capital Federal, luego del silencio inicial.
Una comisión investigadora es incómoda para cualquier oficialismo, porque genera mucho ruido político, aunque no puede aplicar sanciones. La instancia más grave que puede pedir la comisión es el juicio político, en este caso a Milei, un escenario poco probable en este momento.
La última comisión investigadora que funcionó en el Congreso fue por el hundimiento del submarino ARA San Juan. En ese caso fue integrada por senadores y diputados.
Nunca se llegó a una conclusión, pero desde lo político, fue una piedra en el zapato en los últimos dos años de la gestión de Mauricio Macri. Varios de sus funcionarios tuvieron que ir a declarar al Congreso, entre ellos, el ministro de Defensa, el cordobés Oscar Aguad.
