–¿Dónde vive usted?
–Acá, en el kilómetro 815.
–¿Y en qué casa vive?
–...
–Porque yo también vivo en esa parte de la ruta, de toda la vida, y a usted nunca lo vi.
La escena ocurrió en San Jerónimo, un pequeño poblado cordobés del departamento Pocho, a 145 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en la elección para gobernador realizada el mes pasado.
Una de las fiscales de mesa estaba sorprendida: ya iban tres personas que llegaban y votaban, dando como domicilio el mismo lugar donde ella vivía, pese a que era evidente que jamás habían sido del lugar.
Ese pueblo serrano, extendido unos breves kilómetros a los lados de la ruta provincial 28, tiene tan pocos habitantes que se conocen todos.
En esa misma elección, la situación se repitió varias veces, con gente desconocida que llegó y votó. Los domicilios aparecían en el padrón con referencias vagas, como ocurre en muchas zonas rurales: “kilómetro 814”, “camino vecinal sin número” o, directamente, el registro indicaba “sin domicilio”.
La gravedad de esta situación se profundizó porque precisamente el departamento Pocho fue el centro de una disputa que terminó con un candidato a legislador imputado y detenido, y con su rival por el cargo ganando la elección por solamente un voto.
Y ese solo voto fue tan importante que acabó siendo decisivo para que el gobernador electo Juan Schiaretti obtenga la banca que le aseguró cuórum propio en la Legislatura de la provincia de Córdoba.
Santiagueños
Esa polémica elección en San Jerónimo terminó con nueve votos recurridos, que fueron emitidos por personas que no viven en el pueblo cordobés.
En realidad, los votos irregulares identificados fueron 36, pero según explicó la presidente de mesa a este diario, Norma Rearte, sólo cuestionaron nueve votos para no retrasar tanto la votación.
En un padrón que no llega a los 200 electores, esos 36 que votaron pese a no ser del pueblo terminaron siendo fundamentales para el resultado de elección. Y esa elección, como se dijo, acabó siendo fundamental para el control de la Legislatura provincial durante los próximos cuatro años.
Según diversos vecinos de San Jerónimo consultados por este diario, el padrón real debería rondar apenas las 100 personas. Pero tiene unas 190.
Mabel Altamirano, que fue fiscal de Juntos por Córdoba, dijo que además de las 36 personas que votaron sin ser del pueblo, detectaron un total de 96 que no tendrían relación con el lugar. Hicieron los cambios de domicilio, figuran en el padrón, pero en varios casos ni siquiera viven en la provincia de Córdoba.
Altamirano contó que el día de la votación, además del falso domicilio de los votantes, notó la tonada norteña de varios de ellos. “Luego, charlando, resultó que algunos eran santiagueños y tucumanos, que viven en sus provincias, pero habían venido solamente para votar. Imagínese –dijo Altamirano– hacer un viaje de 700 u 800 kilómetros para venir a poner un voto en un pueblo que no conocen. No es algo casual”.
El cuestionado jefe comunal de San Jerónimo, Darío Liggieri, quien va a presentarse en las elecciones de este año para tratar de obtener su tercer mandato consecutivo, está en pareja con una joven santiagueña, Noelia Santillán, con quien vive en el edificio de la comuna, tal como informó este diario.
Los familiares santiagueños de Santillán figuran en el padrón, pese a que no habitan en el pueblo.
Liggieri admitió que los padrones del departamento son caóticos. Contó que hasta él fue víctima de esa situación. “Una vez aparecí en el padrón de Villa de Pocho”, una localidad ubicada a unos 50 kilómetros. “Pasa que mucha gente se hace los nuevos DNI en Salsacate y los pone con domicilio en San Jerónimo, pero son de otros lugares de la zona”.
