En general, los países de América latina mantienen una política orientada al control estricto de armas, donde la tenencia es posible pero fuertemente regulada, mientras que la portación está protegida y sólo puede realizarse con licencia y justificación, y en ocasiones muy restringidas.
Argentina y Ecuador son dos de los casos más recientes con tendencias de flexibilización.
En Ecuador, un decreto de abril de 2023 amplió la tenencia y la portación para defensa personal civil, aunque se excluyen armas artesanales. Se permite la portación a guardias privados y a civiles en algunos casos.
La licencia incluye registro cada cinco años, certificados policiales, factura, y un impuesto específico.
¿Cómo es la situación en otros países?
En Brasil, la edad mínima para tener un arma es 25 años (siete más que en Argentina), hay un registro obligatorio, se requieren certificados de aptitud y salud mental. Hay un máximo de dos armas por ciudadano. La portación está prohibida, salvo para quienes tienen permisos especiales, como policías o jueces.
En 2019, el entonces presidente Jair Bolsonaro relajó las condiciones, pero luego el gobierno de Lula Da Silva reestructuró el control y exige justificación especial para portar armas.
Algo similar ocurre en México, en donde se permite la tenencia en el hogar con una licencia especial, pero llevarla fuera del domicilio es ilegal, salvo en muy pocos casos, en los que se concede una autorización especial.
En Colombia, los mayores de 18 años pueden poseer armas pequeñas, con licencia. La portación está prohibida en zonas urbanas, salvo casos excepcionales.
Uruguay permite tener armas a los 18, previa habilitación con certificados físico-psíquicos, idoneidad, ingresos y antecedentes.
Paraguay aumentó las restricciones: la ley 7.411 (de diciembre de 2024) regula tenencia y portación, con control de origen de fondos, trazabilidad balística, y requisitos médicos y judiciales.
Bolivia permite tener armas con licencia renovable cada tres años (defensa, deporte, caza, colección), con antecedentes, capacitación y justificación (si se necesitan para riesgo excepcional por motivos de defensa). La portación no es un derecho; se autoriza sólo excepcionalmente.
En Chile el sistema es similar, pero son muy pocas las licencias entregadas para portación.
En Venezuela están prohibidas tanto la venta como la portación de armas.
Menos homicidios en países con más restricciones
Existen casos emblemáticos, como el de Estados Unidos, con normas muy laxas y permisivas en relación con la tenencia y la portación de armas.
Comprarse un revólver en ese país puede ser tan simple como adquirir un celular.
La gran pregunta es si existe una relación entre esa flexibilidad –que pone armas a disposición de casi cualquier persona– y la violencia armada.
No hay una respuesta sencilla ni uniforme, ya que depende de muchos otros factores.
No existen investigaciones concluyentes, pero sí se pueden observar tendencias: países como EE.UU. suelen tener tasas más altas de homicidios con armas de fuego, comparados con países desarrollados con leyes más estrictas, como Japón, Reino Unido o Australia.
En lugares donde se implementaron controles más severos, se observó una reducción en la tasa de muertes por armas de fuego.
El caso de Australia, tras la masacre de Port Arthur en 1996, es uno de los ejemplos más citados. Luego de que el joven Martin Bryant, de 28 años, abrió fuego indiscriminadamente contra turistas y empleados (asesinó a 35 personas), el país endureció al máximo sus leyes y realizó un programa de recompra de armas.
Entonces, homicidios y suicidios con armas disminuyeron significativamente.
Algunos estudios muestran que permitir la portación oculta no reduce los delitos violentos y, en ciertos contextos, puede incluso aumentarlos. Otros estudios, financiados por grupos proarmas, afirman que la portación legal disuade a los criminales.
Un ejemplo: en EE.UU. hay –según Small Arms Survey– casi 120 armas cada 100 personas, mientras que en Canadá son 35 cada 100. En el primer país, hay cuatro homicidios con armas cada 100 mil habitantes, mientras que en Canadá son 0,5, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En Japón o en Australia, donde las leyes de tenencia y portación son muy estrictas y restrictivas, los homicidios con armas son de 0,02 y 0,2 cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Es cierto que influyen otros factores en esta realidad, como los niveles de control y regulación, la cultura de uso de armas, los contextos sociales y económicos, y el grado de cumplimiento ciudadano de las normas.
También existe un gran subregistro, ya que en todos los países hay muchas armas que no están regularizadas.