El jefe comunal, que lleva más de una década construyendo un extraño hotel de siete plantas pegado al río Chávez, que atraviesa el poblado, también contó que “unas ocho o 10 personas que figuran en el padrón” fueron en realidad trabajadores que participaron en la construcción del establecimiento. “Les gustó el pueblo, algunos compraron terrenos, y fijaron domicilio”. Aunque ninguno de ellos siga residiendo.
Además de las mudanzas de domicilio interesadas, de familiares y obreros golondrina, se suma otro factor explicativo de los padrones engordados: la plata de la coparticipación.
Liggieri lo explicó sin vueltas a este diario: "Cuando me eligieron jefe comunal por primera vez y comencé a ir a Córdoba a solicitar dinero para obras, en el padrón de San Jerónimo me aparecían solamente 70 habitantes. Entonces en esos casos se hace un truco para aumentar la población. Si no tenés un mínimo de 200 habitantes, no accedés, por ejemplo, a los planes de kits de viviendas".
El candidato de Juntos por Córdoba (alianza UCR, PRO y Frente Cívico), Raúl Recalde, terminó detenido cuando, en el día del conteo en Tribunales, la Justicia electoral dio por válidos los nueve votos impugnados que le quitaron la banca en la Legislatura por sólo un voto.
“Me nublé, agarré dos votos y salí corriendo, porque era una clara injusticia que se cometía. La banca la gané yo, y voy a seguir peleando”, dice Recalde.
Alberto Bustos Senesi, exlegislador radical por Pocho, recuerda numerosas irregularidades electorales ocurridas en ese departamento.
“Hemos tenido muchas situaciones. En Chancaní, en una elección, llegaron a aparecer varios muertos como si hubieran votado. Otra vez, un representante del justicialismo, que terminó procesado por la Justicia federal, puso 198 personas de la ciudad de Córdoba en el padrón de Salsacate, para dar vuelta la elección. En otra ocasión, el fiscal general de otro partido hizo votar a todos sus fiscales en una sola mesa de un pueblo, y esa elección terminó anulada y hubo que hacer una complementaria”, indicó.
El relato de irregularidades y fraudes de Bustos Senesi continúa. “Otra vez tuvimos que tener una urna ‘presa’ en un calabozo de Salsacate, porque se había impugnado toda una mesa y, aún así, con anuencia de un comisario, la abrieron y cambiaron los votos. Los padrones ficticios son solamente una de las irregularidades electorales que seguimos viendo”.
Sin domicilio electoral
El relator de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, José Pérez Corti, explicó que el problema que sigue permitiendo estos fraudes es que Argentina tiene un régimen electoral que no incluye el concepto de domicilio electoral, como sí existe, por ejemplo, en México.
“La legislación electoral –señaló– no define lo que es un domicilio electoral, sólo habla de los inscriptos en el padrón. Se rige por criterios del Código Civil y Comercial, habla de domicilio con un sentido privatista, en el que cada persona tiene la potestad de fijarlo donde quiera y cambiarlo las veces que considere necesario”.
Los cambios masivos de domicilio para torcer el resultado de una elección no sólo ocurren en el departamento Pocho. También suceden, por ejemplo, en el departamento Minas: este diario encontró una situación similar en Estancia La Guadalupe, con votantes de otros lugares que fueron llevados en colectivo para votar. También este año hubo acusaciones similares en localidades de Punilla.
Este método que estafa la voluntad de los habitantes de estas pequeñas localidades se ve facilitado por dos elementos. Uno es la escasa población: todo el departamento Minas tiene menos habitantes que un barrio populoso de la capital provincial: 5.380, según el censo de 2010.
El segundo elemento es la notoria ausencia del Estado provincial. Estas irregularidades electorales son apenas el botón de muestra de lo complicado que es vivir en pueblos gobernados por políticos que actúan como capataces, seguros de que nadie los molestará ni intervendrá. Lugares donde los jefes comunales se van de vacaciones y cierran con llave la comuna, o rematan tierras que no les pertenecen, o amenazan con armas de fuego a los que no se doblegan a su voluntad. Los padrones engordados son sólo un capítulo más de esa historia.
